Así se asegura en un informe que Ecologistas en Acción ha remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y en el que se responsabiliza de lo sucedido a la Junta de Andalucía
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| Desaladora del Bajo Almanzora. |
EUROPA PRESS / 15·02·2016
Ecologistas en Acción ha remitido un informe a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que identifica a la Junta de Andalucía como principal responsable de las inundaciones que anegaron la desaladora del Bajo Almanzora, cuyo contrato de construcción se encuentra actualmente bajo sospecha en el marco de la operación 'Frontino'.
En un comunicado, la organización ecologista apunta también a la responsabilidad, en menor grado, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora y de la constructora FCC.
Para Ecologistas en Acción, la desaladora fue construida en una zona de «muy alto riesgo de inundación», por lo que debió haberse impedido con anterioridad. Además, apuntan, de haberse ubicado en otro lugar se habría evitado la reclamación de una indemnización posterior para reparar los daños en la que presuntamente se fijó una compensación irregular a esta empresa de 40 millones de euros —cantidad no ha sido abonada finalmente—.
En concreto, el colectivo señala que la desaladora se construyó en la confluencia de dos ramblas, la de Almanzora y la de Canalejas, de modo que probablemente ocupó una parte del cauce de una de ellas, por lo que su inundación, que tuvo lugar en septiembre de 2012, «era totalmente previsible y podría haberse evitado».
Esta dx la principal conclusión de un informe elaborado por Ecologistas en Acción, que incluye fotografías del antes y el después de la construcción de la planta en las que, según la organización, se aprecia que se ubica en un área de «muy alto riesgo de inundación».
También incluye en el estudio una fotografía de 1973, en la que se ve correr la rambla del Almanzora con gran cantidad de agua. De hecho, según recoge el informe, si en 2012 se hubiese producido una avenida similar a la de 1973, los daños generados en la desaladora hubiesen sido mucho mayores.
Cabe recordar que en septiembre de 2012 unas lluvias torrenciales provocaron la avenida que inundó la planta y la dejó inservible, con daños de entre 10 y 15 millones de euros.
Por ello, la organización manifiesta que la «principal responsabilidad de la ubicación de la planta en zona inundable», causa inicial de todo el escándalo de Acuamed —Operación Frontino—, recae sobre la Junta de Andalucía, al ser la autoridad competente en temas de agua y dominio público hidráulico en las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, donde se encuentra situada la desaladora. También advierte de posibles responsabilidades en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del Ayuntamiento y de FCC.
En un comunicado, la organización ecologista apunta también a la responsabilidad, en menor grado, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora y de la constructora FCC.
Para Ecologistas en Acción, la desaladora fue construida en una zona de «muy alto riesgo de inundación», por lo que debió haberse impedido con anterioridad. Además, apuntan, de haberse ubicado en otro lugar se habría evitado la reclamación de una indemnización posterior para reparar los daños en la que presuntamente se fijó una compensación irregular a esta empresa de 40 millones de euros —cantidad no ha sido abonada finalmente—.
En concreto, el colectivo señala que la desaladora se construyó en la confluencia de dos ramblas, la de Almanzora y la de Canalejas, de modo que probablemente ocupó una parte del cauce de una de ellas, por lo que su inundación, que tuvo lugar en septiembre de 2012, «era totalmente previsible y podría haberse evitado».
Esta dx la principal conclusión de un informe elaborado por Ecologistas en Acción, que incluye fotografías del antes y el después de la construcción de la planta en las que, según la organización, se aprecia que se ubica en un área de «muy alto riesgo de inundación».
También incluye en el estudio una fotografía de 1973, en la que se ve correr la rambla del Almanzora con gran cantidad de agua. De hecho, según recoge el informe, si en 2012 se hubiese producido una avenida similar a la de 1973, los daños generados en la desaladora hubiesen sido mucho mayores.
Cabe recordar que en septiembre de 2012 unas lluvias torrenciales provocaron la avenida que inundó la planta y la dejó inservible, con daños de entre 10 y 15 millones de euros.
Por ello, la organización manifiesta que la «principal responsabilidad de la ubicación de la planta en zona inundable», causa inicial de todo el escándalo de Acuamed —Operación Frontino—, recae sobre la Junta de Andalucía, al ser la autoridad competente en temas de agua y dominio público hidráulico en las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, donde se encuentra situada la desaladora. También advierte de posibles responsabilidades en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del Ayuntamiento y de FCC.
