Entre los que se encuentran un exagente de la Policía Nacional y tres empleados de un depósito judicial de vehículos
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| Audiencia Provincial de Almería. | Archivo. |
EUROPA PRESS / 25·05·2016
La Audiencia Provincial de Almería acoge desde este miércoles el juicio contra seis hombres que fueron detenidos en la operación 'Hiena' contra el narcotráfico, y entre los que se encentran un exagente de Policía Nacional, J.J.B.G., y el encargado de un depósito judicial de vehículos, identificado como S.R.S., al que la Fiscalía atribuye la idealización y coordinación de la trama por la que se intervinieron más de 3.500 kilos de hachís.
En concreto, según la calificación provisional, el Ministerio Público pide para el presunto 'cabecilla' un total de 16 años y medio de prisión por delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, tenencia de armas prohibidas y un delito de cohecho a tenor de los hechos por los que supuestamente organizó el envío y custodia de 124 fardos de hachís desde Marruecos a partir de los datos que le facilitaron sus colaboradores.
En este sentido, la Fiscalía apunta al papel del policía, para quien pide once años de prisión por cohecho y delito contra la salud pública, quien pese a prestar servicio por entonces en el Aeropuerto de Almería, era «perfecto conocedor» de los operativos tendentes a la represión del tráfico de drogas, ya que había sido anteriormente miembro de la Udyco de Almería.
Así, bajo una plantificación previa a los últimos días de abril de 2012 y a cambio de una cantidad de dinero no determinada, el agente habría pactado con el principal acusado dar cobertura de seguridad al transporte del estupefaciente, puesto que además de conocer la unidad policial, también conocía los vehículos en los que se movía, a los miembros del EDOA de la Guardia Civil y a los componentes de Vigilancia Aduanera, con los que había trabajado en varias ocasiones.
Tanto el policía como el responsable del depósito judicial aprovecharon sus relaciones personales, de forma que S.R.S. se sirvió de sus amistades en el ámbito de la Administración de Justicia y de su experiencia profesional para tener información sobre cómo se movían las unidades policiales y sus mandos.
La Fiscalía le atribuye el diseño de la red de contactos para conseguir un barco en el que transportar la droga, recibir la mercancía, abonar las cantidades pactadas con los partícipes de los hechos y conducir el estupefaciente hasta el polígono industrial La Juaida, de Viator, donde había alquilado dos naves para su custodia. Igualmente, se le acusa de poseer y proveer de armas a los miembros del grupo encargados de la vigilancia.
Disparos contra siete policías
Entre los acusados se encuentran también dos empleados del depósito, M.E. y J.G., quienes presuntamente se encargaron de custodiar y transportar la droga. La Fiscalía pide un total de 49 años de prisión para J.G., acusado, entre otros, de hasta siete delitos de homicidio en grado de tentativa por disparar presuntamente contra el grupo de agentes que intervinieron en la operación.
El intenso tiroteo se produjo un día después de haber descargado la droga y haberla conducido hasta el polígono industrial, cuando los agentes advirtieron que M.E. abandonaba el recinto llevando en su coche dos fardos de hachís. Ante esta evidencia, se decidió actuar y abordar la nave donde se había ocultado el estupefaciente tras varios cambios de lugar dentro del mismo polígono, donde se habían alquilado distintos inmuebles.
Así, cuando los agentes penetraron en la nave, J.G. «con notorio desprecio al principio de autoridad» comenzó a disparar contra ellos a una corta distancia desde la cabina de un camión, si bien no consiguió alcanzar a ninguno de ellos.
Dado que el acusado, según recoge la Fiscalía, «no dejaba de disparar» mientras llamaba hasta en 17 ocasiones al 'cabecilla' de la trama, fue necesario pedir refuerzos de unidades especiales de intervención, quienes lanzaron gases para provocar la salida del procesado. Aún así, el mismo trató de huir mientras encañonaba a los agentes, quienes se vieron obligados a dispararle en una pierna para que cayera al suelo y desarmarlo.
La Fiscalía también interesa seis años de prisión por un delito contra la salud pública para otro acusado, J.L.G., quien según el ministerio público, ayudó a descargar la droga, conseguir un camión para transportar la droga y alquilar una de las naves industriales para su acopio; y para J.M.G.R., patrón del pesquero empleado para el transporte.
