La noticia de que una multinacional promovía una explotación minera a cielo abierto puso de acuerdo a vecinos, Gobierno y oposición de Vera
ALMERÍA HOY / 19·04·2024
No suele abundar la unanimidad en un pueblo del modo que afloró hace casi un mes contra la apertura de una mina a cielo abierto en Vera, donde vecinos, asociaciones y todos los grupos políticos mostraron una rotunda oposición y la voluntad de luchar unidos contra la apertura de una mina en una guerra que ya no será preciso librar.
La causa de este inusual consenso era un proyecto promovido por la compañía francesa Saint Gobain Placo. La multinacional pretendía explotar un yacimiento de verita en 9,2 Hectáreas de los parajes Cañada Honda y Media Legua, a 50 metros de las viviendas más próximas, 200 de la futura estación del AVE y a menos de un kilómetro del colegio Valdeserra y la urbanización Lomas del Mar. También existen en las inmediaciones dos clubes hípicos, colmenas y tierras de cultivo.
Pero, aunque el expediente de la cantera comenzó a tramitarse el 29 de octubre de 2019, avanzó prácticamente sin resistencia hasta hace bien poco. Sólo el Grupo Ecologista Mediterráneo y una empresa con terrenos afectados, Veramatic, presentaron alegaciones a la Evaluación Ambiental expuesta inicialmente al público. La vecina más próxima al yacimiento, Cati Monzón, aducía que no llegó a enterarse porque fue publicada “en pleno confinamiento”.
El alcalde Alfonso García, entonces primer teniente, respaldaba las palabras de Monzón y reconocía que, aunque algunos trámites pasaron por la Junta de Gobierno –petición de certificación urbanística de los terrenos y de dotación de agua regenerada-, en aquellos momentos estaban “centrados en combatir el coronavirus” y no supieron “valorar debidamente el riesgo que la iniciativa empresarial comportaba para el futuro de Vera, fundado en el turismo”.
Pasaron los años y hasta que ALMERÍA HOY publicó la noticia el Domingo de Ramos, 24 de marzo, sólo unos pocos –los afectados y la cúpula municipal- tenían conocimiento del proyecto y de lo muy avanzado que estaba. Una semana después, los tres partidos de la oposición –UCIN, PSOE y VOX- solicitaron un Pleno Extraordinario para mostrar su disconformidad. La Sesión se celebró el día 5, aprobando por unanimidad dos mociones rechazando la explotación minera: una presentada por los convocantes y otra de la Alcaldía.
4.000 FIRMAS EN CONTRA
Mientras tanto, los vecinos iniciaron una campaña de recogida de firmas suscrita por más de 4.000 personas a través de la plataforma Change.org y recabadas en papel por la asociación Veraplayazul.
Paralelamente, el alcalde emprendió una ronda de contactos buscando apoyos en otras administraciones. Primero lo hizo en la Delegación Provincial de Medio Ambiente, y el 11 de abril pidió ayuda al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.
El mandatario andaluz le expresó su respaldo, tras lo cual solicitó a los consejeros de Industria y Medio Ambiente que pusieran a disposición del regidor “todos los medios”, si bien advirtiendo que la obligación de todo gobernante es “cumplir y hacer cumplir la ley sin lesionar los derechos de ningún ciudadano”. En otras palabras, si el proyecto de Saint Gobain se ajustaba a la normativa, las posibilidades de neutralizarlo serían escasas.
“EL FUTURO EN JUEGO”
Ahora bien, Alfonso García albergaba la esperanza de convencer al director general de la multinacional en España, Manuel Hurtado, de la “importancia para Vera de que la primera impresión que reciba el visitante cuando se baje del AVE no sea una mina a cielo abierto”. Porque entendía que, más allá de cuestiones legales, “nos jugamos el futuro de nuestra ciudad”. Sumaba a su voluntad el “consenso” social a favor de un desarrollo basado en el turismo, que “podría quedar seriamente dañado por una actividad industrial tan agresiva como la cantera de verita”.
El llamamiento de los afectados más próximos a favor de la unidad de acción fue recogida por las asociaciones de Comerciantes Vera Plaza, de Vecinos Veraplayazul, Salvemos el Salar de los Canos, de perjudicados por la Silicosis de Andalucía y Podemos Vera, que fundaron una plataforma para emprender acciones legales.
La primera consistía en un recurso de alzada contra la Evaluación Ambiental, es decir: buscar un error de forma en el expediente. El Ayuntamiento trabajaba para presentar su propio recurso. Tenían de plazo hasta el 21 de abril. De todos modos, quedaban más oportunidades. En Industria habían informado al alcalde que al expediente de la concesión aún le aguardaban “diez años de camino”.
Finalmente no hizo falta recurrir a los juzgados ni adoptar otras medidas. El director general de Saint Gobain-España comunicó al alcalde el 16 de abril que, tras más de 10 años dedicados a conseguir el permiso, no invertirían en Vera. Habían decidido abastecerse de un mineral similar a la verita en Turquía, país con “mayor competitividad” que el nuestro.
