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JOSÉ Mª MARTÍNEZ DE HARO
LA PERCEPCIÓN DE muchos españoles después de estas imágenes y de esta tragedia es que el Estado ha fracasado y que el Estado de la Autonomías se muestra efectivo en situaciones de normalidad, festejos, inauguraciones, reparto de dineros públicos, dotación de ciertos servicios, folclore y tradiciones. pero en situaciones de excepción, la confusión y las dudas entre unas y otras competencias pueden desembocar en caos y el caos conduce inevitablemente al desastre. Algo así ha ocurrido en la Comunidad de Valencia. Las imágenes del presidente del Gobierno durante la visita oficial a la región devastada es la respuesta violenta y rechazable a esta situación insostenible. Insultos, golpes al vehículo oficial, incluso un palo que volaba hacia la comitiva, es la representación de un sonoro fracaso del Estado de las Autonomías y del Gobierno de España. Hay rabia e impotencia porque han fallado todos los organismos públicos implicados en la gestión: la AEMET y sus previsiones, la Confederación Hidrográfica, el Gobierno autonómico, la delegada del Gobierno en Valencia y, singularmente, el Gobierno de España que acapara todos los recursos del Estado.
Mencionar la ineptitud y perverso oportunismo político de quienes han faltado a sus responsabilidades y deberes para con estos españoles atrapados en el barro, la desesperación y la impotencia: el presidente del Gobierno y los tres ministros de Interior, Defensa y Medio Ambiente. Y aturdido e inoperante, el presidente de la Generalitat. Sobre la perversión de la política cabe resaltar que dos días después de la hecatombe, en un escenario de guerra, muerte y destrucción, Pedro Sánchez declaró, sin mover un músculo, que “si querían ayuda, que la pidieran”. Esta frase le perseguirá de por vida y aun después. Ha quedado claro que en aquellas horas cruciales no asumió su responsabilidad y no cumplió con su deber de socorro y aportar de inmediato y sin titubeos todos los medios y recursos del Estado, todos. También eludió decretar el Estado de Emergencia Nacional para no asumir posibles responsabilidades políticas o penales, pretendiendo trasladar a la Comunidad de Valencia lo que corresponde al Gobierno como representación del Estado. Ante la confusión que tratan de extender sobre este asunto crucial desviando responsabilidades, habrá que volver a leer la Constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional al respecto, de su lectura se deriva la inexcusable e intransferible responsabilidad del Estado, es decir, del Gobierno. Vayamos a la Ley. Para una exacta información citar la primera Ley de Protección Civil de 21 de enero de 1985, que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, quien determinó el 19 de julio de 1990 que “la competencia estatal sobre protección civil queda inscrita en la competencia del Estado sobre seguridad pública”, y añade que “esta competencia estatal es concurrente con todas las que puedan haber asumido las Comunidades Autónomas”. Y declaró que “la competencia estatal es superior a todas las competencias autonómicas cuando se trata de emergencias extraordinarias y excepcionales por sus posibles consecuencias y que por ello requieran una extraordinaria movilización de recursos y servicios” (literal). No puede quedar más claro, esta sentencia sitúa la obligación del Gobierno de haber actuado de inmediato ante la DANA que arrasó 69 pueblos y unas 56.000 hectáreas de la Comunidad de Valencia. Por si quedaran dudas, ante una aclaración a la Generalitat de Cataluña añade el Tribunal Constitucional: “la competencia en materia de protección civil corresponde al Estado cuando este en juego el interés nacional y corresponde al Estado la coordinación de medios a emplear por todas las administraciones”. No puede quedar duda sobre la responsabilidad directa del Gobierno de España, según la Ley, además de las que correspondan al Gobierno de la Generalitat de manera subordinada.
Y ahora cabe preguntar, ¿quién dispone de medios materiales y humanos y de recursos para esta situación de emergencia? El Gobierno de España, el ministerio de Defensa, como mando supremo de las Fuerzas Armadas, y el ministerio del Interior como jerarquía superior de la Guardia Civil y Policía Nacional. Por esta relación de leyes y competencias queda claro que los responsables directos de no haber enviado los recursos necesarios, medios materiales y humanos han sido Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande Marlasca, y de la gestión de las inundaciones la ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera, y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Esto augura que algunas de las víctimas pudieran presentar las correspondientes querellas criminales contra todos y cada uno de ellos por no haber cumplido con sus obligaciones inexcusables, como el deber de socorro y no haber enviado ayuda y auxilio suficiente a los damnificados.