El fiscal solicita asimismo una multa de 15 millones de euros para el dueño del depósito judicial, la misma cantidad que se requiere también como multa al expolicía, para quien se solicita su inhabilitación durante diez años en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y una multa de 15 meses a razón de 18 euros diarios por un delito de revelación de información reservada.
En concreto, según la calificación provisional, el Ministerio Público pide para el presunto 'cabecilla' un total de 16 años y medio de prisión por delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, tenencia de armas prohibidas y un delito de cohecho a tenor de los hechos por los que supuestamente organizó el envío y custodia de 124 fardos de hachís desde Marruecos a partir de los datos que le facilitaron sus colaboradores.
En este sentido, la Fiscalía apunta al papel del policía, para quien pide once años de prisión por cohecho y delito contra la salud pública, quien pese a prestar servicio por entonces en el Aeropuerto de Almería, era «perfecto conocedor» de los operativos tendentes a la represión del tráfico de drogas, ya que había sido anteriormente miembro de la Udyco de Almería.
Así, bajo una plantificación previa a los últimos días de abril de 2012 y a cambio de una cantidad de dinero no determinada, el agente habría pactado con el principal acusado dar cobertura de seguridad al transporte del estupefaciente, puesto que además de conocer la unidad policial, también conocía los vehículos en los que se movía, a los miembros del EDOA de la Guardia Civil y a los componentes de Vigilancia Aduanera, con los que había trabajado en varias ocasiones.
Tanto el policía como el responsable del depósito judicial aprovecharon sus relaciones personales, de forma que S.R.S. se sirvió de sus amistades en el ámbito de la Administración de Justicia y de su experiencia profesional para tener información sobre cómo se movían las unidades policiales y sus mandos.
La Fiscalía le atribuye el diseño de la red de contactos para conseguir un barco en el que transportar la droga, recibir la mercancía, abonar las cantidades pactadas con los partícipes de los hechos y conducir el estupefaciente hasta el polígono industrial La Juaida, de Viator, donde había alquilado dos naves para su custodia. Igualmente, se le acusa de poseer y proveer de armas a los miembros del grupo encargados de la vigilancia.
Disparos contra siete policías
Entre los acusados se encuentran también dos empleados del depósito, M.E. y J.G., quienes presuntamente se encargaron de custodiar y transportar la droga. La Fiscalía pide un total de 49 años de prisión para J.G., acusado, entre otros, de hasta siete delitos de homicidio en grado de tentativa por disparar presuntamente contra el grupo de agentes que intervinieron en la operación.
El intenso tiroteo se produjo un día después de haber descargado la droga y haberla conducido hasta el polígono industrial, cuando los agentes advirtieron que M.E. abandonaba el recinto llevando en su coche dos fardos de hachís. Ante esta evidencia, se decidió actuar y abordar la nave donde se había ocultado el estupefaciente tras varios cambios de lugar dentro del mismo polígono, donde se habían alquilado distintos inmuebles.
Así, cuando los agentes penetraron en la nave, J.G. «con notorio desprecio al principio de autoridad» comenzó a disparar contra ellos a una corta distancia desde la cabina de un camión, si bien no consiguió alcanzar a ninguno de ellos.
Dado que el acusado, según recoge la Fiscalía, «no dejaba de disparar» mientras llamaba hasta en 17 ocasiones al 'cabecilla' de la trama, fue necesario pedir refuerzos de unidades especiales de intervención, quienes lanzaron gases para provocar la salida del procesado. Aún así, el mismo trató de huir mientras encañonaba a los agentes, quienes se vieron obligados a dispararle en una pierna para que cayera al suelo y desarmarlo.
La Fiscalía también interesa seis años de prisión por un delito contra la salud pública para otro acusado, J.L.G., quien según el ministerio público, ayudó a descargar la droga, conseguir un camión para transportar la droga y alquilar una de las naves industriales para su acopio; y para J.M.G.R., patrón del pesquero empleado para el transporte.
El fiscal solicita asimismo una multa de 15 millones de euros para el dueño del depósito judicial, la misma cantidad que se requiere también como multa al expolicía, para quien se solicita su inhabilitación durante diez años en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y una multa de 15 meses a razón de 18 euros diarios por un delito de revelación de información reservada.
