Lo ha solicitado el denunciante Salvador Hernández. El alcalde está imputado por un presunto delito de malversación
ALMERÍA HOY / 02·05·2023
El exalcalde de Carboneras Salvador Hernández, candidato de Cs, solicitó el pasado 31 de marzo al titular del número 2 de Vera que se tome declaración al investigado José Luis Amérigo (PSOE), actual regidor, así como a distintos funcionarios municipales en calidad de testigos.
La petición ha sido realizada en el marco de las diligencias previas de la querella que se sigue contra Amérigo, acusado de un delito de malversación de caudales públicos por pagar supuestamente facturas correspondientes al servicio de limpieza viaria y mantenimiento de parques y jardines sin que presuntamente exista un contrato vigente que respalde el gasto.
Cabe añadir que los trabajos suponían al erario municipal 1,3 millones al año, pero durante el mandato de Amérigo, la cantidad se elevó hasta 2,4, casi el doble.
Para entender bien el caso es preciso remontarse a 2011. Ese año se produjo un relevo en el Gobierno local. El independiente Salvador Hernández obtuvo la alcaldía desalojando al socialista Cristóbal Fernández, tío del actual regidor.
Hernández encontró que las tareas de limpieza de las calles, parques y jardines las realizaba la empresa Cespa, cuyo contrato había vencido “seis años atrás”. El convenio caducado con Cespa estipulaba el pago de 800.000 euros al año, pero la realidad era muy diferente: La compañía obtenía anualmente otros 800.000 euros más por “servicios extraordinarios”.
Para solventar este estado de cosas, el equipo de Hernández sacó a licitación un nuevo contrato que añadía el mantenimiento de las playas. Fue adjudicado en enero de 2013 a la UTE Limpiezas Carboneras –integrada por las compañías Tejera y Ciclo Medio Ambiente- por un importe de 1.326.215,82 euros anuales durante 4 años con la posibilidad de prorrogarlos dos más. A diferencia de lo que ocurría en la etapa de Cristóbal Fernández, los importes abonados en cada ejercicio se ajustaban al contrato y los servicios extraordinarios eran excepcionales. Sirva como ejemplo que en 2016 se pagó un total de 1.381.288,20 euros y 1.360.818,80 en 2017.
Pero el tiempo pasa, y el 18 de enero de 2019 concluyeron los cuatro años de contrato con la UTE Limpiezas Carboneras y, también, los dos de prórroga previstos. El entonces alcalde, Felipe Cayuela (Gicar), firmó nueve meses más. Era el tiempo que se había dado para organizar la prestación del servicio con medios del propio Ayuntamiento.
Sin embargo, cinco meses después, el 15 de junio de 2019, tras las elecciones, José Luis Amérigo fue investido regidor.
El 26 de septiembre de ese mismo año, el Pleno de la Corporación suscribió por unanimidad municipalizar la limpieza viaria y el mantenimiento de parques, jardines y playas. Un mes más tarde, el 24 de octubre, el concejal de Urbanismo, Obras Públicas y Servicios Urbanos –Pedro López ‘El Fortuna’- firmaba una resolución aprobando la creación de una comisión que estudiase una nueva gestión del servicio desde el propio Ayuntamiento.
La comisión nunca llegó a reunirse, pero sí se produjo un cambio sustancial y notable. Mientras que durante el gobierno de los independientes el gasto en limpieza se mantuvo estable y ceñido a lo estipulado en el contrato –en 2019, en que Gicar gobernó medio ejercicio, se abonaron 1.369.849,38 euros-, el primer año en solitario de Amérigo se disparó hasta los 2.413.039,20, cerca del doble, y para 2021 se habían presupuestado 2.050.000. La diferencia entre el precio del contrato y el gasto real recordaba a los tiempos en que era alcalde Cristóbal Fernández.
Cabe recordar que, cuando se adjudicó el contrato, a José Luis Amérigo le parecía que 1,32 millones “es mucho más de lo que cuesta” la prestación anual del servicio, aunque él, después, paga 2,4.
“MALVERSACIÓN”
Los hechos descritos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Provincial el 26 de julio del año pasado por el entonces portavoz de Gicar, Salvador Hernández.
El edil independiente acompañaba su escrito con documentos apoyando su relato. Entendía que el alcalde estaba incumpliendo los procedimientos legales “de forma consciente y deliberada”, causando un “grave perjuicio” a las arcas municipales.
Al poco, tras realizar las oportunas pesquisas, el fiscal observó en la conducta de José Luis Amérigo la concurrencia de posibles delitos contra la Administración Pública y presentó denuncia en los Juzgados de Vera el 20 de octubre de 2021.
La instrucción del caso recayó en el Número 2. En las diligencias previas, el juez cambió la tipificación del delito, acusando al regidor de malversación de caudales públicos. La diferencia no es baladí. En el caso observado por el fiscal, las penas oscilan entre uno y cuatro años de cárcel y entre seis y diez de inhabilitación para cargo o empleo público. Por contra, para el delito que apunta el magistrado, la condena de inhabilitación es idéntica, sin embargo, la prisión se eleva sustancialmente a un periodo comprendido entre dos y seis años.
