ALMERÍA HOY / 08·11·2024
El teniente de alcalde Álvaro Ramos (expulsado de IU) y el secretario municipal, serán juzgados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera, por un delito de revelación de secretos por funcionario público y por prevaricación administrativa tras la difusión de datos personales de los concejales del PSOE en la web del Ayuntamiento así como a través de las redes sociales.
Tres años de inhabilitación para cargo y empleo público, así como el pago de una multa de 18 meses a razón de 15 euros diarios, es lo que ha solicitado la Fiscalía para ambos acusados. Los perjudicados, como acusación particular, han reclamado la condena máxima que contempla el ordenamiento penal, lo que conlleva penas de hasta cuatro años de cárcel. El juez, igualmente, ha impuesto una fianza de 10.000 euros y ha remitido el caso al Juzgado de lo Penal de Almería.
El alcalde de Garrucha, Pedro Zamora (PP) ya había sido exonerado por el juez, al no ver su participación en los hechos ni apreciar la inexistencia de indicios suficientes que pudieran llevar a determinar que fuera él quien ordenara la publicación de los datos.
El Ministerio Público considera que el concejal habría incurrido en un delito de revelación de secretos cometido por autoridad o funcionario público por el que también acusa al entonces secretario del Ayuntamiento, quien era el encargado de la web municipal a la que se subieron los datos inicialmente.
Tres años de inhabilitación para cargo y empleo público, así como el pago de una multa de 18 meses a razón de 15 euros diarios, es lo que ha solicitado la Fiscalía para ambos acusados. Los perjudicados, como acusación particular, han reclamado la condena máxima que contempla el ordenamiento penal, lo que conlleva penas de hasta cuatro años de cárcel. El juez, igualmente, ha impuesto una fianza de 10.000 euros y ha remitido el caso al Juzgado de lo Penal de Almería.
El alcalde de Garrucha, Pedro Zamora (PP) ya había sido exonerado por el juez, al no ver su participación en los hechos ni apreciar la inexistencia de indicios suficientes que pudieran llevar a determinar que fuera él quien ordenara la publicación de los datos.
El Ministerio Público considera que el concejal habría incurrido en un delito de revelación de secretos cometido por autoridad o funcionario público por el que también acusa al entonces secretario del Ayuntamiento, quien era el encargado de la web municipal a la que se subieron los datos inicialmente.
