 |
| .. |
JOSÉ Mª MARTÍNEZ DE HARO
VOLVAMOS A LA cuestión fundamental y la pretendida causa del retiro espiritual del presidente del Gobierno y de su exaltada Epístola Moral. Preguntas concernientes: ¿ha cometido doña Begoña algún delito tipificado en las leyes vigentes? ¿Puede doña Begoña confirmar o negar que sea su firma la que aparece en las cartas publicadas por varios medios de información? ¿Ha conculcado doña Begoña algún principio ético en relación a su trabajo y el reparto de dinero público? ¿Se parece doña Begoña a la mujer del César? Se trata sólo de esto y nada más que esto y es obligación del presidente del Gobierno, también como cónyuge dolido, esclarecer públicamente un asunto de sumo interés para el conjunto de los españoles sujetos de derecho a la información veraz y también por cuanto todos son contribuyentes de ese dinero público distribuido bajo la sombra de la sospecha. A estas alturas hay dos querellas presentadas en sendas instancias judiciales que sostienen algún tipo de acciones contra doña Begoña. No es momento de supercherías ni sentidas exclamaciones de dolor, sencillamente es el momento de las pruebas.
A estas elementales preguntas sólo se ha respondido con un clamoroso silencio; silencio de doña Begoña, supuesta autora de las cartas y recomendaciones; silencio de su esposo, que además ejerce transitoriamente de presidente del Gobierno. Sorprende este doble silencio y sorprende más aún que la respuesta consista en lanzar de viva voz una campaña para la “regeneración de la democracia”; una burda patraña para la oposición, que afirma que en un estado democrático y de derecho no es de recibo este bochorno ni la situación creada a golpe de manipulación de los sentimientos de quienes por razones, sin explicar, se califican asimismo como “los buenos”. Las razones para esa bondad de los escasos partícipes en las concentraciones y manifestaciones -apenas 14.000- para aclamar al líder son un misterio que la ciencia no puede explicar. Tal vez hubiera que señalar en las virtudes de la bondad a los ahora socios de Pedro Sánchez y dirigentes de Bildu, señalados muchos de ellos por la justicia como terroristas con delitos de sangre; los golpistas irredentos de Cataluña condenados por los tribunales por varios delitos; a la extrema izquierda estalinista que celebra en sus actos públicos y en sus camisetas a un genocida responsable de veinticinco millones de muerte en aquel paraíso que fue la URSS, y también colmados de bondad las tribus populistas y comunistas que se relamen al olor del ajuste de cuentas con la historia y con aquellos que ellos califican como “los malos”. Todos altaneros observando desde lo alto del muro, junto a Pedro Sánchez, cómo se desmorona la democracia y el Estado de Derecho.
Son muchas las voces que reclaman explicaciones sobre este asunto al presidente del Gobierno, pero habrá que insistir en algunos detalles notables: la similitud de esta campaña de agitación y propaganda con otras similares. Cuando la Fiscalía de Argentina acusó en repetidas ocasiones al matrimonio Kirchner, entonces presidente y vicepresidenta de Argentina, como autores del saqueo de los fondos públicos, se defendieron recurriendo a las mismas campañas que ahora utiliza el presidente del gobierno de España: la adhesión inquebrantable y los sentimientos. El final de este relato fue demoledor para Cristina Kirchner, condenada por corrupción a seis años de cárcel e inhabilitada para cargo público. No es buen ejemplo para gobernantes de países democráticos crear un “cerco de fuego”, inflamar los ánimos de sus adeptos y soliviantar una nación que debe vivir en paz. Tampoco resulta ejemplar señalar a jueces y medios de comunicación como “artífices” de una maniobra desestabilizadora contra el Gobierno de Sánchez. Menos aún que miembros del Gobierno insulten y señalen, con nombres y apellidos, a varios periodistas que ejercen su labor de control al Gobierno: entre otros a Bieito Rubido, director del diario digital El Debate. Tal es el escándalo que la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias ha hecho público su apoyo a éste y otros periodistas españoles señalados por el Gobierno. Todos estos excesos alertan que la cuestión de fondo se está saliendo de las vías de convivencia pacífica y democrática para adentrarse en las formas propias de países autocráticos.
