Los ediles retiraron las acciones legales emprendidas contra ellos y contra el socio privado, KeyMare Lanzarote, tras recuperar el control de la mercantil en las últimas elecciones municipales
 |
| De izquierda a derecha: Francisco Vázquez (PA), Isabel de Haro (PSOE) y Féliz López (PA). |
EUROPA PRESS / 12·02·2016
El Juzgado de Instrucción número 3 de Vera ha ordenado la apertura de diligencias previas para determinar si el alcalde de Vera, Félix López (PA), tres de sus ediles y dos miembros del consejo de administración de la empresa mixta Codeur —encargada del abastecimiento de agua en la localidad—, han incurrido en un presunto delito de prevaricación después de que, tras recuperar la representación de la empresa en las últimas elecciones municipales, acordarán desistir de determinadas acciones judiciales que la mercantil había iniciado contras sus personas, y en las que se denunciaba un perjuicio económico cercano al millón de euros.
Según el auto del pasado 26 de enero, se estima la querella presentada por los miembros del PP de Vera y se llama a declarar en calidad de investigados —el próximo 21 de marzo a partir de las 11:00 horas—, tanto al regidor veratense como a los concejales Francisco Vázquez, Pedro Francisco Gallardo y María Isabel de Haro, así como a G.S.G. y a D.G.M., quienes formaban parte del consejo de administración de Codeur.
Las diligencias están destinadas a esclarecer si los ediles habrían incurrido en un delito de prevaricación al haber aprobado en pleno extraordinario el nombramiento López, Vázquez y Gallardo como miembros del consejo de administración de Codeur para que, al día siguiente y en el seno de esta entidad, acordaran la desestimación de las demandas y procedimientos en los que ellos aparecían como denunciados por decisiones adoptadas antes de 2011. Estos procedimientos, cabe señalar, se iniciaron durante la etapa de gobierno popular, que ostentó la Alcaldía entre 2011 y 2015.
La querella plantea investigar a los miembros del consejo de administración de Codeur para determinar si habrían adoptado un acuerdo «abusivo» con el fin de «obtener un beneficio propio» o al menos, en perjuicio de la propia entidad a la que representan.
En concreto, según la querella aceptada por la juez instructora, la junta general de Codeur celebrada el día después del nombramiento de nuevos cargos en pleno, aprobó desistir de la acción de responsabilidad social iniciada durante la etapa popular contra el ahora alcalde y los ediles, así como del procedimiento de reclamación de cantidad interpuesto contra KeyMare Lanzarote, a la que se concedió un préstamo cercano a los 500.000 euros que no fue devuelto.
En esta línea, la juez solicita los autos derivados del procedimiento seguido en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vera, donde se interpuso una demanda de reclamación de cantidad por parte de Codeur después de que esta librara un préstamo a la sociedad KeyMare Lanzarote de 459.215 euros en 2011, y cuyo importe no fue devuelto en el plazo de un año, según lo acordado.
La querella señala que en este préstamo intervinieron como representantes de Codeur los consejeros delegados Francisco Vázquez y G.S.G., este último a su vez, consejero delegado de la empresa a la que se hacía el préstamo, por lo que, según los querellantes, pudo existir un «conflicto de intereses».
Contrato de alta dirección
Asimismo, apuntan a que esta operación «excedía de las facultades» que corresponden a los consejeros delegados de Codeur, puesto que solo tenían capacidad para disponer de decisiones cuyo montante económico no superara los 180.000 euros.
En esta misma línea, la querella también acusa a Vázquez y a López de haberse excedido en sus facultades al haber formalizado un contrato de alta dirección en abril de 2008, que finalizó con un despido disciplinario por el que hubo de pagarse una indemnización de 235.000 euros en perjuicio de Codeur.
En relación al préstamo no devuelto a la sociedad KeyMare Lanzarote, Codeur terminó imponiendo una demanda de reclamación de cantidad en marzo de 2013 en la que además se solicitaron, como medidas cautelares, que se averiguara la capacidad de la empresa para responder a sus deudas. Así, se determinó que dicha sociedad no tenía bienes suficientes para hacer frente a la cantidad por la que pudiera ser condenada en su día.
Además de estos aspectos, la querella estimada por la juez apunta a un reparto de dividendos que tuvo lugar en septiembre de 2010 en el que, según los querellantes, «no se cuantificaba» el importe a repartir, de forma que dicho reparto «se adoptó sin consideración alguna a la caja de la sociedad» y «con grave riesgo de que quedara descapitalizada», lo que ponía «en peligro» la prestación del servicio de agua.
Con todos estos indicios, desde Codeur se iniciaron acciones legales contra el actual alcalde, el edil y G.S.G., según se acordó en la junta general de la compañía en marzo de 2015 —con anterioridad a las elecciones municipales—, al considerar que durante su etapa de gestión se había causado un perjuicio patrimonial de 905.506 euros. Esta demanda dio lugar a un proceso en el Juzgado de lo Mercantil, cuyos autos también han sido solicitados por la juez en su auto de diligencias previas.
