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JOSÉ Mª MARTÍNEZ DE HARO
SOBRE LOS RESULTADOS electorales la respuesta más simplona la reincide en la
amarga victoria y la dulce derrota, creo sinceramente que resulta muy manida y no
responde a nada. Algunas conclusiones pueden señalar la deriva post electoral en este
verano de incertidumbres Por voluntad de siete millones de votantes España avanza
directamente hacia la ingobernabilidad, inestabilidad política e institucional. No es que
se haya inventado aquí el bipartidismo imperfecto, pero aquí se dan las circunstancias
de agravarlo a límites insospechados a causa de los extremismos que condicionan las
políticas de cualquiera de los dos partidos mayoritarios: PP y PSOE que pudieran
formar gobierno.
Entre las posibles respuestas de los votantes, creo que se ha dado la peor; la mayoría de los votos que agrupan los partidos de centro derecha y derecha, once millones no son suficientes para formar gobierno, ni lo podrían formar jamás a no ser que el principal partido, el PP, obtuviera una mayoría absoluta, circunstancia muy improbable para cualquiera. Sin embargo, el bloque constituido por las izquierdas podrían formar gobierno bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, y facilito la lista de partidos que conformarían una mayoría parlamentaria: PSOE, Sumar, Unidas Podemos, ERC, Bildu, JXCAT, PNV, Más Madrid, Compromís, Izquierda Unida, Chunta Aragonesista, Drago Canarias, Arames, Alizanza Verde, En Comú Podem, Izquierda Asturiana, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Movimiento por la Dignidad. Es decir, 21 partidos desde la izquierda supuestamente socialdemócrata hasta los marxismos estalinismos más irredentos y los separatistas catalanes y vacos junto a los proetarras.
Algunas cuestiones se presentan difíciles para un equilibrio mínimamente estable. La primera sería la negociación con Carles Puigdemont, que ahora se considera clave para la formación de gobierno. Las condiciones para el apoyo de los diputados de Junts son públicamente conocidas: la amnistía para los 42.000 condenados por los delitos relativos al procés, garantías que Puigdemont no será juzgado ni entrará en la cárcel y, la más importante, acuerdo con el PSOE de convocatoria de un referéndum de independencia de Cataluña con carácter vinculante. Por su parte, ERC exige a Sánchez que autorice la condonación de la deuda que tiene contraída Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica, de tal suerte que todos los españoles pagaríamos la fiesta de la independencia a los secesionistas golpistas. Este es el precio que Pedro Sánchez habría de aceptar y firmar previo a su posible investidura.
No hay dudas sobre la naturaleza de este chantaje ni su intención disgregadora de la realidad territorial del Estado español. Conoce Sánchez la ilegalidad de estas propuestas, la Constitución española no contempla la amnistía, menos aún que desde el propio Estado se abra una vía para separar una parte del territorio nacional. Asimismo conoce la “cara de privilegio” que otorgaría a Cataluña en detrimento de las demás autonomías.
Sobre este asunto se ha pronunciado Federico Trillo, quien además de Ministro de Defensa y Presidente del Congreso, ha sido letrado superior del Consejo de Estado. Afirma Trillo que si Sánchez aceptara las condiciones exigidas y pactara con los separatistas cometería un fraude de Ley a la Constitución. Además, si accediera a las condiciones exigidas y pactara con un prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, podría incurrir en responsabilidades penales. Es totalmente aberrante que el presente y futuro de España esté en manos de un fugado de la Justicia, de una condenada por corrupción, Laura Borrás, y por un condenado por prevaricación y malversación, Jordi Turull. La posible investidura de Sánchez depende directamente de ellos. Asimismo, figuras relevantes del socialismo, encabezadas por Felipe González, se han manifestado colectivamente contrarios a que el PSOE no pueda pactar con enemigos declarados de España, de su sistema político, de su Constitución y de su forma de Estado. Piden a Sánchez que vuelva a los principios y valores del socialismo de la transición y que proponga o acepte un acuerdo de gobierno con el principal partido de la oposición, el PP, para evitar las injerencias de partidos populistas, extremistas y separatistas, logrando así la estabilidad política de España tan necesitada en estas circunstancias de crisis internacional.