Cabe suponer que todos en Vera respiraron, al unísono, profundamente.
La causa de este inusual consenso era un proyecto promovido por la compañía francesa Saint Gobain Placo. La multinacional pretendía explotar un yacimiento de verita en 9,2 Hectáreas de los parajes Cañada Honda y Media Legua, a 50 metros de las viviendas más próximas, 200 de la futura estación del AVE y a menos de un kilómetro del colegio Valdeserra y la urbanización Lomas del Mar. También existen en las inmediaciones dos clubes hípicos, colmenas y tierras de cultivo.
Pero, aunque el expediente de la cantera comenzó a tramitarse el 29 de octubre de 2019, avanzó prácticamente sin resistencia hasta hace bien poco. Sólo el Grupo Ecologista Mediterráneo y una empresa con terrenos afectados, Veramatic, presentaron alegaciones a la Evaluación Ambiental expuesta inicialmente al público. La vecina más próxima al yacimiento, Cati Monzón, aducía que no llegó a enterarse porque fue publicada “en pleno confinamiento”.
El alcalde Alfonso García, entonces primer teniente, respaldaba las palabras de Monzón y reconocía que, aunque algunos trámites pasaron por la Junta de Gobierno –petición de certificación urbanística de los terrenos y de dotación de agua regenerada-, en aquellos momentos estaban “centrados en combatir el coronavirus” y no supieron “valorar debidamente el riesgo que la iniciativa empresarial comportaba para el futuro de Vera, fundado en el turismo”.
Pasaron los años y hasta que ALMERÍA HOY publicó la noticia el Domingo de Ramos, 24 de marzo, sólo unos pocos –los afectados y la cúpula municipal- tenían conocimiento del proyecto y de lo muy avanzado que estaba. Una semana después, los tres partidos de la oposición –UCIN, PSOE y VOX- solicitaron un Pleno Extraordinario para mostrar su disconformidad. La Sesión se celebró el día 5, aprobando por unanimidad dos mociones rechazando la explotación minera: una presentada por los convocantes y otra de la Alcaldía.
4.000 FIRMAS EN CONTRA
Mientras tanto, los vecinos iniciaron una campaña de recogida de firmas suscrita por más de 4.000 personas a través de la plataforma Change.org y recabadas en papel por la asociación Veraplayazul.
Paralelamente, el alcalde emprendió una ronda de contactos buscando apoyos en otras administraciones. Primero lo hizo en la Delegación Provincial de Medio Ambiente, y el 11 de abril pidió ayuda al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.
El mandatario andaluz le expresó su respaldo, tras lo cual solicitó a los consejeros de Industria y Medio Ambiente que pusieran a disposición del regidor “todos los medios”, si bien advirtiendo que la obligación de todo gobernante es “cumplir y hacer cumplir la ley sin lesionar los derechos de ningún ciudadano”. En otras palabras, si el proyecto de Saint Gobain se ajustaba a la normativa, las posibilidades de neutralizarlo serían escasas.
“EL FUTURO EN JUEGO”
Ahora bien, Alfonso García albergaba la esperanza de convencer al director general de la multinacional en España, Manuel Hurtado, de la “importancia para Vera de que la primera impresión que reciba el visitante cuando se baje del AVE no sea una mina a cielo abierto”. Porque entendía que, más allá de cuestiones legales, “nos jugamos el futuro de nuestra ciudad”. Sumaba a su voluntad el “consenso” social a favor de un desarrollo basado en el turismo, que “podría quedar seriamente dañado por una actividad industrial tan agresiva como la cantera de verita”.
El llamamiento de los afectados más próximos a favor de la unidad de acción fue recogida por las asociaciones de Comerciantes Vera Plaza, de Vecinos Veraplayazul, Salvemos el Salar de los Canos, de perjudicados por la Silicosis de Andalucía y Podemos Vera, que fundaron una plataforma para emprender acciones legales.
La primera consistía en un recurso de alzada contra la Evaluación Ambiental, es decir: buscar un error de forma en el expediente. El Ayuntamiento trabajaba para presentar su propio recurso. Tenían de plazo hasta el 21 de abril. De todos modos, quedaban más oportunidades. En Industria habían informado al alcalde que al expediente de la concesión aún le aguardaban “diez años de camino”.
Finalmente no hizo falta recurrir a los juzgados ni adoptar otras medidas. El director general de Saint Gobain-España comunicó al alcalde el 16 de abril que, tras más de 10 años dedicados a conseguir el permiso, no invertirían en Vera. Habían decidido abastecerse de un mineral similar a la verita en Turquía, país con “mayor competitividad” que el nuestro.
Cabe suponer que todos en Vera respiraron, al unísono, profundamente.
