De los que más de 40.000 fueron gastados en viajes personales del exvicepresidente de la institución y otros implicados, según la Fiscalía
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| Luis Pérez Montoya, exvicepresidente de la Diputación de Almería. | Archivo. |
EUROPA PRESS / 09·03·2016
La Fiscalía sitúa en el epicentro de la presunta trama investigada en el caso Facturas —por la que se habrían detraído de las arcas públicas de la Diputación Provincial más de 769.000 euros entre 2008 y 2011 mediante un plan que habría sido ideado por el exvicepresidente Luis Pérez Montoya (PSOE) y la exsecretaria del Patronato de Turismo María Teresa González— al empresario Joaquín Conde, de Publifiestas Conde, y a los administradores de la agencia de viajes Leitour, Francisco Javier Guerrero y Arístides Javier Martos.
En su escrito de acusación, interesa para Conde Carrillo la pena de siete años y seis meses de prisión, mientras que para los otros dos empresarios solicita penas de siete años de cárcel, además de cuantías en concepto de responsabilidad civil con respecto a la instrucción provincial de 595.996,5; 363.460,22 y 363.460,22 euros, respectivamente.
El Ministerio Público destaca en un detallado escrito de 38 páginas el papel jugado por Joaquín Conde, quien habría confeccionado 24 facturas simuladas por un importe total de 233.536, 28 euros entre noviembre de 2008 y junio de 2011 que fueron conformadas bien por Pérez Montoya, bien por González Rivera.
Apunta, además, que el primero aprobó 15 expedientes de contratación menor y gasto para bienes que «no iban a ser entregados al Patronato o que lo iban a ser en una cantidad y valor muy inferior al reflejado en los expedientes» a favor de la empresa de Conde, y reseña otros dos casos concretos en los que facturó 20.292 y 19.352 euros por el diseño, montaje y desmontaje para dos ferias por orden de los dos principales acusados, quienes «tenían pleno conocimiento de que el Patronato no acudiría a las citadas ferias, sino que mandaría un trabajador que acudía bajo la organización de Turismo andaluz».
Unicaja Almería
El escrito de acusación, elevado al Juzgado de Instrucción 6 de la capital, recoge además que el empresario estuvo presente en una reunión celebrada en un restaurante de Almería en septiembre de 2009 en la que, junto al exvicepresidente de la Diputación, el presidente del Club Unicaja de Voleibol, Ramón Sedeño, y el tesorero del club, Guillermo Carmona, se habría acordado que el Patronato de Turismo «se hiciera cargo de una deuda de 25.000 euros que el equipo mantenía con la agencia Leitour Viajes».
«Pérez Montoya aceptó que se empleara facturación falsa para ello, y los responsables del club aceptaron pese a tener conocimiento de que no tenían ningún derecho pues no se había tramitado ningún expediente para percibir subvención que justificara el pago», asegura la Fiscalía, por lo que solicita para Sedeño y Carmona penas de tres años de prisión y de ocho años de inhabilitación absoluta, además de responsabilidades civiles por 25.611 euros cada uno.
Según el Ministerio Público, el asunto no quedó ahí, ya que Pérez Montoya, González Rivera y Conde Carrillo «usaron esta facturación simulada no solo para el pago de esta deuda del Club Unicaja de Voleibol», sino también «para apropiarse de una cantidad muy superior de fondos públicos del Patronato».
En este punto, el fiscal detalla que en septiembre de 2009, la exsecretaria del Patronato, el empresario y Juan Antonio Bisbal, quien entonces era administrativo del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería y se enfrenta a la pena de cuatro años y seis meses de cárcel, se reunieron con los administradores de Leitour Viajes. En esta reunión, les «propusieron que emitieran facturas simuladas confeccionadas según conceptos que les indicaría María Teresa González para que fueran pagadas por el Patronato», y con quienes «convinieron que todos los viajes que encargaran Joaquín Conde y Juan Antonio Bisbal serían pagados con cargo a los fondos del Patronato, emitiéndose para ello facturas ficticias que no reflejaban los verdaderos conceptos».
Viajes a «título particular»
De este modo, Francisco Javier Guerrero y Arístides Javier Martos habrían confeccionado 107 facturas por 411.525,24 euros; de los que únicamente 49.065,02 euros corresponderían a servicios reales, mientras que el resto eran viajes «a nombres de personas simuladas que tampoco se habían efectuado». Estima, además, que «otra parte» de la facturación simulada «encubría auténticos viajes» gestionados por la agencia pero a título particular de los dos cargos públicos, el empresario y el responsable socialista «u otras personas a quienes ellos invitaban para disfrute personal de los acusados o de allegados». El importe de estos viajes lo cuantifica el Ministerio Público en 41.116,87 euros.
