Después de haberse recibido una importante prueba pericial sobre una finca del exalcalde ejidense Juan Enciso
EUROPA PRESS / 17·02·2016
El Juzgado de Instrucción número 2 de Almería ha dado prácticamente por concluida la investigación relacionada con la operación Poniente, que examina una presunta trama de corrupción municipal en torno al Ayuntamiento de El Ejido y la ya extinta empresa mixta de servicios municipales Elsur, después de haber recibido una importante prueba pericial sobre una finca del exalcalde ejidense Juan Enciso.
Según han explicado fuentes judiciales, a la espera de cerrar «pequeños flecos», el grueso de la investigación, que arrancó en 2009, está finalizado, por lo que en las próximas semanas se espera ordenar un auto de procedimiento abreviado para que las distintas partes puedan presentar sus escritos de acusación y defensa.
En este sentido, la apertura de juicio oral podría aún «prolongarse en el tiempo», según han advertido las mismas fuentes, quienes han señalado que el propio auto es susceptible de recurso. Asimismo, podrían solicitarse nuevas pruebas de parte, que tienen que ser considerada por el juez. Igualmente, los personados en la causa tienen que armar sus peticiones.
Otro de los factores que influirá en la apertura del juicio será la atribución de delitos a los finalmente procesados, así como las posibles penas. En este sentido, la vista podría celebrarse en la Audiencia Provincial o en un Juzgado de lo Penal, lo que se tendrá que decidirse en esta fase intermedia.
Al respecto, el juez decano de Almería, Luis Miguel Columna, ha señalado su interés en que la apertura de juicio no se extienda más de «tres o cuatro meses» en caso de que se celebre en la Ciudad de la Justicia, para lo que se ha contemplado ya la sala número 7 que, por sus dimensiones, permitiría acoger el juicio. Pese a ello, ha apuntado que aún resulta prematuro hablar de esta fase.
La investigación sobre la presunta trama empresarial y municipal bajo el mandato de Enciso entre los años 2002 y 2007 ha llegado a contar con más de 80 investigados durante el proceso de instrucción, los últimos cinco, vinculados al área de Obras Públicas del Consistorio y a una empresa, fueron llamados a declarar en abril del pasado año.
La instrucción explotó el 20 de octubre de 2009 con la intervención por parte de la Policía Nacional del Consistorio ejidense y la detención de 20 personas, entre ellas el exalcalde y el exinterventor municipal José Alemán, considerado el supuesto 'cerebro' de la trama.
Los ocho informes de avance y conclusiones provisionales emitidos por la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada dividen la presunta trama entre seis clanes y el Grupo Abengoa, y apunta que supuestamente obtuvieron unos «superbeneficios no justificados» de Elsur a través de las subcontratas con «precios inflados» y una «sobrefacturación».
En el marco de estas diligencias previas, que investigan la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, cohecho, negociación prohibida a funcionarios y falsedad documental, se ha analizado un terabyte de información en soporte digital y 200.000 folios de documentación intervenida durante la operación policial.
Además de la documentación en papel, se tuvo que analizar por parte del equipo de auxilio judicial de la AEAT toda la información contenida en los equipos informáticos incautados, casi 1,7 millones de archivos repartidos en 78 soportes informáticos diferentes.
Conclusiones provisionales
Los informes de avance y conclusiones provisionales contenidos en el sumario de la causa indicaban que la cuantía «más importante» de pagos recibidos corresponde a las seis sociedades que integran el denominado 'Grupo Amate', que encabeza el empresario sevillano José Amate, director económico de Elsur y señalado como «individuo aglutinador» en torno a quien se gestó un «grupo criminal perfectamente estructurado».
De igual modo, aseguraban que la «finalidad» presunta era «retraer dinero proveniente» del Ayuntamiento «sirviéndose» de la empresa municipal y articulando «una serie de artificios para encubrir el verdadero origen de los fondos e integrar dicho flujo monetario en su entorno familiar».
Sostenían además que el «desvío patrimonial» desde las arcas municipales a Elsur y de ésta, vía canon —tras experimentar un supuesto incremento exponencial de 16,7 millones a 36,5 millones de euros entre 2002 y 2007—, a las subcontratas implicadas en la trama, se hizo con una «facturación innecesaria» y usando métodos para «ennegrecer una gran cantidad de dinero y ocultarlo».
Los informes analizaban también el denominado 'Grupo Galán", vinculado al empresario Juan Antonio Galán, quien habría facturado de Elsur a través de sus empresas un total de 30,9 millones de euros «teniendo como principal fuente de facturación» el Ayuntamiento de El Ejido.
La AEAT señala asimismo de un proceso de «despatrimonialización de Elsur» por parte de empresas del Grupo Abengoa, concretamente tres, que facturaron 21,2 millones de euros a Elsur, en la que el grupo participa a un 70 por ciento pese a que, según resaltaban los técnicos, «no cobraba dividendos, a los que tendría derecho como titular del mencionado 70 por ciento del capital».
Otro de los informes incluido en las diligencias y ahora ampliado hacía constar que las sociedades vinculadas a la familia del alcalde ejidense percibieron presuntamente de las concesionarias pagos de 388.000 y 95.000 euros, recogiendo también que la sociedad de la que era administrador único el ex interventor municipal de El Ejido habría ingresado entre 2002 y 2007 al menos 4,8 millones de euros por supuestos servicios de asesoramiento de las empresas de los principales imputados en la presunta trama corrupta, que facturaban «importantes cantidades» al Ayuntamiento, vía directa, o indirectamente a través de Elsur.