Días más tarde, tras haber huido escondido entre sus escoltas de aquel escenario de horror en Paiporta increpado e insultado por los vecinos, Sánchez usa la misma estrategia que en la pandemia del coronavirus y ahora trata de esconderse entre los uniformados buscando una coartada o excusa a lo inexcusable. Balbuceante y pálido el ministro Marlasca -que al día siguiente de la devastación rechazó la ayuda de 200 bomberos ofrecidos por el Gobierno de Francia-, atrapado por los medios informativos negó este hecho relevante, pero quedó otra vez en ridículo por las declaraciones oficiales del ministro de Exteriores de Francia, Jean Noel-Barrot, y también el ministro de Interior Bruno Retailleau. Insegura y borreguil, la ministra de Defensa, Margarita Robles, impávida siempre ante semejante drama humano, declaró que “enviaría otros 500 efectivos más”, y añadió que “el Ejército no estaba para esos cometidos que corresponden a la Administración”, como si ella no fuera parte relevante de esa Administración. Y la titular de Medio Ambiente, Teresa Ribera, desparecida en esta crisis. De ella dependen las confederaciones hidrográficas (la de Valencia no realizó en tiempo suficiente las obligadas alertas a la Generalitat). Ante esta tragedia humana se pudieron activar todos los resortes y enviar todos los efectivos y equipos del Ejército español, Policía Nacional y Guardia Civil, y no se hizo. ¿Acaso Valencia, Albacete, Málaga o Cádiz no son España? Desde el primer minuto se pudo observar, por las imágenes de las TVs, que el Gobierno autonómico, además de incompetente, estaba desbordado, no disponía ni de recursos ni de categoría política ni de reflejos. En esta tragedia se ha podido comprobar un Estado debilitado e inoperante y una administración pública gigantesca e ineficiente.
Quedan asi señalados en las crónicas de esta catástrofe todos los responsables de decretar el estado de Emergencia Nacional y disponer todos los medios para el socorro inmediato, y no lo hicieron por repugnantes cálculos políticos, cuyas consecuencias han sido estas jornadas de horror y sensación de total abandono a las víctimas -seis días en el momento de escribir esto-. Esta sensación ha desatado una comprensible furia en afectados que de manera torticera han sido señalados como “comandos organizados” de la extrema derecha, cuando se han identificado por la Guardia Civil como vecinos del Paiporta y pueblos limítrofes, que estaban en labores de limpieza armados con la “peligrosidad” de palos de escobas. Trascribo el mensaje en las redes sociales de un conocido actor de ideología extrema izquierda, Willy Toledo: “Si un presidente del Gobierno de España no puede enviar militares porque no se lo pide un presidente autonómico, hay que eliminar las Autonomías hoy mismo. Y si ha podido enviarlos y no lo ha hecho, tiene que ir a la cárcel. No hay otra opción”.
El sentir general es que la Justicia debe investigar todas las responsabilidades y aplicar el peso de la Ley con las correspondientes condenas. Por ahora se anuncian varias querellas criminales contra Pedro Sánchez y algunos ministros, y también contra el presidente valenciano. Me dice un amigo que reside allí: “Esta devastación con 219 víctimas mortales y 89 desaparecidos, y 56.000 hectáreas y 48.700 empresas arrasadas, con daños valorados en 31.400 millones de euros, no puede quedar impune. Los fallecidos, sus familiares, sus vecinos y los españoles en general reclaman responsabilidades en esta tragedia histórica”.
Mencionar la ineptitud y perverso oportunismo político de quienes han faltado a sus responsabilidades y deberes para con estos españoles atrapados en el barro, la desesperación y la impotencia: el presidente del Gobierno y los tres ministros de Interior, Defensa y Medio Ambiente. Y aturdido e inoperante, el presidente de la Generalitat. Sobre la perversión de la política cabe resaltar que dos días después de la hecatombe, en un escenario de guerra, muerte y destrucción, Pedro Sánchez declaró, sin mover un músculo, que “si querían ayuda, que la pidieran”. Esta frase le perseguirá de por vida y aun después. Ha quedado claro que en aquellas horas cruciales no asumió su responsabilidad y no cumplió con su deber de socorro y aportar de inmediato y sin titubeos todos los medios y recursos del Estado, todos. También eludió decretar el Estado de Emergencia Nacional para no asumir posibles responsabilidades políticas o penales, pretendiendo trasladar a la Comunidad de Valencia lo que corresponde al Gobierno como representación del Estado. Ante la confusión que tratan de extender sobre este asunto crucial desviando responsabilidades, habrá que volver a leer la Constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional al respecto, de su lectura se deriva la inexcusable e intransferible responsabilidad del Estado, es decir, del Gobierno. Vayamos a la Ley. Para una exacta información citar la primera Ley de Protección Civil de 21 de enero de 1985, que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, quien determinó el 19 de julio de 1990 que “la competencia estatal sobre protección civil queda inscrita en la competencia del Estado sobre seguridad pública”, y añade que “esta competencia estatal es concurrente con todas las que puedan haber asumido las Comunidades Autónomas”. Y declaró que “la competencia estatal es superior a todas las competencias autonómicas cuando se trata de emergencias extraordinarias y excepcionales por sus posibles consecuencias y que por ello requieran una extraordinaria movilización de recursos y servicios” (literal). No puede quedar más claro, esta sentencia sitúa la obligación del Gobierno de haber actuado de inmediato ante la DANA que arrasó 69 pueblos y unas 56.000 hectáreas de la Comunidad de Valencia. Por si quedaran dudas, ante una aclaración a la Generalitat de Cataluña añade el Tribunal Constitucional: “la competencia en materia de protección civil corresponde al Estado cuando este en juego el interés nacional y corresponde al Estado la coordinación de medios a emplear por todas las administraciones”. No puede quedar duda sobre la responsabilidad directa del Gobierno de España, según la Ley, además de las que correspondan al Gobierno de la Generalitat de manera subordinada.