En virtud de este desglose, concluye, asimismo, que, de los 321.343,35 euros facturados entre septiembre de 2009 y diciembre de 2010, y que no se corresponden con ningún servicio pese a que fueron validados por la exsecretaria y pagados por disposición del exvicepresidente en calidad de presidente accidental del Patronato de Turismo, Guerrero y Martos «entregaron en efectivo a Joaquín Conde un total de 179.572 euros sin que se haya podido determinar el destino final del dinero o el reparto que se pudiera hacer, mientras que los restantes 141.771 euros se los quedaron» los administradores de Leitour Viajes, «destinando 25.611 a saldar la deuda del Club Unicaja Voleibol».
Otros empresarios de los que presuntamente se habrían servido para ejecutar el plan urdido y que habrían actuado en connivencia con los principales acusados son Dolores Hernández y Bernardo Hernández, de la mercantil Viajes Bernardo. Así, el fiscal indica que, entre diciembre de 2007 y finales de 2008, habrían presentado para su cobro al Patronato de Turismo un total de 22 facturas «simuladas» que no reflejaban «ningún servicio prestado» y por importe total de 56.429,94 euros que fue abonado por el organismo autónomo sin que, según especifica, «haya podido determinarse el destino final de la cantidad sustraída». La cuantía de las facturas «simuladas» ya ha sido consignada en el juzgado por ambos empresarios, quienes enfrentan penas de dos años y cuatro meses de prisión, así como cuatro años y medio de inhabilitación absoluta.
El Ministerio Público también ha formulado acusación contra el administrador de Viajes Ejisol SL por presentar entre junio y agosto de 2009 un total de seis facturas simuladas por importe de 7.042,12 euros; la administradora de Viajes Viconos por otras seis facturas simuladas por importe de 6.780,66 euros por la que está también imputado un trabajador de la Diputación Provincial ajeno al Patronato que «disfrutó de viajes privados por valor de 1.291,32 euros»; o el administrador de la mercantil Grupo JI26 SL, quien confeccionó presuntamente cuatro facturas simuladas entre noviembre de 2009 y octubre de 2010 con las que se habría defraudado a las arcas públicas 11.318,40 euros. Estos se enfrentan a penas que oscilan entre los cinco años y seis meses de prisión, y los cuatro años y seis meses de cárcel mientras que para el funcionario de la Diputación interesa 22 meses de cárcel.
En el caso de quien fuera entrenador y administrador del Club Polideportivo Vícar Goya, Miguel Ángel Florido, el fiscal solicita dos años y seis meses de prisión, acusado de aceptar el empleo del mecanismo de facturación simulada para que el Patronato de Turismo se hiciera cargo de una deuda de 7.479,41 euros que mantenía con la empresa de autocares Blanco y Rodríguez, cuyo responsable se enfrenta a la misma pena de prisión. Así, este último, confeccionó tres facturas en los que hizo constar como concepto itinerarios por la provincia de Almería en los meses de marzo, julio y octubre de 2009.
Por último, el Ministerio Público acusa a los administradores de la mercantil Bergasan, para quienes pide cuatro años y nueve meses de cárcel por cuatro facturas simuladas por valor de 4.814,02 euros.
En su escrito de acusación, interesa para Conde Carrillo la pena de siete años y seis meses de prisión, mientras que para los otros dos empresarios solicita penas de siete años de cárcel, además de cuantías en concepto de responsabilidad civil con respecto a la instrucción provincial de 595.996,5; 363.460,22 y 363.460,22 euros, respectivamente.
El Ministerio Público destaca en un detallado escrito de 38 páginas el papel jugado por Joaquín Conde, quien habría confeccionado 24 facturas simuladas por un importe total de 233.536, 28 euros entre noviembre de 2008 y junio de 2011 que fueron conformadas bien por Pérez Montoya, bien por González Rivera.
Apunta, además, que el primero aprobó 15 expedientes de contratación menor y gasto para bienes que «no iban a ser entregados al Patronato o que lo iban a ser en una cantidad y valor muy inferior al reflejado en los expedientes» a favor de la empresa de Conde, y reseña otros dos casos concretos en los que facturó 20.292 y 19.352 euros por el diseño, montaje y desmontaje para dos ferias por orden de los dos principales acusados, quienes «tenían pleno conocimiento de que el Patronato no acudiría a las citadas ferias, sino que mandaría un trabajador que acudía bajo la organización de Turismo andaluz».
Unicaja Almería
El escrito de acusación, elevado al Juzgado de Instrucción 6 de la capital, recoge además que el empresario estuvo presente en una reunión celebrada en un restaurante de Almería en septiembre de 2009 en la que, junto al exvicepresidente de la Diputación, el presidente del Club Unicaja de Voleibol, Ramón Sedeño, y el tesorero del club, Guillermo Carmona, se habría acordado que el Patronato de Turismo «se hiciera cargo de una deuda de 25.000 euros que el equipo mantenía con la agencia Leitour Viajes».
«Pérez Montoya aceptó que se empleara facturación falsa para ello, y los responsables del club aceptaron pese a tener conocimiento de que no tenían ningún derecho pues no se había tramitado ningún expediente para percibir subvención que justificara el pago», asegura la Fiscalía, por lo que solicita para Sedeño y Carmona penas de tres años de prisión y de ocho años de inhabilitación absoluta, además de responsabilidades civiles por 25.611 euros cada uno.
