ALMERÍA HOY / 25·09·2018
El procedimiento de licitación de la prestación del servicio del ciclo integral del agua en Garrucha se encuentra paralizado a la espera de la resolución de las alegaciones presentadas por la empresa pública provincial y la mixta veratense CODEUR. Mientras la primera estima ilegal la posibilidad de subvencionar el precio del agua, tal y como recoge el pliego de condiciones, la segunda ha recurrido los párrafos que le han impedido optar al contrato en solitario.
La voluntad de cambio en la gestión del ciclo integral del agua ansiada por el equipo de gobierno de Garrucha tendrá que seguir esperando.
El motivo de la nueva paralización de las pretensiones de los actuales regidores del municipio es que el Tribunal Contractual de la Junta de Andalucía ha ordenado la suspensión cautelar del procedimiento de licitación en tanto resuelve las alegaciones que, contra el mismo, han presentado GALASA y CODEUR.
Ya en marzo el Ayuntamiento tuvo que ponerse a redactar de nuevo el pliego de condiciones del concurso para adaptarlo a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el 9 de ese mismo mes, diez días antes de que el documento con las condiciones que habían de regir la licitación apareciera publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), a pesar de que éste había sido aprobado por el Pleno con anterioridad, concretamente el 27 de febrero.
El Consistorio no aguardó entonces a que el Tribunal Contractual de la Junta de Andalucía resolviera las alegaciones que dos empresas –Aqualia y GALASA- habían presentado y se puso a trabajar en la adaptación dadas las prisas que tenía el equipo de gobierno en culminar el proceso de expulsión de la empresa pública municipal de su término. O, como alguna que otra vez ha confesado la alcaldesa María Antonia López Cervantes (PSOE), la necesidad de hacer caja con los 1,5 millones de canon que ha de depositar en las arcas garrucheras la empresa que resulte ganadora del contrato. Son otras tantas razones para sacar a licitación el ciclo integral del agua.
En aquella ocasión, López no esperó, como decimos, a que transcurrieran los dos meses que empleó el Tribunal en resolver los recursos de ambas empresas, que impugnaron el procedimiento por no atenerse a la nueva Ley de 9 de marzo, ante el evidente resultado que todos esperaban.
Entonces ganó tiempo, pero ahora no hay nada que el Ayuntamiento de Garrucha pueda hacer mientras aguarda la resolución de las alegaciones.
De momento, el Tribunal Contractual ha suspendido cautelarmente la apertura de las plicas con las ofertas, aunque mantuvo el 27 de agosto como día final para la presentación de las mismas, frenando en seco la continuación del procedimiento hasta el día en que emita su veredicto.
SUBVENCIÓN
El recurso presentado por GALASA se funda en la posibilidad que incluye el pliego de subvencionar el coste del servicio que se prestará tanto por el abastecimiento como por la depuración de las aguas residuales. Así, el pliego de condiciones para la licitación del ciclo integral del agua aprobado por la Corporación garruchera –al que ha tenido acceso ACTUALIDAD ALMANZORA-, establece al final del artículo 1 que “las fuentes actuales de suministro de agua en alta serán las que se deberán de considerar en los estudios realizados por los licitadores, a un precio de compra de agua en alta de 0,66 €/m3”.
Sin embargo, el documento aprobado en Pleno extraordinario el 12 de julio, introduce un matiz a esa condición, y es que “si se pusiera en marcha otro sistema alternativo que tuviera uncoste superior, éste sería asumido por el ayuntamiento, decidiendo el abono del mismomediante una subvención o su traslado a tarifas”.
La misma circunstancia afectaría a la depuración. En ese sentido, aunque el pliego señala a continuación de lo anterior que “se considerará el sistema de depuración actual que se realiza mediante la depuradora compartida con otros municipios que explota GALASA mediante el futuro Convenio con elAyuntamiento de Garrucha con un caudal tratado de 450.000 m3 y un coste unitario de0,25€/m3 depurado”, a continuación, en el mismo párrafo, y como en el caso del abastecimiento, se añade que “si este coste fuera superior, sería asumido por el ayuntamiento, decidiendo elabono del mismo mediante una subvención o su traslado a tarifas”.
Para el gerente de GALASA, Antonio Lázaro (PP), “se trata de un caso flagrante de ilegalidad. El precio que se cobra a los ciudadanos por el abastecimiento y depuración de las aguas es una tasa y la normativa vigente es muy clara en ese particular: tiene que reflejar el coste del servicio y no puede ser falseado mediante subvención porque su gestión ha de ser económicamente sostenible”.
Lázaro espera que el Tribunal Contractual “nos dé la razón y la gestión del agua en Garrucha siga siendo pública, obedeciendo sólo a los intereses de los vecinos y no a ningún otro”.