Y ahora cabe preguntar, ¿quién dispone de medios materiales y humanos y de recursos para esta situación de emergencia? El Gobierno de España, el ministerio de Defensa, como mando supremo de las Fuerzas Armadas, y el ministerio del Interior como jerarquía superior de la Guardia Civil y Policía Nacional. Por esta relación de leyes y competencias queda claro que los responsables directos de no haber enviado los recursos necesarios, medios materiales y humanos han sido Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande Marlasca, y de la gestión de las inundaciones la ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera, y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Esto augura que algunas de las víctimas pudieran presentar las correspondientes querellas criminales contra todos y cada uno de ellos por no haber cumplido con sus obligaciones inexcusables, como el deber de socorro y no haber enviado ayuda y auxilio suficiente a los damnificados.
Días más tarde, tras haber huido escondido entre sus escoltas de aquel escenario de horror en Paiporta increpado e insultado por los vecinos, Sánchez usa la misma estrategia que en la pandemia del coronavirus y ahora trata de esconderse entre los uniformados buscando una coartada o excusa a lo inexcusable. Balbuceante y pálido el ministro Marlasca -que al día siguiente de la devastación rechazó la ayuda de 200 bomberos ofrecidos por el Gobierno de Francia-, atrapado por los medios informativos negó este hecho relevante, pero quedó otra vez en ridículo por las declaraciones oficiales del ministro de Exteriores de Francia, Jean Noel-Barrot, y también el ministro de Interior Bruno Retailleau. Insegura y borreguil, la ministra de Defensa, Margarita Robles, impávida siempre ante semejante drama humano, declaró que “enviaría otros 500 efectivos más”, y añadió que “el Ejército no estaba para esos cometidos que corresponden a la Administración”, como si ella no fuera parte relevante de esa Administración. Y la titular de Medio Ambiente, Teresa Ribera, desparecida en esta crisis. De ella dependen las confederaciones hidrográficas (la de Valencia no realizó en tiempo suficiente las obligadas alertas a la Generalitat). Ante esta tragedia humana se pudieron activar todos los resortes y enviar todos los efectivos y equipos del Ejército español, Policía Nacional y Guardia Civil, y no se hizo. ¿Acaso Valencia, Albacete, Málaga o Cádiz no son España? Desde el primer minuto se pudo observar, por las imágenes de las TVs, que el Gobierno autonómico, además de incompetente, estaba desbordado, no disponía ni de recursos ni de categoría política ni de reflejos. En esta tragedia se ha podido comprobar un Estado debilitado e inoperante y una administración pública gigantesca e ineficiente.
Quedan asi señalados en las crónicas de esta catástrofe todos los responsables de decretar el estado de Emergencia Nacional y disponer todos los medios para el socorro inmediato, y no lo hicieron por repugnantes cálculos políticos, cuyas consecuencias han sido estas jornadas de horror y sensación de total abandono a las víctimas -seis días en el momento de escribir esto-. Esta sensación ha desatado una comprensible furia en afectados que de manera torticera han sido señalados como “comandos organizados” de la extrema derecha, cuando se han identificado por la Guardia Civil como vecinos del Paiporta y pueblos limítrofes, que estaban en labores de limpieza armados con la “peligrosidad” de palos de escobas. Trascribo el mensaje en las redes sociales de un conocido actor de ideología extrema izquierda, Willy Toledo: “Si un presidente del Gobierno de España no puede enviar militares porque no se lo pide un presidente autonómico, hay que eliminar las Autonomías hoy mismo. Y si ha podido enviarlos y no lo ha hecho, tiene que ir a la cárcel. No hay otra opción”.
El sentir general es que la Justicia debe investigar todas las responsabilidades y aplicar el peso de la Ley con las correspondientes condenas. Por ahora se anuncian varias querellas criminales contra Pedro Sánchez y algunos ministros, y también contra el presidente valenciano. Me dice un amigo que reside allí: “Esta devastación con 219 víctimas mortales y 89 desaparecidos, y 56.000 hectáreas y 48.700 empresas arrasadas, con daños valorados en 31.400 millones de euros, no puede quedar impune. Los fallecidos, sus familiares, sus vecinos y los españoles en general reclaman responsabilidades en esta tragedia histórica”.
