El tribunal declara no urbanizables los terrenos del hotel entre el júbilo de los ecologistas y el lamento del alcalde de Carboneras
Hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras. | Europa Press. |
EUROPA PRESS / 18·02·2016
El Tribunal Supremo (TS) ha estimado los recursos de Greenpeace España y de la Junta de Andalucía contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre el hotel de Azata ubicado en El Algarrobico, en la costa de Carboneras, y ha declarado que la zona en la que se ubica es un área ambientalmente protegida y no un área urbanizable.
La decisión se ha dado a conocer este jueves tras dos semanas de deliberación en el órgano del Alto Tribunal, y después de que el TSJA hubiera emitido dos sentencias contradictorias al respecto, de forma que con este fallo se anula el segundo pronunciamiento que rebajaba la zona de protección en la que se asienta el hotel de 411 habitaciones y 20 plantas.
El tribunal ha señalado que la zonificación correcta, según el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del parque natural de Cabo de Gata-Níjar (PORN), para el paraje en el que se levantó el hotel es la correspondiente a la 'C1', es decir, la de área ambientalmente protegida, tal y como había señalado la Sección Primera del TSJA en junio de 2012, y rechaza incluir el espacio en zonificación 'D2', que es la designada para las áreas urbanizables carentes de interés ambiental protegido.
En 2012, la Sección Primera del Alto Tribunal andaluz concluyó que el paraje ST-1 en el que se enmarca El Algarrobico se localiza en zona 'C1' o de interés general y, por tanto, no urbanizable de acuerdo a la normativa ambiental de 1994, derogada en 2008, que regía el parque natural de Cabo de Gata-Níjar cuando se construyó el hotel.
A raíz de este pronunciamiento, la Junta de Andalucía publicó a través del BOJA la modificación que devolvía la protección del suelo a los parámetros de 1994, de forma que si bien la normativa ambiental se cambió en este sentido, permanece vigente.
El fallo fundamenta así que «no puede seguir sosteniéndose que la zonificación de 2008 se funda en la preexistente en 1994», ya que, según las conclusiones a las que llega el tribunal, «tal zonificación era 'C1', conclusión que justificaría aplicar, por el contrario, el denominado principio de no regresión».
Así, el Alto Tribunal destaca que la existencia de valores naturales en la zona no ha sido «rebatida ni desvirtuada» a través de la segunda sentencia del TSJA, y sostiene que la existencia de valores de especial protección en los terrenos viene avalada por el hecho de que la Administración los incluyera de forma «plenamente consciente» en la normativa ambiental.
Hipótesis «ociosa»
Concluye a partir de esto que la hipótesis por la que la Sala Tercera de Granada dictó el que el suelo era urbanizable «resulta ociosa», puesto que «descansa en el argumento de que la inclusión de la finca en la documentación gráfica del PORN se debió a su clasificación formal en las Normas Subsidiarias de Carboneras como suelo no urbanizable, cuando debió ser urbanizable, como confirmaron posteriormente las resoluciones judiciales, de forma tal que si su clasificación formal hubiera sido la de urbanizable no se hubieran incluido en el PORN».
Cabe recordar que, en la actualidad, la licencia municipal de obras concedida en 2003 es legal en virtud de la sentencia firme de julio de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Por otro lado, el Supremo respalda la validez del derecho de retracto que la Junta ejerció en 2006 sobre las fincas del Algarrobico por 2,3 millones de euros, y desestima así los dos recursos interpuestos por la promotora contra sendas resoluciones del TSJA, aunque cabe recordar que ya hay un pronunciamiento en firme en este sentido y que la Junta ha intentado ejecutar en, al menos, dos ocasiones.
El Alto Tribunal andaluz denegó por segunda vez el pasado mes de diciembre a la Junta de Andalucía —la primera de ellas fue en junio— el «auxilio judicial» que le pidió para hacer efectivo el retracto, y rechazó darle «autorización de entrada» para «tomar posesión de la finca» sobre la que se levanta el hotel, al tiempo que le instaba a acudir a la vía civil.
A la hora de pronunciarse sobre si el derecho de retracto del Gobierno andaluz fue o no conforme a derecho, el Alto Tribunal no tuvo dudas en 2013. Lo respaldó en hasta tres sentencias dado el «notorio interés medioambiental» del paraje, bajo la protección de «seis figuras conservacionistas europeas».
La promotora de la edificación recurrió dos de ellas. El Ayuntamiento no lo hizo y el fallo en el que era parte devino en firme, lo que sirvió a la Junta para solicitar su ejecución, fallida, por lo que deberá recurrir a la vía civil.
Sin pronunciamiento sobre la responsabilidad patrimonial
Pero el futuro del hotel de El Algarrobico no se dirime únicamente en el Tribunal Supremo, que en estos últimos pronunciamientos ha declinado entrar en la exigencia de responsabilidades patrimoniales, por cuanto las mismas penden ante la Salas de lo Contencioso de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En concreto, la Audiencia Nacional tramita en un único procedimiento las tres demandas por responsabilidad patrimonial elevadas por Azata del Sol contra el Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento; y en las que reclama una indemnización de 70 millones de euros para resarcir los «daños y perjuicios» derivados de lo que considera un «anormal funcionamiento» de la administración.