Salvador Hernández ya ha comparecido ante el juez y se ha ratificado en su denuncia. .
La petición ha sido realizada en el marco de las diligencias previas de la querella que se sigue contra Amérigo, acusado de un delito de malversación de caudales públicos por pagar supuestamente facturas correspondientes al servicio de limpieza viaria y mantenimiento de parques y jardines sin que presuntamente exista un contrato vigente que respalde el gasto.
Cabe añadir que los trabajos suponían al erario municipal 1,3 millones al año, pero durante el mandato de Amérigo, la cantidad se elevó hasta 2,4, casi el doble.
Para entender bien el caso es preciso remontarse a 2011. Ese año se produjo un relevo en el Gobierno local. El independiente Salvador Hernández obtuvo la alcaldía desalojando al socialista Cristóbal Fernández, tío del actual regidor.
Hernández encontró que las tareas de limpieza de las calles, parques y jardines las realizaba la empresa Cespa, cuyo contrato había vencido “seis años atrás”. El convenio caducado con Cespa estipulaba el pago de 800.000 euros al año, pero la realidad era muy diferente: La compañía obtenía anualmente otros 800.000 euros más por “servicios extraordinarios”.
Para solventar este estado de cosas, el equipo de Hernández sacó a licitación un nuevo contrato que añadía el mantenimiento de las playas. Fue adjudicado en enero de 2013 a la UTE Limpiezas Carboneras –integrada por las compañías Tejera y Ciclo Medio Ambiente- por un importe de 1.326.215,82 euros anuales durante 4 años con la posibilidad de prorrogarlos dos más. A diferencia de lo que ocurría en la etapa de Cristóbal Fernández, los importes abonados en cada ejercicio se ajustaban al contrato y los servicios extraordinarios eran excepcionales. Sirva como ejemplo que en 2016 se pagó un total de 1.381.288,20 euros y 1.360.818,80 en 2017.
Pero el tiempo pasa, y el 18 de enero de 2019 concluyeron los cuatro años de contrato con la UTE Limpiezas Carboneras y, también, los dos de prórroga previstos. El entonces alcalde, Felipe Cayuela (Gicar), firmó nueve meses más. Era el tiempo que se había dado para organizar la prestación del servicio con medios del propio Ayuntamiento.
Sin embargo, cinco meses después, el 15 de junio de 2019, tras las elecciones, José Luis Amérigo fue investido regidor.
El 26 de septiembre de ese mismo año, el Pleno de la Corporación suscribió por unanimidad municipalizar la limpieza viaria y el mantenimiento de parques, jardines y playas. Un mes más tarde, el 24 de octubre, el concejal de Urbanismo, Obras Públicas y Servicios Urbanos –Pedro López ‘El Fortuna’- firmaba una resolución aprobando la creación de una comisión que estudiase una nueva gestión del servicio desde el propio Ayuntamiento.
La comisión nunca llegó a reunirse, pero sí se produjo un cambio sustancial y notable. Mientras que durante el gobierno de los independientes el gasto en limpieza se mantuvo estable y ceñido a lo estipulado en el contrato –en 2019, en que Gicar gobernó medio ejercicio, se abonaron 1.369.849,38 euros-, el primer año en solitario de Amérigo se disparó hasta los 2.413.039,20, cerca del doble, y para 2021 se habían presupuestado 2.050.000. La diferencia entre el precio del contrato y el gasto real recordaba a los tiempos en que era alcalde Cristóbal Fernández.
Cabe recordar que, cuando se adjudicó el contrato, a José Luis Amérigo le parecía que 1,32 millones “es mucho más de lo que cuesta” la prestación anual del servicio, aunque él, después, paga 2,4.
“MALVERSACIÓN”
Los hechos descritos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Provincial el 26 de julio del año pasado por el entonces portavoz de Gicar, Salvador Hernández.
El edil independiente acompañaba su escrito con documentos apoyando su relato. Entendía que el alcalde estaba incumpliendo los procedimientos legales “de forma consciente y deliberada”, causando un “grave perjuicio” a las arcas municipales.
Al poco, tras realizar las oportunas pesquisas, el fiscal observó en la conducta de José Luis Amérigo la concurrencia de posibles delitos contra la Administración Pública y presentó denuncia en los Juzgados de Vera el 20 de octubre de 2021.
La instrucción del caso recayó en el Número 2. En las diligencias previas, el juez cambió la tipificación del delito, acusando al regidor de malversación de caudales públicos. La diferencia no es baladí. En el caso observado por el fiscal, las penas oscilan entre uno y cuatro años de cárcel y entre seis y diez de inhabilitación para cargo o empleo público. Por contra, para el delito que apunta el magistrado, la condena de inhabilitación es idéntica, sin embargo, la prisión se eleva sustancialmente a un periodo comprendido entre dos y seis años.
Salvador Hernández ya ha comparecido ante el juez y se ha ratificado en su denuncia. .
