Según el convenio suscrito en 2012, el Estado debería sufragar los gastos de derribo mientras la Junta asume los de restauración del entorno
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| Uno de los actos vandálicos perpetrados por los activistas de Greenpeace en el inmueble. | Archivo. Greenpeace. |
EUROPA PRESS / 20·02·2016
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha concertado una reunión con la ministra en funciones de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para abordar la ejecución de la sentencia de este jueves del Tribunal Supremo (TS) que declara que el hotel El Algarrobico se asienta sobre un terreno «no urbanizable», abriendo la puerta a su demolición.
Así lo han indicado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, que han concretado que la reunión se ha fijado para el próximo 29 de febrero, a las 17:00 horas, en la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en Madrid, y que han apuntado que aprecian «buena predisposición» por parte del Ministerio para abordar la ejecución del fallo del TS.
Cabe recordar que ya este viernes el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente anunció que colaborará con la Junta de Andalucía en la demolición del hotel El Algarrobico y la posterior restauración del enclave, aunque subrayó que la competencia en este caso es autonómica, puesto que la infraestructura hotelera se ubica en zona de servidumbre de protección.
Así, el Ministerio «reafirmó su compromiso» para devolver la zona a su estado anterior al inicio de las obras del hotel en 2003, según se acordó entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía en 2012, tras encomendar a Tragsa en 2012 la realización de un estudio sobre las actuaciones necesarias para demoler y restaurar la zona. Este estudio presupuestó el proyecto en 7,17 millones de euros.
Entonces, en 2012, el Gobierno y la Junta de Andalucía acordaron realizar la demolición «conjuntamente», en caso de que los tribunales establecieran que procedía tal derribo, según informó el Ejecutivo.
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio también subrayó este viernes la vigencia del protocolo de actuación suscrito en 2012 entre la administración andaluza y el por entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, mediante el cual, en caso de sentencia judicial que respaldara la demolición del hotel de Azata del Sol, el Estado asumiría el coste del derribo y la Junta el de la restauración del entorno.
Así lo han indicado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, que han concretado que la reunión se ha fijado para el próximo 29 de febrero, a las 17:00 horas, en la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en Madrid, y que han apuntado que aprecian «buena predisposición» por parte del Ministerio para abordar la ejecución del fallo del TS.
Cabe recordar que ya este viernes el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente anunció que colaborará con la Junta de Andalucía en la demolición del hotel El Algarrobico y la posterior restauración del enclave, aunque subrayó que la competencia en este caso es autonómica, puesto que la infraestructura hotelera se ubica en zona de servidumbre de protección.
Así, el Ministerio «reafirmó su compromiso» para devolver la zona a su estado anterior al inicio de las obras del hotel en 2003, según se acordó entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía en 2012, tras encomendar a Tragsa en 2012 la realización de un estudio sobre las actuaciones necesarias para demoler y restaurar la zona. Este estudio presupuestó el proyecto en 7,17 millones de euros.
Entonces, en 2012, el Gobierno y la Junta de Andalucía acordaron realizar la demolición «conjuntamente», en caso de que los tribunales establecieran que procedía tal derribo, según informó el Ejecutivo.
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio también subrayó este viernes la vigencia del protocolo de actuación suscrito en 2012 entre la administración andaluza y el por entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, mediante el cual, en caso de sentencia judicial que respaldara la demolición del hotel de Azata del Sol, el Estado asumiría el coste del derribo y la Junta el de la restauración del entorno.
