Para reclamar «a los poderes públicos que resuelvan de una vez por todas el sufrimiento» de la pareja británica, cuya vivienda fue demolida sin indemnización en 2008 pese a contar con licencia municipal
Manifestación de AUAN contra las demoliciones de viviendas ilegales. | Archivo. |
EUROPA PRESS / 10·05·2016
La asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN) ha convocado una manifestación solidaria y de apoyo a Leonard y Helen Prior, el matrimonio británico de 72 años que en 2008 asistió impotente a la demolición de su vivienda por parte del Ayuntamiento de Vera —pese a contar con licencia municipal—, y que vive desde entonces en una garaje en la misma localidad.
La concentración, según ha explicado AUAN en un comunicado, tendrá lugar en Vera, a partir del mediodía del 19 de mayo. La presidenta del colectivo, Maura Hillen, ha explicado que mediante este acto pretenden reclamar «a los poderes públicos que resuelvan de una vez por todas el sufrimiento de los señores Helen y Leonard Prior, cuya vivienda fue demolida sin indemnización en el año 2008 pese a tener licencia urbanística, pidiendo se ponga fin a su calvario».
Cabe recordar que el Juzgado de lo Contenciosos-Administrativo 3 de Almería dictó una sentencia en la que recogía que el Ayuntamiento de Vera debe indemnizar al matrimonio con la cuantía de 425.185,43 euros por la demolición de su vivienda unifamiliar. No obstante, desde el Consistorio se ha manifestado la intención de recurrir el fallo.
En este sentido, Hillen ha pedido también a los poderes públicos que «fomenten los cambios legislativos necesarios para dotar al mercado inmobiliario de mayor seguridad jurídica», por lo que ha abogado por tramitar como «medida urgente» la extensión al Registro de la Propiedad de todas las cuestiones fundamentales que puedan afectar a un bien inmueble «incluidas las urbanísticas».
Desde la asociación pretenden con esta medida «evitar que inocentes consumidores compradores caigan en la trampa de hacer la mayor inversión de su vida, y compren una vivienda que aparenta estar perfectamente inscrita en el Registro de la Propiedad sin anotación de problema urbanístico alguno», aunque posteriormente resulte «ilegal» o esté «sujeta a una orden de demolición».
Cabe destacar que la casa de la pareja fue demolida el 9 de enero de 2008, en cumplimiento de una orden judicial de demolición que luego fue anulada por el Tribunal Constitucional, si bien las máquinas retroexcavadoras contratadas por la Junta de Andalucía ya habían derribado la casa.
Pese a ello, la juez remarcó en la resolución judicial que la responsabilidad es atribuible del Ayuntamiento y no al Gobierno andaluz, que se limitó a ejecutar el derribo, y le reprocha al Consistorio, gobernado entonces por el actual alcalde, Félix López, que concediera al matrimonio una licencia urbanística que no era conforme al planeamiento.
La concentración, según ha explicado AUAN en un comunicado, tendrá lugar en Vera, a partir del mediodía del 19 de mayo. La presidenta del colectivo, Maura Hillen, ha explicado que mediante este acto pretenden reclamar «a los poderes públicos que resuelvan de una vez por todas el sufrimiento de los señores Helen y Leonard Prior, cuya vivienda fue demolida sin indemnización en el año 2008 pese a tener licencia urbanística, pidiendo se ponga fin a su calvario».
Cabe recordar que el Juzgado de lo Contenciosos-Administrativo 3 de Almería dictó una sentencia en la que recogía que el Ayuntamiento de Vera debe indemnizar al matrimonio con la cuantía de 425.185,43 euros por la demolición de su vivienda unifamiliar. No obstante, desde el Consistorio se ha manifestado la intención de recurrir el fallo.
En este sentido, Hillen ha pedido también a los poderes públicos que «fomenten los cambios legislativos necesarios para dotar al mercado inmobiliario de mayor seguridad jurídica», por lo que ha abogado por tramitar como «medida urgente» la extensión al Registro de la Propiedad de todas las cuestiones fundamentales que puedan afectar a un bien inmueble «incluidas las urbanísticas».
Desde la asociación pretenden con esta medida «evitar que inocentes consumidores compradores caigan en la trampa de hacer la mayor inversión de su vida, y compren una vivienda que aparenta estar perfectamente inscrita en el Registro de la Propiedad sin anotación de problema urbanístico alguno», aunque posteriormente resulte «ilegal» o esté «sujeta a una orden de demolición».
Cabe destacar que la casa de la pareja fue demolida el 9 de enero de 2008, en cumplimiento de una orden judicial de demolición que luego fue anulada por el Tribunal Constitucional, si bien las máquinas retroexcavadoras contratadas por la Junta de Andalucía ya habían derribado la casa.
Pese a ello, la juez remarcó en la resolución judicial que la responsabilidad es atribuible del Ayuntamiento y no al Gobierno andaluz, que se limitó a ejecutar el derribo, y le reprocha al Consistorio, gobernado entonces por el actual alcalde, Félix López, que concediera al matrimonio una licencia urbanística que no era conforme al planeamiento.