Según han explicado fuentes judiciales, a la espera de cerrar «pequeños flecos», el grueso de la investigación, que arrancó en 2009, está finalizado, por lo que en las próximas semanas se espera ordenar un auto de procedimiento abreviado para que las distintas partes puedan presentar sus escritos de acusación y defensa.
En este sentido, la apertura de juicio oral podría aún «prolongarse en el tiempo», según han advertido las mismas fuentes, quienes han señalado que el propio auto es susceptible de recurso. Asimismo, podrían solicitarse nuevas pruebas de parte, que tienen que ser considerada por el juez. Igualmente, los personados en la causa tienen que armar sus peticiones.
Otro de los factores que influirá en la apertura del juicio será la atribución de delitos a los finalmente procesados, así como las posibles penas. En este sentido, la vista podría celebrarse en la Audiencia Provincial o en un Juzgado de lo Penal, lo que se tendrá que decidirse en esta fase intermedia.
Al respecto, el juez decano de Almería, Luis Miguel Columna, ha señalado su interés en que la apertura de juicio no se extienda más de «tres o cuatro meses» en caso de que se celebre en la Ciudad de la Justicia, para lo que se ha contemplado ya la sala número 7 que, por sus dimensiones, permitiría acoger el juicio. Pese a ello, ha apuntado que aún resulta prematuro hablar de esta fase.
La investigación sobre la presunta trama empresarial y municipal bajo el mandato de Enciso entre los años 2002 y 2007 ha llegado a contar con más de 80 investigados durante el proceso de instrucción, los últimos cinco, vinculados al área de Obras Públicas del Consistorio y a una empresa, fueron llamados a declarar en abril del pasado año.
La instrucción explotó el 20 de octubre de 2009 con la intervención por parte de la Policía Nacional del Consistorio ejidense y la detención de 20 personas, entre ellas el exalcalde y el exinterventor municipal José Alemán, considerado el supuesto 'cerebro' de la trama.
Los ocho informes de avance y conclusiones provisionales emitidos por la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada dividen la presunta trama entre seis clanes y el Grupo Abengoa, y apunta que supuestamente obtuvieron unos «superbeneficios no justificados» de Elsur a través de las subcontratas con «precios inflados» y una «sobrefacturación».
En el marco de estas diligencias previas, que investigan la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, cohecho, negociación prohibida a funcionarios y falsedad documental, se ha analizado un terabyte de información en soporte digital y 200.000 folios de documentación intervenida durante la operación policial.
Además de la documentación en papel, se tuvo que analizar por parte del equipo de auxilio judicial de la AEAT toda la información contenida en los equipos informáticos incautados, casi 1,7 millones de archivos repartidos en 78 soportes informáticos diferentes.
Conclusiones provisionales
Los informes de avance y conclusiones provisionales contenidos en el sumario de la causa indicaban que la cuantía «más importante» de pagos recibidos corresponde a las seis sociedades que integran el denominado 'Grupo Amate', que encabeza el empresario sevillano José Amate, director económico de Elsur y señalado como «individuo aglutinador» en torno a quien se gestó un «grupo criminal perfectamente estructurado».
De igual modo, aseguraban que la «finalidad» presunta era «retraer dinero proveniente» del Ayuntamiento «sirviéndose» de la empresa municipal y articulando «una serie de artificios para encubrir el verdadero origen de los fondos e integrar dicho flujo monetario en su entorno familiar».
Sostenían además que el «desvío patrimonial» desde las arcas municipales a Elsur y de ésta, vía canon —tras experimentar un supuesto incremento exponencial de 16,7 millones a 36,5 millones de euros entre 2002 y 2007—, a las subcontratas implicadas en la trama, se hizo con una «facturación innecesaria» y usando métodos para «ennegrecer una gran cantidad de dinero y ocultarlo».
Los informes analizaban también el denominado 'Grupo Galán", vinculado al empresario Juan Antonio Galán, quien habría facturado de Elsur a través de sus empresas un total de 30,9 millones de euros «teniendo como principal fuente de facturación» el Ayuntamiento de El Ejido.
La AEAT señala asimismo de un proceso de «despatrimonialización de Elsur» por parte de empresas del Grupo Abengoa, concretamente tres, que facturaron 21,2 millones de euros a Elsur, en la que el grupo participa a un 70 por ciento pese a que, según resaltaban los técnicos, «no cobraba dividendos, a los que tendría derecho como titular del mencionado 70 por ciento del capital».
Otro de los informes incluido en las diligencias y ahora ampliado hacía constar que las sociedades vinculadas a la familia del alcalde ejidense percibieron presuntamente de las concesionarias pagos de 388.000 y 95.000 euros, recogiendo también que la sociedad de la que era administrador único el ex interventor municipal de El Ejido habría ingresado entre 2002 y 2007 al menos 4,8 millones de euros por supuestos servicios de asesoramiento de las empresas de los principales imputados en la presunta trama corrupta, que facturaban «importantes cantidades» al Ayuntamiento, vía directa, o indirectamente a través de Elsur.