Habrá que decir que el sistema electoral español causa estupefacción en otros países democráticos de Europa. En otros países de la UE hay leyes electorales para evitar la fragmentación, la ingobernabilidad y la inestabilidad. En Alemania es muy habitual el acuerdo de gobierno entre los dos grandes partidos: la social democracia (sería el PSOE) y el partido democristiano (sería el PP) y entre ambos han logrado el mayor desarrollo, progreso y estabilidad que jamás conoció Alemania. En Grecia los partidos asumieron la imposibilidad de mantener una ley electoral que dificultaba la formación de gobierno de las mayorías y recientemente la cambiaron para impulsar la gobernabilidad, de tal modo que el partido mayoritario recibe automáticamente 50 diputados añadidos por ley para que pueda formar gobierno. En Francia se contempla una segunda vuelta electoral si no hay una mayoría suficiente en la primera, de tal suerte que los partidos con mayores posibilidades compiten para que los electores decidan finalmente sus preferencias.
Catedráticos de Derecho Constitucional, analistas y políticos de ambos partidos mayoritarios se pronuncian sobre la urgente necesidad de cambiar la ley electoral española para permitir con una primera o segunda vuelta que el partido más votado pueda gobernar. La Ley D´Ont fue un acuerdo entre Alfonso Guerra y Fernando Abril Martorell acordada en unas circunstancias singulares antes de las primeras elecciones democráticas. Se favorecía así la presencia en el Congreso y en el Senado de los partidos nacionalistas minoritarios en relación al censo nacional. La realidad nos muestra unos efectos nocivos para los ciudadanos españoles en general y para Nación que se manifiesta en la radicalización de partidos nacionalistas que pretenden la vía de la secesión atacando frontalmente al Estado, la Constitución y las leyes, creando una situación cada vez más candente.
Todas estas circunstancias se enmarcan en una crisis sin precedentes que amenaza la estabilidad de nuestro sistema político con la amenaza de fragmentación territorial del País Vasco y Cataluña como republicas independientes y de la forma de Estado amparada en la Constitución española. Desde mi experiencia personal creo que jamás se ha conocido una mayor incertidumbre política y peligros que se hacen evidentes por la extraña personalidad y perfil político de Pedro Sánchez .La mayor evidencia que muestran los resultados electorales es que la concordia y los pactos de Estado entre partidos de ideologías diversas que alumbraron la democracia se han sustituido por el frentismo irredento que protagoniza el PSOE, otra vez más, avanzando con el sanchismo hacia políticas rupturistas que comenzaron en la etapa funesta de Rodríguez Zapatero resucitando el “guerra civilismo” y creando un ambiente de crispación y odio que ha ido en aumento hasta conformar un frentismo tal que en 1936. En este ambiente de polarización, el 23 J será fecha recordada porque definitivamente acaba con lo que se conoce como transición política. No es cuestión de números, ni siquiera de posibles mayorías, una mentalidad disgregadora y revanchista empapa toda la izquierda española dispuesta a liquidar lo poco que queda de la reconciliación. Ha acabado la reforma, comienza la ruptura, todo lo demás será cuestión de azar.
Entre las posibles respuestas de los votantes, creo que se ha dado la peor; la mayoría de los votos que agrupan los partidos de centro derecha y derecha, once millones no son suficientes para formar gobierno, ni lo podrían formar jamás a no ser que el principal partido, el PP, obtuviera una mayoría absoluta, circunstancia muy improbable para cualquiera. Sin embargo, el bloque constituido por las izquierdas podrían formar gobierno bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, y facilito la lista de partidos que conformarían una mayoría parlamentaria: PSOE, Sumar, Unidas Podemos, ERC, Bildu, JXCAT, PNV, Más Madrid, Compromís, Izquierda Unida, Chunta Aragonesista, Drago Canarias, Arames, Alizanza Verde, En Comú Podem, Izquierda Asturiana, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Movimiento por la Dignidad. Es decir, 21 partidos desde la izquierda supuestamente socialdemócrata hasta los marxismos estalinismos más irredentos y los separatistas catalanes y vacos junto a los proetarras.
Algunas cuestiones se presentan difíciles para un equilibrio mínimamente estable. La primera sería la negociación con Carles Puigdemont, que ahora se considera clave para la formación de gobierno. Las condiciones para el apoyo de los diputados de Junts son públicamente conocidas: la amnistía para los 42.000 condenados por los delitos relativos al procés, garantías que Puigdemont no será juzgado ni entrará en la cárcel y, la más importante, acuerdo con el PSOE de convocatoria de un referéndum de independencia de Cataluña con carácter vinculante. Por su parte, ERC exige a Sánchez que autorice la condonación de la deuda que tiene contraída Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica, de tal suerte que todos los españoles pagaríamos la fiesta de la independencia a los secesionistas golpistas. Este es el precio que Pedro Sánchez habría de aceptar y firmar previo a su posible investidura.