Siempre es aconsejable huir de las teorías de la conspiración y analizar con rigor y serenidad el fondo del asunto. Así lo ha podido entender el juez de instrucción nº 41 de Madrid, única instancia capacitada para conocer la verdad cuando ha considerado indicios suficientes para abrir diligencias previas y poder investigar este asunto, respetando la presunción de inocencia de la querellada. Posteriormente otra ONG ha presentado nueva querella ahora ampliada con otros documentos supuestamente incriminatorios contra doña Begoña. Habremos todos de confiar en la Justicia, y el matrimonio Sánchez también, tal como ocurriría con cualquier otro ciudadano en un procedimiento judicial.
La degeneración de la democracia es una evidencia que comienza con la corrupción en los años de Felipe González y ha continuado, con el PSOE en cabeza de lista hasta Koldo, pasando por Chaves y Griñán. Suma y sigue. Y se ha reforzado con otro proceso degenerativo que afecta a las instituciones y organismos del Estado desde el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha apretado el acelerador de este proceso colonizando con personas afectas todos los resortes de la Alta Administración del Estado, instituciones y organismos públicos ajenos a la utilidad pública y el desprestigio de títeres a sueldo, tal que Félix Tezanos y decenas de vasallos/as genuflexos al poder. La degeneración consiste en esta invasión de los contrapoderes que establece la Constitución y ponerlos al servicio de los intereses del Gobierno.
Nadie discute el derecho del presidente para actuar con energía frente a los bulos y difamaciones, para ello habría de demostrarse que esos bulos y difamaciones son falsos, pero esto no puede acreditarlo el ciudadano Sánchez, porque esa potestad la reserva la Constitución española a los jueces. En España tenemos un Código Penal muy preciso y los ciudadanos tienen la posibilidad de defenderse, mediante una querella, de difamaciones, y exigir responsabilidades. Sánchez no lo hizo, se retiró cinco días a un descanso espiritual por el amor a su esposa, sin que a esta fecha hayan presentado ni él ni doña Begoña sendas querellas criminales contra los medios que han publicado informaciones sobre las actividades de ella. Tal vez algún día sean desvelados estos misterios, por ahora sólo se escucha el ruido y la furia, los golpes en el pecho y las mandíbulas rugientes que aumentan la tensión social y disparan los rumores, cuando sólo se trata de conocer la verdad Esta es la única cuestión que habrían de reclamar los ciudadanos en cualquier democracia europea, y para ello resulta ineludible respetar la separación de Poderes, la independencia y profesionalidad de jueces y la libertad de expresión e información; únicos valladares frente a la autocracia. Winston Churchill dijo a Franklin D. Roosevelt: “Querido amigo, la ingenuidad no es el mejor aliado de la democracia”. Ignoro cuantos españoles creyeron en las intenciones que Sánchez expresó con su carta. Ahora ya se conocen sus verdaderos objetivos: no sólo no acude a la Justicia, sino que se posiciona frente a la Justicia bajo el lema de una urgente “regeneración democrática”.
A estas elementales preguntas sólo se ha respondido con un clamoroso silencio; silencio de doña Begoña, supuesta autora de las cartas y recomendaciones; silencio de su esposo, que además ejerce transitoriamente de presidente del Gobierno. Sorprende este doble silencio y sorprende más aún que la respuesta consista en lanzar de viva voz una campaña para la “regeneración de la democracia”; una burda patraña para la oposición, que afirma que en un estado democrático y de derecho no es de recibo este bochorno ni la situación creada a golpe de manipulación de los sentimientos de quienes por razones, sin explicar, se califican asimismo como “los buenos”. Las razones para esa bondad de los escasos partícipes en las concentraciones y manifestaciones -apenas 14.000- para aclamar al líder son un misterio que la ciencia no puede explicar. Tal vez hubiera que señalar en las virtudes de la bondad a los ahora socios de Pedro Sánchez y dirigentes de Bildu, señalados muchos de ellos por la justicia como terroristas con delitos de sangre; los golpistas irredentos de Cataluña condenados por los tribunales por varios delitos; a la extrema izquierda estalinista que celebra en sus actos públicos y en sus camisetas a un genocida responsable de veinticinco millones de muerte en aquel paraíso que fue la URSS, y también colmados de bondad las tribus populistas y comunistas que se relamen al olor del ajuste de cuentas con la historia y con aquellos que ellos califican como “los malos”. Todos altaneros observando desde lo alto del muro, junto a Pedro Sánchez, cómo se desmorona la democracia y el Estado de Derecho.
