DIEGO JEREZ
20·03·2016
El ejercicio del llamado derecho de retracto por parte de la Junta de Andalucía sobre los terrenos del hotel de El Algarrobico, no difiere esencialmente de aquel «exprópiese» que popularizó el filodictador venezolano Hugo Chávez. Y es que, por más que se revista de legalidad, el hecho de que una administración pueda, de manera arbitraria y años después, arrebatarle un determinado bien a su legítimo propietario supone un atentado contra el derecho de propiedad de los ciudadanos.Argumentar que, puesto que tal posibilidad se encuentra recogida en nuestro ordenamiento jurídico, el atropello cometido contra Azata del Sol constituye una acción justa o moralmente tolerable, sería tanto como sancionar la moralidad de las ejecuciones de homosexuales en Irán, o su encarcelamiento en otros muchos países en los que las leyes así lo disponen.
No. De ninguna manera. Que la ley faculte a las administraciones para violar los derechos fundamentales de los ciudadanos jamás puede considerarse un argumento a favor de tales violaciones; antes, expone la necesidad de una reforma legislativa que los blinde frente a los antojos e intereses del político de turno.
Pero si injusta y arbitraria resulta la expropiación del hotel de El Algarrobico, no lo es menos la delimitación del Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar, cuya constitución supuso la confiscación de facto de esos terrenos a unos propietarios cuya condición pasó a ser meramente nominal.
Nada, salvo el grado de desarrollo urbanístico, diferencia a nivel medioambiental la costa de Carboneras de la del resto del Levante peninsular. Ninguna razón esgrimida en favor de la demolición del hotel libraría de compartir su destino a la fábrica de cemento de Carboneras, situada a muy escasos kilómetros, a la central térmica, a los distintos puertos del municipio, e incluso al mismo núcleo urbano, es decir, al pueblo entero de Carboneras. Es más, en atención a esos mismos principios de protección del litoral, antes que el hotel de El Algarrobico, Benidorm, Torrevieja o La Manga del Mar Menor deberían ser borradas de la faz de la tierra para restituir los respectivos entornos a su estado original.
El desarrollo tardío de un municipio no puede servir de pretexto para condenarlo al subdesarrollo, asfixiándolo, como en el caso de Carboneras, con disposiciones arbitrarias de carácter ambiental. Máxime, en el contexto de una provincia cuya actividad económica se concentra casi exclusivamente en los sectores agrícola y turístico. Y menos aún, mientras se mantienen decenas, si no centenares, de construcciones similares al hotel de El Algarrobico en múltiples puntos de la costa española.
Si la naturaleza socialista de la Junta de Andalucía le impide ejercer la defensa de un principio tan básico como el derecho de propiedad, quizá debería atender a consideraciones de tipo social o político para, en lugar de atentar contra ella comprometiendo el desarrollo económico de la provincia de Almería, permitir a sus habitantes disfrutar de un grado de desarrollo proporcional al esfuerzo que desempeñan. De lo contrario, no estará sino alimentando el cada vez más patente desapego de los almerienses —al que ya contribuyó de manera notable el ominoso silencio de Sevilla en todo lo concerniente al trasvase del Ebro— por la administración andaluza y la propia Andalucía.
En cualquier caso, la preservación de los espacios naturales no puede ser jamás utilizada como ariete contra los derechos civiles, pasando por encima de los ciudadanos y de sus propiedades. Por lo tanto, si determinados colectivos consideran necesaria la conservación de una serie de parajes, deberían negociar su adquisición con los propietarios, tal y como hacen asociaciones y particulares de otros países.
Tampoco es permisible el golpe que la expropiación de El Algarrobico supone a la seguridad jurídica en España, donde grupo de ciudadanos puede adquirir legalmente unos terrenos, obtener todos los permisos requeridos por las distintas administraciones y, una vez llevada a cabo su inversión, verse despojados de ella sin recibir siquiera una compensación.
Por todo ello, el hotel de El Algarrobico debería ser devuelto de manera inmediata a sus legítimos propietarios, junto con una indemnización por el quebranto económico ocasionado y una disculpa de los responsables de las distintas administraciones. Cualquier otra solución supondrá una quiebra de la confianza de los ciudadanos en la seguridad jurídica de este país, en su respeto por la propiedad privada y en la validez del propio trabajo como pilar de sus respectivos proyectos vitales; además de un profundo agravio contra los carboneros y los almerienses.
