Están acusados de emplear aguas de pozos "ilegales" y residuales "sin tratar adecuadamente". La vista se celebrará el 12 de febrero
ALMERÍA HOY / 29·01·2024
El inicio de la vista oral contra la cúpula de la Comunidad de Regantes 'Cuatro Vegas' de Almería, acusada del uso de aguas residuales para sus cultivos hortofrutícolas "sin tratar adecuadamente" durante tres lustros y de extraer "ilegalmente" de pozos del Medio y del Bajo Andarax, ha sido aplazada al 12 de febrero.
La renuncia reciente de dos de los letrados de la defensa y la ausencia de designación de nuevos abogados ha obligado a la suspensión del juicio, señalado en once sesiones que, según el calendario inicial ahora modificado, debían concluir a mediados de marzo.
Son once los acusados en total; el presidente de entidad, el vicepresidente y otros nueve integrantes o ya ex de su junta de gobierno. La Fiscalía les atribuye la presunta comisión de varios delitos medioambientales y un supuesto delito de desobediencia, y se enfrentan a penas de hasta nueve años y cinco meses de prisión.
Para la vista oral, previsto ante el tribunal de la Sección Tercera, está programada testifical de varios agentes de la Guardia Civil, así como las periciales de facultativos de la Unidad Técnica de la Fiscalía General del Estado, y del Instituto Nacional de Toxicología, con sede en Sevilla.
El Ministerio Público achaca al presidente de la entidad dos delitos contra el medio ambiente y uno más de desobediencia, mientras que para los otros nueve acusados, en función del momento en el que formaban parte de la directiva, también observa al menos un delito contra el medio ambiente, toda vez que reclama distintas multas y la inhabilitación temporal para pertenecer a órganos de gobierno de comunidades de regantes.
La Fiscalía sostiene que al menos durante un periodo de 15 años, entre 2001 y 2016, la Comunidad de Regantes Cuatro Vegas, a través de su presidente y diez de sus consejeros en diferentes periodos, habría incumplido "reiteradamente" su obligación de dar tratamiento terciario de filtración y desinfección al agua procedente de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Almería, "bien por no aplicar ninguno, bien por insuficiencia del aplicado", de modo que el agua que se distribuía para riego "incumplía" los parámetros de la normativa de uso de aguas residuales.
Mantiene, asimismo, que, a partir del año 2000, la comunidad de regantes decidió ampliar la superficie regable autorizada por la Confederación Hidrográfica del Sur, para lo que comenzó a suscribir convenios de concesiones de agua con propietarios de pozos de aguas subterráneas "sin autorización del organismo de la cuenca", según expone la Fiscalía, que señala que el agua de dichos pozos era considerada "mala" y además correspondía a acuíferos "sobreexplotados".
Habría extraído 4.243.770 metros cúbicos de agua de pozos que "carecen de título de aprovechamiento de agua" y, por tanto, no están autorizados para extraer agua subterránea.
Por ello, además de las penas privativas de libertad y las multas económicas interesa que los acusados y solidariamente la Comunidad de Regantes Cuatro Vegas realice las obras de restauración encaminadas a restablecer, en la medida de lo posible, el equilibrio ecológico en los términos que señale la Consejería de Medio Ambiente, de modo que, de no efectuarlas, indemnice a la Junta en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia correspondiente al coste de reposición medioambiental de los terrenos y acuíferos afectados.
La renuncia reciente de dos de los letrados de la defensa y la ausencia de designación de nuevos abogados ha obligado a la suspensión del juicio, señalado en once sesiones que, según el calendario inicial ahora modificado, debían concluir a mediados de marzo.
Son once los acusados en total; el presidente de entidad, el vicepresidente y otros nueve integrantes o ya ex de su junta de gobierno. La Fiscalía les atribuye la presunta comisión de varios delitos medioambientales y un supuesto delito de desobediencia, y se enfrentan a penas de hasta nueve años y cinco meses de prisión.
Para la vista oral, previsto ante el tribunal de la Sección Tercera, está programada testifical de varios agentes de la Guardia Civil, así como las periciales de facultativos de la Unidad Técnica de la Fiscalía General del Estado, y del Instituto Nacional de Toxicología, con sede en Sevilla.
El Ministerio Público achaca al presidente de la entidad dos delitos contra el medio ambiente y uno más de desobediencia, mientras que para los otros nueve acusados, en función del momento en el que formaban parte de la directiva, también observa al menos un delito contra el medio ambiente, toda vez que reclama distintas multas y la inhabilitación temporal para pertenecer a órganos de gobierno de comunidades de regantes.
La Fiscalía sostiene que al menos durante un periodo de 15 años, entre 2001 y 2016, la Comunidad de Regantes Cuatro Vegas, a través de su presidente y diez de sus consejeros en diferentes periodos, habría incumplido "reiteradamente" su obligación de dar tratamiento terciario de filtración y desinfección al agua procedente de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Almería, "bien por no aplicar ninguno, bien por insuficiencia del aplicado", de modo que el agua que se distribuía para riego "incumplía" los parámetros de la normativa de uso de aguas residuales.
Mantiene, asimismo, que, a partir del año 2000, la comunidad de regantes decidió ampliar la superficie regable autorizada por la Confederación Hidrográfica del Sur, para lo que comenzó a suscribir convenios de concesiones de agua con propietarios de pozos de aguas subterráneas "sin autorización del organismo de la cuenca", según expone la Fiscalía, que señala que el agua de dichos pozos era considerada "mala" y además correspondía a acuíferos "sobreexplotados".
Habría extraído 4.243.770 metros cúbicos de agua de pozos que "carecen de título de aprovechamiento de agua" y, por tanto, no están autorizados para extraer agua subterránea.
Por ello, además de las penas privativas de libertad y las multas económicas interesa que los acusados y solidariamente la Comunidad de Regantes Cuatro Vegas realice las obras de restauración encaminadas a restablecer, en la medida de lo posible, el equilibrio ecológico en los términos que señale la Consejería de Medio Ambiente, de modo que, de no efectuarlas, indemnice a la Junta en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia correspondiente al coste de reposición medioambiental de los terrenos y acuíferos afectados.