Son muchas las voces que reclaman explicaciones sobre este asunto al presidente del Gobierno, pero habrá que insistir en algunos detalles notables: la similitud de esta campaña de agitación y propaganda con otras similares. Cuando la Fiscalía de Argentina acusó en repetidas ocasiones al matrimonio Kirchner, entonces presidente y vicepresidenta de Argentina, como autores del saqueo de los fondos públicos, se defendieron recurriendo a las mismas campañas que ahora utiliza el presidente del gobierno de España: la adhesión inquebrantable y los sentimientos. El final de este relato fue demoledor para Cristina Kirchner, condenada por corrupción a seis años de cárcel e inhabilitada para cargo público. No es buen ejemplo para gobernantes de países democráticos crear un “cerco de fuego”, inflamar los ánimos de sus adeptos y soliviantar una nación que debe vivir en paz. Tampoco resulta ejemplar señalar a jueces y medios de comunicación como “artífices” de una maniobra desestabilizadora contra el Gobierno de Sánchez. Menos aún que miembros del Gobierno insulten y señalen, con nombres y apellidos, a varios periodistas que ejercen su labor de control al Gobierno: entre otros a Bieito Rubido, director del diario digital El Debate. Tal es el escándalo que la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias ha hecho público su apoyo a éste y otros periodistas españoles señalados por el Gobierno. Todos estos excesos alertan que la cuestión de fondo se está saliendo de las vías de convivencia pacífica y democrática para adentrarse en las formas propias de países autocráticos.
Siempre es aconsejable huir de las teorías de la conspiración y analizar con rigor y serenidad el fondo del asunto. Así lo ha podido entender el juez de instrucción nº 41 de Madrid, única instancia capacitada para conocer la verdad cuando ha considerado indicios suficientes para abrir diligencias previas y poder investigar este asunto, respetando la presunción de inocencia de la querellada. Posteriormente otra ONG ha presentado nueva querella ahora ampliada con otros documentos supuestamente incriminatorios contra doña Begoña. Habremos todos de confiar en la Justicia, y el matrimonio Sánchez también, tal como ocurriría con cualquier otro ciudadano en un procedimiento judicial.
La degeneración de la democracia es una evidencia que comienza con la corrupción en los años de Felipe González y ha continuado, con el PSOE en cabeza de lista hasta Koldo, pasando por Chaves y Griñán. Suma y sigue. Y se ha reforzado con otro proceso degenerativo que afecta a las instituciones y organismos del Estado desde el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha apretado el acelerador de este proceso colonizando con personas afectas todos los resortes de la Alta Administración del Estado, instituciones y organismos públicos ajenos a la utilidad pública y el desprestigio de títeres a sueldo, tal que Félix Tezanos y decenas de vasallos/as genuflexos al poder. La degeneración consiste en esta invasión de los contrapoderes que establece la Constitución y ponerlos al servicio de los intereses del Gobierno.
Nadie discute el derecho del presidente para actuar con energía frente a los bulos y difamaciones, para ello habría de demostrarse que esos bulos y difamaciones son falsos, pero esto no puede acreditarlo el ciudadano Sánchez, porque esa potestad la reserva la Constitución española a los jueces. En España tenemos un Código Penal muy preciso y los ciudadanos tienen la posibilidad de defenderse, mediante una querella, de difamaciones, y exigir responsabilidades. Sánchez no lo hizo, se retiró cinco días a un descanso espiritual por el amor a su esposa, sin que a esta fecha hayan presentado ni él ni doña Begoña sendas querellas criminales contra los medios que han publicado informaciones sobre las actividades de ella. Tal vez algún día sean desvelados estos misterios, por ahora sólo se escucha el ruido y la furia, los golpes en el pecho y las mandíbulas rugientes que aumentan la tensión social y disparan los rumores, cuando sólo se trata de conocer la verdad Esta es la única cuestión que habrían de reclamar los ciudadanos en cualquier democracia europea, y para ello resulta ineludible respetar la separación de Poderes, la independencia y profesionalidad de jueces y la libertad de expresión e información; únicos valladares frente a la autocracia. Winston Churchill dijo a Franklin D. Roosevelt: “Querido amigo, la ingenuidad no es el mejor aliado de la democracia”. Ignoro cuantos españoles creyeron en las intenciones que Sánchez expresó con su carta. Ahora ya se conocen sus verdaderos objetivos: no sólo no acude a la Justicia, sino que se posiciona frente a la Justicia bajo el lema de una urgente “regeneración democrática”.
