A fin de investigar dos adjudicaciones otorgadas a las empresas Obras y Servicios Públicos (OSEPSA) y Olumafi, además de un contrato de arrendamiento con un particular
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| Antonio Martínez (PP), durante una reunión de Diputación. | Archivo. |
EUROPA PRESS / 08·02·2016
La Fiscalía ha solicitado que la apertura de tres procedimientos penales para investigar presuntas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de Olula del Río, bajo mandato del 'popular' Antonio Martínez, y ha pedido que se declaren complejos para ampliar la instrucción a 18 meses debido a las periciales que deben incorporarse y a la existencia de «varias personas» investigadas.
La resolución, que deriva de la denuncia interpuesta por el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento, pide la práctica de diligencias para comprobar si se incurrió en supuestos delitos contra la administración pública y falsedad en la ejecución de una obra, en la adjudicación de un contrato y en la firma de un contrato de arrendamiento con un particular.
En primer lugar, el Ministerio Público aprecia presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de alquiler por parte del regidor con un particular «sobre un paraje municipal», y que habría suscrito pese a los «dictámenes contrarios» tanto del secretario municipal como del interventor.
Así, el fiscal insta al Juzgado de Instrucción de Purchena que solicite copia del expediente administrativo, y que tome declaración en calidad de testigos a ambos funcionarios públicos «para ver si mantienen o no sus informes, si los complementan o si amplían el alcance de los reparos puestos». Añade además que, a resultas de las anteriores, se tome declaración como investigado a Antonio Martínez.
La denuncia de la Fiscalía considera que también debe abrirse causa penal para indagar el proceso de adjudicación por parte del Ayuntamiento de Olula del Río de un contrato de obra para la mejora de la eficiencia energética del municipio a la mercantil Obras y Servicios Públicos SA (OSEPSA).
«Restricciones a la libre concurrencia»
En concreto, señala que la citada empresa «pudo haber intervenido en la elaboración del proyecto o las condiciones técnicas para la adjudicación de la obra» y que, por ende, «otras mercantiles que concurrieron al proceso de adjudicación pudieron ser indebidamente apartadas del mismo».
En este procedimiento penal pide que se requiera al secretario municipal copia del expediente administrativo y que informe, asimismo, «sobre si los reparos que puso en la tramitación del expediente relativos a la intervención de la mercantil adjudicataria en los trabajos previos al inicio del proceso, pudo provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado respecto al resto de empresas licitadoras en los términos a que se refiere el artículo 56.1 de la Ley de Contratos del Sector público».
Por último, el Ministerio Fiscal solicita al juzgado instructor la incoación de diligencias previas para investigar si se ejecutó la adecuación de un espacio público, específicamente una rotonda, con cargo a los Planes Provinciales por la mercantil Olumafi SL «con carácter previo a la adjudicación de la obra a la referida mercantil».
Entre las pruebas a prácticas, interesa que se oficie a la Unidad Orgánica de Policía Judicial para que, «aportando al atestado los expedientes administrativos que se debieron incoar tanto en la Diputación Provincial como en el Ayuntamiento, acredite los hechos sucedidos y posibles irregularidades cometidas, y en su caso, responsable de las mismas».
Asimismo, en la denuncia, que adjunta 311 folios de documentación, pide las complementarias y derivadas de las anteriores, en particular, la declaración de los investigados de confirmar en la anterior diligencia la existencia de indicios racionales de criminalidad.
La resolución, que deriva de la denuncia interpuesta por el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento, pide la práctica de diligencias para comprobar si se incurrió en supuestos delitos contra la administración pública y falsedad en la ejecución de una obra, en la adjudicación de un contrato y en la firma de un contrato de arrendamiento con un particular.
En primer lugar, el Ministerio Público aprecia presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de alquiler por parte del regidor con un particular «sobre un paraje municipal», y que habría suscrito pese a los «dictámenes contrarios» tanto del secretario municipal como del interventor.
Así, el fiscal insta al Juzgado de Instrucción de Purchena que solicite copia del expediente administrativo, y que tome declaración en calidad de testigos a ambos funcionarios públicos «para ver si mantienen o no sus informes, si los complementan o si amplían el alcance de los reparos puestos». Añade además que, a resultas de las anteriores, se tome declaración como investigado a Antonio Martínez.
La denuncia de la Fiscalía considera que también debe abrirse causa penal para indagar el proceso de adjudicación por parte del Ayuntamiento de Olula del Río de un contrato de obra para la mejora de la eficiencia energética del municipio a la mercantil Obras y Servicios Públicos SA (OSEPSA).
«Restricciones a la libre concurrencia»
En concreto, señala que la citada empresa «pudo haber intervenido en la elaboración del proyecto o las condiciones técnicas para la adjudicación de la obra» y que, por ende, «otras mercantiles que concurrieron al proceso de adjudicación pudieron ser indebidamente apartadas del mismo».
En este procedimiento penal pide que se requiera al secretario municipal copia del expediente administrativo y que informe, asimismo, «sobre si los reparos que puso en la tramitación del expediente relativos a la intervención de la mercantil adjudicataria en los trabajos previos al inicio del proceso, pudo provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado respecto al resto de empresas licitadoras en los términos a que se refiere el artículo 56.1 de la Ley de Contratos del Sector público».
Por último, el Ministerio Fiscal solicita al juzgado instructor la incoación de diligencias previas para investigar si se ejecutó la adecuación de un espacio público, específicamente una rotonda, con cargo a los Planes Provinciales por la mercantil Olumafi SL «con carácter previo a la adjudicación de la obra a la referida mercantil».
Entre las pruebas a prácticas, interesa que se oficie a la Unidad Orgánica de Policía Judicial para que, «aportando al atestado los expedientes administrativos que se debieron incoar tanto en la Diputación Provincial como en el Ayuntamiento, acredite los hechos sucedidos y posibles irregularidades cometidas, y en su caso, responsable de las mismas».
Asimismo, en la denuncia, que adjunta 311 folios de documentación, pide las complementarias y derivadas de las anteriores, en particular, la declaración de los investigados de confirmar en la anterior diligencia la existencia de indicios racionales de criminalidad.