CODEUR
En cuanto a las objeciones presentadas por la empresa mixta de Vera al mismo pliego, éstas tienen que ver con dos asuntos que ya han tenido como consecuencia la imposibilidad de que la compañía veratense pudiera concurrir en solitario a la licitación y que, además, haya tenido que hacerlo como socio minoritario de una Unión Temporal de Empresas con Aqualia, la filial de FCC en el sector de servicios urbanos, con el permiso de la Corporación municipal obtenido en el Pleno extraordinario celebrado el pasado 27 de agosto, aunque con la oposición del Grupo Popular.
Y es que el pliego, como estipula el artículo 90.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, establece en su artículo 8que “sólo serán admitidos en la licitación aquellos licitadores que estén prestando o hayan prestado en los últimos tres años servicios de gestión del servicio de abastecimiento y alcantarillado y tratamiento deaguas residuales conjuntamente, en al menos en tres municipios con unapoblación de más de 8.500 habitantes”.
Como todo el mundo sabe, CODEUR posee una dilatada experiencia en la gestión del ciclo integral del agua. No en vano cumplió el pasado 13 de septiembre ocho años prestando el servicio en Vera-pueblo, a los que hay que sumar otros tres en las urbanizaciones de la costa, pero nunca ha actuado en otros municipios fuera del término veratense. Ése fue el motivo que obligó a la empresa mixta municipal a aliarse en una UTE con Aqualia.
Pero el pliego, además, condenaba a CODEUR –por el cumplimiento obligado de la Ley de Contratos del Sector Público- a participar como socio minoritario en esa alianza.
Es una consecuencia de lo dispuesto en el ya mencionado artículo 8 del pliego de condiciones:
“En caso de uniones temporales de empresas, la que ostente mayor porcentaje de participación de las integrantes de la UTE debe acreditar como mínimo que está prestando o haprestado en los últimos tres años la gestión del servicio de abastecimiento y alcantarillado ytratamiento de aguas residuales conjuntamente en, al menos, tres municipios con una población demás de 8.500 habitantes”.
Éstos son precisamente los condicionantes recurridos por Codeur. Ahora toca esperar el veredicto del Tribunal Contractual de la Junta de Andalucía, una decisión que tardará en llegar al menos un par de meses. Del sentido de su dictamen, y de la celeridad con que lo emita, dependerá que la actual Corporación de Garrucha consiga culminar el procedimiento de desconexión de GALASA y, al mismo tiempo, ingresar en caja los 1,5 millones que percibiría a la firma de un contrato de gestión.
Diputado provincial de Fomento
“No soy jurista, pero mi opinión es que no se puede subvencionar el recibo del agua. El precio del agua es una tasa y, como tal, debe cobrarse lo que cuesta la prestación del servicio”. Son palabras a este respecto del diputado provincial de Fomento, Óscar Liria (PP).
La voluntad de cambio en la gestión del ciclo integral del agua ansiada por el equipo de gobierno de Garrucha tendrá que seguir esperando.
El motivo de la nueva paralización de las pretensiones de los actuales regidores del municipio es que el Tribunal Contractual de la Junta de Andalucía ha ordenado la suspensión cautelar del procedimiento de licitación en tanto resuelve las alegaciones que, contra el mismo, han presentado GALASA y CODEUR.
Ya en marzo el Ayuntamiento tuvo que ponerse a redactar de nuevo el pliego de condiciones del concurso para adaptarlo a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el 9 de ese mismo mes, diez días antes de que el documento con las condiciones que habían de regir la licitación apareciera publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), a pesar de que éste había sido aprobado por el Pleno con anterioridad, concretamente el 27 de febrero.
El Consistorio no aguardó entonces a que el Tribunal Contractual de la Junta de Andalucía resolviera las alegaciones que dos empresas –Aqualia y GALASA- habían presentado y se puso a trabajar en la adaptación dadas las prisas que tenía el equipo de gobierno en culminar el proceso de expulsión de la empresa pública municipal de su término. O, como alguna que otra vez ha confesado la alcaldesa María Antonia López Cervantes (PSOE), la necesidad de hacer caja con los 1,5 millones de canon que ha de depositar en las arcas garrucheras la empresa que resulte ganadora del contrato. Son otras tantas razones para sacar a licitación el ciclo integral del agua.
En aquella ocasión, López no esperó, como decimos, a que transcurrieran los dos meses que empleó el Tribunal en resolver los recursos de ambas empresas, que impugnaron el procedimiento por no atenerse a la nueva Ley de 9 de marzo, ante el evidente resultado que todos esperaban.
Entonces ganó tiempo, pero ahora no hay nada que el Ayuntamiento de Garrucha pueda hacer mientras aguarda la resolución de las alegaciones.
De momento, el Tribunal Contractual ha suspendido cautelarmente la apertura de las plicas con las ofertas, aunque mantuvo el 27 de agosto como día final para la presentación de las mismas, frenando en seco la continuación del procedimiento hasta el día en que emita su veredicto.