La magistrada, que declara el procedimiento de «especial complejidad» en relación a los hechos denunciados, cita asimismo a declarara como testigos al exgerente de Codeur y al exdirector financiero de la compañía, y solicita las actas de pleno del Ayuntamiento de Vera en el que se aprobaron los nombramientos, así como el acta de la junta general extraordinaria de la compañía en la que los nuevos cargos acordaron desistir de las denuncias formuladas bajo la gestión del anterior equipo de gobierno.
Según el auto del pasado 26 de enero, se estima la querella presentada por los miembros del PP de Vera y se llama a declarar en calidad de investigados —el próximo 21 de marzo a partir de las 11:00 horas—, tanto al regidor veratense como a los concejales Francisco Vázquez, Pedro Francisco Gallardo y María Isabel de Haro, así como a G.S.G. y a D.G.M., quienes formaban parte del consejo de administración de Codeur.
Las diligencias están destinadas a esclarecer si los ediles habrían incurrido en un delito de prevaricación al haber aprobado en pleno extraordinario el nombramiento López, Vázquez y Gallardo como miembros del consejo de administración de Codeur para que, al día siguiente y en el seno de esta entidad, acordaran la desestimación de las demandas y procedimientos en los que ellos aparecían como denunciados por decisiones adoptadas antes de 2011. Estos procedimientos, cabe señalar, se iniciaron durante la etapa de gobierno popular, que ostentó la Alcaldía entre 2011 y 2015.
La querella plantea investigar a los miembros del consejo de administración de Codeur para determinar si habrían adoptado un acuerdo «abusivo» con el fin de «obtener un beneficio propio» o al menos, en perjuicio de la propia entidad a la que representan.
En concreto, según la querella aceptada por la juez instructora, la junta general de Codeur celebrada el día después del nombramiento de nuevos cargos en pleno, aprobó desistir de la acción de responsabilidad social iniciada durante la etapa popular contra el ahora alcalde y los ediles, así como del procedimiento de reclamación de cantidad interpuesto contra KeyMare Lanzarote, a la que se concedió un préstamo cercano a los 500.000 euros que no fue devuelto.
En esta línea, la juez solicita los autos derivados del procedimiento seguido en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vera, donde se interpuso una demanda de reclamación de cantidad por parte de Codeur después de que esta librara un préstamo a la sociedad KeyMare Lanzarote de 459.215 euros en 2011, y cuyo importe no fue devuelto en el plazo de un año, según lo acordado.
La querella señala que en este préstamo intervinieron como representantes de Codeur los consejeros delegados Francisco Vázquez y G.S.G., este último a su vez, consejero delegado de la empresa a la que se hacía el préstamo, por lo que, según los querellantes, pudo existir un «conflicto de intereses».
Contrato de alta dirección
Asimismo, apuntan a que esta operación «excedía de las facultades» que corresponden a los consejeros delegados de Codeur, puesto que solo tenían capacidad para disponer de decisiones cuyo montante económico no superara los 180.000 euros.
En esta misma línea, la querella también acusa a Vázquez y a López de haberse excedido en sus facultades al haber formalizado un contrato de alta dirección en abril de 2008, que finalizó con un despido disciplinario por el que hubo de pagarse una indemnización de 235.000 euros en perjuicio de Codeur.
En relación al préstamo no devuelto a la sociedad KeyMare Lanzarote, Codeur terminó imponiendo una demanda de reclamación de cantidad en marzo de 2013 en la que además se solicitaron, como medidas cautelares, que se averiguara la capacidad de la empresa para responder a sus deudas. Así, se determinó que dicha sociedad no tenía bienes suficientes para hacer frente a la cantidad por la que pudiera ser condenada en su día.
Además de estos aspectos, la querella estimada por la juez apunta a un reparto de dividendos que tuvo lugar en septiembre de 2010 en el que, según los querellantes, «no se cuantificaba» el importe a repartir, de forma que dicho reparto «se adoptó sin consideración alguna a la caja de la sociedad» y «con grave riesgo de que quedara descapitalizada», lo que ponía «en peligro» la prestación del servicio de agua.
Con todos estos indicios, desde Codeur se iniciaron acciones legales contra el actual alcalde, el edil y G.S.G., según se acordó en la junta general de la compañía en marzo de 2015 —con anterioridad a las elecciones municipales—, al considerar que durante su etapa de gestión se había causado un perjuicio patrimonial de 905.506 euros. Esta demanda dio lugar a un proceso en el Juzgado de lo Mercantil, cuyos autos también han sido solicitados por la juez en su auto de diligencias previas.
La magistrada, que declara el procedimiento de «especial complejidad» en relación a los hechos denunciados, cita asimismo a declarara como testigos al exgerente de Codeur y al exdirector financiero de la compañía, y solicita las actas de pleno del Ayuntamiento de Vera en el que se aprobaron los nombramientos, así como el acta de la junta general extraordinaria de la compañía en la que los nuevos cargos acordaron desistir de las denuncias formuladas bajo la gestión del anterior equipo de gobierno.
