El campo y empresas auxiliares de esa parte de la provincia secundarán el paro convocado por las organizaciones agrarias para este miércoles
ALMERÍA HOY / 10·01·2023
Más de 1.500 vecinos del Levante almeriense acudirán este miércoles a la manifestación convocada por las comunidades de regantes de esa comarca y las provincias de Murcia y Alicante contra el recorte en el trasvase del Tajo. Lo harán a bordo de 13 autobuses fletados por los comuneros de Pulpí, Huércal Overa, Cuevas del Almanzora, Antas y Vera, así como en cientos de coches particulares.
La protesta está respaldada por los gobiernos locales de los pueblos citados. Los de Pulpí y Huércal Overa han confirmado su asistencia a la marcha, a la que también acudirá la consejera andaluza Carmen Crespo.
La protesta tiene como objetivo exigir a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que recapacite su decisión de recortar el trasvase del Tajo, elevando lo que se ha denominado su caudal mínimo ecológico. Tal determinación supondrá reducir a la mitad la transferencia de agua al Sureste español, incluido el Levante almeriense, y significará la pérdida de 15.000 puestos de trabajo y de 5.960 millones de valor patrimonial.
La nueva norma cuenta con la oposición de los ejecutivos autonómicos de Valencia, Murcia y Andalucía, y sólo con el apoyo del castellano manchego.
Los presidentes de la Generalidad Valenciana y la Región de Murcia han avanzado que recurrirán el decreto ante la Justicia.
La protesta está respaldada por los gobiernos locales de los pueblos citados. Los de Pulpí y Huércal Overa han confirmado su asistencia a la marcha, a la que también acudirá la consejera andaluza Carmen Crespo.
La protesta tiene como objetivo exigir a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que recapacite su decisión de recortar el trasvase del Tajo, elevando lo que se ha denominado su caudal mínimo ecológico. Tal determinación supondrá reducir a la mitad la transferencia de agua al Sureste español, incluido el Levante almeriense, y significará la pérdida de 15.000 puestos de trabajo y de 5.960 millones de valor patrimonial.
La nueva norma cuenta con la oposición de los ejecutivos autonómicos de Valencia, Murcia y Andalucía, y sólo con el apoyo del castellano manchego.
Los presidentes de la Generalidad Valenciana y la Región de Murcia han avanzado que recurrirán el decreto ante la Justicia.