SUBVENCIÓN
El recurso presentado por GALASA se funda en la posibilidad que incluye el pliego de subvencionar el coste del servicio que se prestará tanto por el abastecimiento como por la depuración de las aguas residuales. Así, el pliego de condiciones para la licitación del ciclo integral del agua aprobado por la Corporación garruchera –al que ha tenido acceso ACTUALIDAD ALMANZORA-, establece al final del artículo 1 que “las fuentes actuales de suministro de agua en alta serán las que se deberán de considerar en los estudios realizados por los licitadores, a un precio de compra de agua en alta de 0,66 €/m3”.
Sin embargo, el documento aprobado en Pleno extraordinario el 12 de julio, introduce un matiz a esa condición, y es que “si se pusiera en marcha otro sistema alternativo que tuviera uncoste superior, éste sería asumido por el ayuntamiento, decidiendo el abono del mismomediante una subvención o su traslado a tarifas”.
La misma circunstancia afectaría a la depuración. En ese sentido, aunque el pliego señala a continuación de lo anterior que “se considerará el sistema de depuración actual que se realiza mediante la depuradora compartida con otros municipios que explota GALASA mediante el futuro Convenio con elAyuntamiento de Garrucha con un caudal tratado de 450.000 m3 y un coste unitario de0,25€/m3 depurado”, a continuación, en el mismo párrafo, y como en el caso del abastecimiento, se añade que “si este coste fuera superior, sería asumido por el ayuntamiento, decidiendo elabono del mismo mediante una subvención o su traslado a tarifas”.
Para el gerente de GALASA, Antonio Lázaro (PP), “se trata de un caso flagrante de ilegalidad. El precio que se cobra a los ciudadanos por el abastecimiento y depuración de las aguas es una tasa y la normativa vigente es muy clara en ese particular: tiene que reflejar el coste del servicio y no puede ser falseado mediante subvención porque su gestión ha de ser económicamente sostenible”.
Lázaro espera que el Tribunal Contractual “nos dé la razón y la gestión del agua en Garrucha siga siendo pública, obedeciendo sólo a los intereses de los vecinos y no a ningún otro”.
CODEUR
En cuanto a las objeciones presentadas por la empresa mixta de Vera al mismo pliego, éstas tienen que ver con dos asuntos que ya han tenido como consecuencia la imposibilidad de que la compañía veratense pudiera concurrir en solitario a la licitación y que, además, haya tenido que hacerlo como socio minoritario de una Unión Temporal de Empresas con Aqualia, la filial de FCC en el sector de servicios urbanos, con el permiso de la Corporación municipal obtenido en el Pleno extraordinario celebrado el pasado 27 de agosto, aunque con la oposición del Grupo Popular.
Y es que el pliego, como estipula el artículo 90.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, establece en su artículo 8que “sólo serán admitidos en la licitación aquellos licitadores que estén prestando o hayan prestado en los últimos tres años servicios de gestión del servicio de abastecimiento y alcantarillado y tratamiento deaguas residuales conjuntamente, en al menos en tres municipios con unapoblación de más de 8.500 habitantes”.
Como todo el mundo sabe, CODEUR posee una dilatada experiencia en la gestión del ciclo integral del agua. No en vano cumplió el pasado 13 de septiembre ocho años prestando el servicio en Vera-pueblo, a los que hay que sumar otros tres en las urbanizaciones de la costa, pero nunca ha actuado en otros municipios fuera del término veratense. Ése fue el motivo que obligó a la empresa mixta municipal a aliarse en una UTE con Aqualia.
Pero el pliego, además, condenaba a CODEUR –por el cumplimiento obligado de la Ley de Contratos del Sector Público- a participar como socio minoritario en esa alianza.
Es una consecuencia de lo dispuesto en el ya mencionado artículo 8 del pliego de condiciones:
“En caso de uniones temporales de empresas, la que ostente mayor porcentaje de participación de las integrantes de la UTE debe acreditar como mínimo que está prestando o haprestado en los últimos tres años la gestión del servicio de abastecimiento y alcantarillado ytratamiento de aguas residuales conjuntamente en, al menos, tres municipios con una población demás de 8.500 habitantes”.
Éstos son precisamente los condicionantes recurridos por Codeur. Ahora toca esperar el veredicto del Tribunal Contractual de la Junta de Andalucía, una decisión que tardará en llegar al menos un par de meses. Del sentido de su dictamen, y de la celeridad con que lo emita, dependerá que la actual Corporación de Garrucha consiga culminar el procedimiento de desconexión de GALASA y, al mismo tiempo, ingresar en caja los 1,5 millones que percibiría a la firma de un contrato de gestión.
Diputado provincial de Fomento
“No soy jurista, pero mi opinión es que no se puede subvencionar el recibo del agua. El precio del agua es una tasa y, como tal, debe cobrarse lo que cuesta la prestación del servicio”. Son palabras a este respecto del diputado provincial de Fomento, Óscar Liria (PP).
