Diputación y Mª del Mar Ayala, presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería, han firmado un convenio para asistir de manera altruista a almerienses sin recursos
ALMERÍA HOY / 22·09·2024
- ¿En qué consiste el convenio que han firmado con Diputación?
- En prestar servicios a personas sin recursos residentes en municipios con menos de 20.000 habitantes. Lo hacemos en colaboración con los 13 centros territoriales de Servicios Sociales que Diputación tiene en la provincia, que derivan a los beneficiarios a los graduados sociales más próximos.
- ¿Cuántos colegiados participan en este proyecto?
- Alrededor de 50. Todos los de la provincia salvo los de municipios con más de 20.000 habitantes, que cuentan con competencia sobre servicios sociales.
- ¿Cuáles son los servicios que prestan?
- Ayudamos a conseguir prestaciones sociales y asistenciales, tramitamos jubilaciones, pensiones no contributivas y, últimamente, el Ingreso Mínimo Vital.
- ¿Y los más demandados?
- Sobre todo el Ingreso Mínimo Vital. Después, las consultas sobre pensiones, derechos sociales y posibles ayudas a personas que quedan en paro con más de 60 años y no encuentran trabajo.
- ¿Son muchas las personas que requieren su ayuda?
- El año pasado atendimos a 570 familias.
- ¿También atienden a inmigrantes?
- Sí, pero, en relación al número de españoles, son muy pocos los extranjeros que requieren nuestros servicios.
- ¿Para obtener ayudas? - No hemos tenido hasta ahora ninguna petición de inmigrantes en ese sentido. Las consultas más frecuentes que nos hacen los extranjeros tienen que ver con asuntos laborales, como la legalidad de un despido. También solicitan nuestra mediación para que les den de alta algunos empresarios que los emplean sin contrato.
- ¿Cuándo comenzaron a colaborar con Diputación para prestar estos servicios de manera altruista?
- Hace cuatro años. Desde entonces, el número de beneficiarios ha ido creciendo paulatinamente. El convenio cubre una necesidad importante. Queremos paliar el alejamiento de las administraciones con respecto a los ciudadanos. Tanto la central como la regional están distanciándose paulatinamente de las personas. Cambiaron la forma de relacionarse con ellas durante la pandemia, fomentando la tramitación virtual hasta el punto de que, en algunos casos, es la única manera de acceder a determinados servicios administrativos. Han levantado un muro infranqueable para muchos ciudadanos, incapaces de conseguir una cita y, mucho menos, realizar un trámite. Por desgracia, ni la Junta ni el Estado tienen propósito de enmienda.
- En prestar servicios a personas sin recursos residentes en municipios con menos de 20.000 habitantes. Lo hacemos en colaboración con los 13 centros territoriales de Servicios Sociales que Diputación tiene en la provincia, que derivan a los beneficiarios a los graduados sociales más próximos.
- ¿Cuántos colegiados participan en este proyecto?
- Alrededor de 50. Todos los de la provincia salvo los de municipios con más de 20.000 habitantes, que cuentan con competencia sobre servicios sociales.
- ¿Cuáles son los servicios que prestan?
- Ayudamos a conseguir prestaciones sociales y asistenciales, tramitamos jubilaciones, pensiones no contributivas y, últimamente, el Ingreso Mínimo Vital.
- ¿Y los más demandados?
- Sobre todo el Ingreso Mínimo Vital. Después, las consultas sobre pensiones, derechos sociales y posibles ayudas a personas que quedan en paro con más de 60 años y no encuentran trabajo.
- ¿Son muchas las personas que requieren su ayuda?
- El año pasado atendimos a 570 familias.
- ¿También atienden a inmigrantes?
- Sí, pero, en relación al número de españoles, son muy pocos los extranjeros que requieren nuestros servicios.
- ¿Para obtener ayudas? - No hemos tenido hasta ahora ninguna petición de inmigrantes en ese sentido. Las consultas más frecuentes que nos hacen los extranjeros tienen que ver con asuntos laborales, como la legalidad de un despido. También solicitan nuestra mediación para que les den de alta algunos empresarios que los emplean sin contrato.
- ¿Cuándo comenzaron a colaborar con Diputación para prestar estos servicios de manera altruista?
- Hace cuatro años. Desde entonces, el número de beneficiarios ha ido creciendo paulatinamente. El convenio cubre una necesidad importante. Queremos paliar el alejamiento de las administraciones con respecto a los ciudadanos. Tanto la central como la regional están distanciándose paulatinamente de las personas. Cambiaron la forma de relacionarse con ellas durante la pandemia, fomentando la tramitación virtual hasta el punto de que, en algunos casos, es la única manera de acceder a determinados servicios administrativos. Han levantado un muro infranqueable para muchos ciudadanos, incapaces de conseguir una cita y, mucho menos, realizar un trámite. Por desgracia, ni la Junta ni el Estado tienen propósito de enmienda.