Según el Ministerio Público, el asunto no quedó ahí, ya que Pérez Montoya, González Rivera y Conde Carrillo «usaron esta facturación simulada no solo para el pago de esta deuda del Club Unicaja de Voleibol», sino también «para apropiarse de una cantidad muy superior de fondos públicos del Patronato».
En este punto, el fiscal detalla que en septiembre de 2009, la exsecretaria del Patronato, el empresario y Juan Antonio Bisbal, quien entonces era administrativo del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería y se enfrenta a la pena de cuatro años y seis meses de cárcel, se reunieron con los administradores de Leitour Viajes. En esta reunión, les «propusieron que emitieran facturas simuladas confeccionadas según conceptos que les indicaría María Teresa González para que fueran pagadas por el Patronato», y con quienes «convinieron que todos los viajes que encargaran Joaquín Conde y Juan Antonio Bisbal serían pagados con cargo a los fondos del Patronato, emitiéndose para ello facturas ficticias que no reflejaban los verdaderos conceptos».
Viajes a «título particular»
De este modo, Francisco Javier Guerrero y Arístides Javier Martos habrían confeccionado 107 facturas por 411.525,24 euros; de los que únicamente 49.065,02 euros corresponderían a servicios reales, mientras que el resto eran viajes «a nombres de personas simuladas que tampoco se habían efectuado». Estima, además, que «otra parte» de la facturación simulada «encubría auténticos viajes» gestionados por la agencia pero a título particular de los dos cargos públicos, el empresario y el responsable socialista «u otras personas a quienes ellos invitaban para disfrute personal de los acusados o de allegados». El importe de estos viajes lo cuantifica el Ministerio Público en 41.116,87 euros.
En virtud de este desglose, concluye, asimismo, que, de los 321.343,35 euros facturados entre septiembre de 2009 y diciembre de 2010, y que no se corresponden con ningún servicio pese a que fueron validados por la exsecretaria y pagados por disposición del exvicepresidente en calidad de presidente accidental del Patronato de Turismo, Guerrero y Martos «entregaron en efectivo a Joaquín Conde un total de 179.572 euros sin que se haya podido determinar el destino final del dinero o el reparto que se pudiera hacer, mientras que los restantes 141.771 euros se los quedaron» los administradores de Leitour Viajes, «destinando 25.611 a saldar la deuda del Club Unicaja Voleibol».
Otros empresarios de los que presuntamente se habrían servido para ejecutar el plan urdido y que habrían actuado en connivencia con los principales acusados son Dolores Hernández y Bernardo Hernández, de la mercantil Viajes Bernardo. Así, el fiscal indica que, entre diciembre de 2007 y finales de 2008, habrían presentado para su cobro al Patronato de Turismo un total de 22 facturas «simuladas» que no reflejaban «ningún servicio prestado» y por importe total de 56.429,94 euros que fue abonado por el organismo autónomo sin que, según especifica, «haya podido determinarse el destino final de la cantidad sustraída». La cuantía de las facturas «simuladas» ya ha sido consignada en el juzgado por ambos empresarios, quienes enfrentan penas de dos años y cuatro meses de prisión, así como cuatro años y medio de inhabilitación absoluta.
El Ministerio Público también ha formulado acusación contra el administrador de Viajes Ejisol SL por presentar entre junio y agosto de 2009 un total de seis facturas simuladas por importe de 7.042,12 euros; la administradora de Viajes Viconos por otras seis facturas simuladas por importe de 6.780,66 euros por la que está también imputado un trabajador de la Diputación Provincial ajeno al Patronato que «disfrutó de viajes privados por valor de 1.291,32 euros»; o el administrador de la mercantil Grupo JI26 SL, quien confeccionó presuntamente cuatro facturas simuladas entre noviembre de 2009 y octubre de 2010 con las que se habría defraudado a las arcas públicas 11.318,40 euros. Estos se enfrentan a penas que oscilan entre los cinco años y seis meses de prisión, y los cuatro años y seis meses de cárcel mientras que para el funcionario de la Diputación interesa 22 meses de cárcel.
En el caso de quien fuera entrenador y administrador del Club Polideportivo Vícar Goya, Miguel Ángel Florido, el fiscal solicita dos años y seis meses de prisión, acusado de aceptar el empleo del mecanismo de facturación simulada para que el Patronato de Turismo se hiciera cargo de una deuda de 7.479,41 euros que mantenía con la empresa de autocares Blanco y Rodríguez, cuyo responsable se enfrenta a la misma pena de prisión. Así, este último, confeccionó tres facturas en los que hizo constar como concepto itinerarios por la provincia de Almería en los meses de marzo, julio y octubre de 2009.
Por último, el Ministerio Público acusa a los administradores de la mercantil Bergasan, para quienes pide cuatro años y nueve meses de cárcel por cuatro facturas simuladas por valor de 4.814,02 euros.