No hay dudas sobre la naturaleza de este chantaje ni su intención disgregadora de la realidad territorial del Estado español. Conoce Sánchez la ilegalidad de estas propuestas, la Constitución española no contempla la amnistía, menos aún que desde el propio Estado se abra una vía para separar una parte del territorio nacional. Asimismo conoce la “cara de privilegio” que otorgaría a Cataluña en detrimento de las demás autonomías.
Sobre este asunto se ha pronunciado Federico Trillo, quien además de Ministro de Defensa y Presidente del Congreso, ha sido letrado superior del Consejo de Estado. Afirma Trillo que si Sánchez aceptara las condiciones exigidas y pactara con los separatistas cometería un fraude de Ley a la Constitución. Además, si accediera a las condiciones exigidas y pactara con un prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, podría incurrir en responsabilidades penales. Es totalmente aberrante que el presente y futuro de España esté en manos de un fugado de la Justicia, de una condenada por corrupción, Laura Borrás, y por un condenado por prevaricación y malversación, Jordi Turull. La posible investidura de Sánchez depende directamente de ellos. Asimismo, figuras relevantes del socialismo, encabezadas por Felipe González, se han manifestado colectivamente contrarios a que el PSOE no pueda pactar con enemigos declarados de España, de su sistema político, de su Constitución y de su forma de Estado. Piden a Sánchez que vuelva a los principios y valores del socialismo de la transición y que proponga o acepte un acuerdo de gobierno con el principal partido de la oposición, el PP, para evitar las injerencias de partidos populistas, extremistas y separatistas, logrando así la estabilidad política de España tan necesitada en estas circunstancias de crisis internacional.
Habrá que decir que el sistema electoral español causa estupefacción en otros países democráticos de Europa. En otros países de la UE hay leyes electorales para evitar la fragmentación, la ingobernabilidad y la inestabilidad. En Alemania es muy habitual el acuerdo de gobierno entre los dos grandes partidos: la social democracia (sería el PSOE) y el partido democristiano (sería el PP) y entre ambos han logrado el mayor desarrollo, progreso y estabilidad que jamás conoció Alemania. En Grecia los partidos asumieron la imposibilidad de mantener una ley electoral que dificultaba la formación de gobierno de las mayorías y recientemente la cambiaron para impulsar la gobernabilidad, de tal modo que el partido mayoritario recibe automáticamente 50 diputados añadidos por ley para que pueda formar gobierno. En Francia se contempla una segunda vuelta electoral si no hay una mayoría suficiente en la primera, de tal suerte que los partidos con mayores posibilidades compiten para que los electores decidan finalmente sus preferencias.
Catedráticos de Derecho Constitucional, analistas y políticos de ambos partidos mayoritarios se pronuncian sobre la urgente necesidad de cambiar la ley electoral española para permitir con una primera o segunda vuelta que el partido más votado pueda gobernar. La Ley D´Ont fue un acuerdo entre Alfonso Guerra y Fernando Abril Martorell acordada en unas circunstancias singulares antes de las primeras elecciones democráticas. Se favorecía así la presencia en el Congreso y en el Senado de los partidos nacionalistas minoritarios en relación al censo nacional. La realidad nos muestra unos efectos nocivos para los ciudadanos españoles en general y para Nación que se manifiesta en la radicalización de partidos nacionalistas que pretenden la vía de la secesión atacando frontalmente al Estado, la Constitución y las leyes, creando una situación cada vez más candente.
Todas estas circunstancias se enmarcan en una crisis sin precedentes que amenaza la estabilidad de nuestro sistema político con la amenaza de fragmentación territorial del País Vasco y Cataluña como republicas independientes y de la forma de Estado amparada en la Constitución española. Desde mi experiencia personal creo que jamás se ha conocido una mayor incertidumbre política y peligros que se hacen evidentes por la extraña personalidad y perfil político de Pedro Sánchez .La mayor evidencia que muestran los resultados electorales es que la concordia y los pactos de Estado entre partidos de ideologías diversas que alumbraron la democracia se han sustituido por el frentismo irredento que protagoniza el PSOE, otra vez más, avanzando con el sanchismo hacia políticas rupturistas que comenzaron en la etapa funesta de Rodríguez Zapatero resucitando el “guerra civilismo” y creando un ambiente de crispación y odio que ha ido en aumento hasta conformar un frentismo tal que en 1936. En este ambiente de polarización, el 23 J será fecha recordada porque definitivamente acaba con lo que se conoce como transición política. No es cuestión de números, ni siquiera de posibles mayorías, una mentalidad disgregadora y revanchista empapa toda la izquierda española dispuesta a liquidar lo poco que queda de la reconciliación. Ha acabado la reforma, comienza la ruptura, todo lo demás será cuestión de azar.