Azata del Sol cuantifica la responsabilidad patrimonial de Estado, Junta y Ayuntamiento carbonero, conjunta y de manera solidaria, en 70.042.712 euros, cifra que incluye un cinco por ciento por daño moral según la tasación realizada por la sociedad Tinsa de acuerdo no solo al valor del suelo y del hotel, sino también teniendo en cuenta «el daño moral, material y el descrédito empresarial» a la mercantil.
Algarabía ecologista
La alegría de las organizaciones ecologistas por este fallo no se ha hecho esperar, multiplicando los comunicados de enhorabuena durante la tarde de este jueves.
Así, Greenpeace ha manifestado su júbilo y ha reclamado al Gobierno en funciones la inmediata demolición del hotel, así como la restauración del entorno.
La responsable del programa de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha recordado que fue su organización la que recurrió al Tribunal Supremo para que dilucidara la cuestión, después de las sentencias contradictorias del TSJA.
«Para nosotros se cierra una historia de 11 años de lucha y media docena de acciones en el hotel», ha declarado Marcos que ha añadido que «ahora le toca» al Gobierno en funciones y a la Junta de Andalucía poner en marcha el protocolo de demolición que ambas instituciones firmaron en 2011 y en el que se comprometen a demoler el hotel y a restaurar el entorno del parque natural.
La ecologista ha asegurado asimismo que «se han visto lágrimas en la oficina» por el respaldo que supone la sentencia del Tribunal Supremo a «un símbolo como es el Algarrobico», en un momento en el que la ONG observa con preocupación «retrocesos en la protección ambiental».
En definitiva, ha asegurado que el hotel puede ya ser demolido y desaparecer para iniciar el plan de recuperación. A su juicio «cualquier gobierno por el cambio debe apostar por cambiar el modelo urbanístico y reforzar la protección ambiental» en España.
Salvemos Mojácar también ha querido saludar la sentencia del Tribunal Supremo y ha expresado su confianza en que las sentencias futuras no den lugar a que las instituciones deben pagar indemnizaciones a esa promotora.
«Era lo que esperábamos, está bien», ha asegurado su portavoz, Jaime del Val, quien no ha ocultado su deseo de que las futuras sentencias por las demandas de responsabilidad patrimonial que ha presentado Azata del Sol nieguen cualquier tipo de indemnización a la promotora.
Del Val ha exigido a las administraciones que «acaten la ley» y que «no negocien lo más mínimo la indemnización» porque solo faltaría que al coste que supondrá la demolición de la construcción haya que sumar indemnizaciones para la promotora del edificio.
Por su parte, la organización ecologista SEO/BirdLife ha celebrado que «por fin» el Tribunal Supremo, después de más de 10 años, haya aclarado «lo evidente» respecto al hotel El Algarrobico: «que nunca debió construirse».
Así, la directora ejecutiva de la ONG, Asunción Ruiz, ha calificado de «lamentable» que una cuestión que «debía ser meridiana para autoridades y constructores», como es el límite de una zona protegida, deba ser dirimida diez años después por el Alto Tribunal tras un camino «largo y en ocasiones incomprensible».
Ruiz ha añadido que ahora queda pendiente conocer las responsabilidades patrimoniales que se derivan del caso y «lo más importante», que es resolver la ejecución de la sentencia.
Por ello, estima que al Algarrobico «deben quedarle los días contados» y reclama que la zona recupere su valor ambiental perdido. «Estas medidas llegan tarde y no se pueden demorar más», ha sentenciado.
Izquierda Unida también ha querido expresar su satisfacción por la sentencia, y ha anunciado que en el próximo Pleno del Parlamento andaluz su grupo interpelará al consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, «para que nos diga cuál es el calendario para la demolición del hotel y de restauración de paraje natural».
En un comunicado, el portavoz parlamentario en materia de Medio Ambiente de IU, José Antonio Castro ha recordado que en la anterior legislatura «dejamos todo listo para que la Junta actúe con un plan de empleo para su demolición, solo faltaba el pronunciamiento del Tribunal Supremo y ya lo tenemos».
Esta decisión «cercena el futuro de la comarca»
El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha lamentado la decisión adoptada por el Tribunal Supremo, y ha asegurado que con este fallo se «cercena el futuro esperanzado de la comarca».
El regidor, quien siempre ha defendido la legalidad del hotel y ha apostado por su apertura para dinamizar la economía local, ha declarado que al final el inmueble «no ha traído ni riqueza ni bienestar» al municipio, de manera que ahora se quedará como «algo estéril».
«Los ciudadanos y los potenciales trabajadores no entienden de sentencias, si no que ven un establecimiento que estaba prácticamente terminado, que se paralizó y que ha hecho un daño terrible» ha apuntado el primer edil carbonero, quien ha destacado que «mediáticamente» el hotel también ha sido perjudicial para el pueblo.
Hernández, quien ha recordado que dentro de tres días se cumplirán diez años desde que se paralizaron las obras, se ha preguntado qué pasará ahora con el edificio, que cuenta con una licencia de obras declarada legal por el tribunal. «Una cosa es la sentencia y otra es el derribo, yo creo que esto va para largo», ha opinado.
Igualmente, ha explicado que aún «quedan muchas cosas por decidir» sobre este asunto, como «una potencial indemnización a la empresa» o «de quién es el terreno» sobre el que se asienta el inmueble.
La decisión se ha dado a conocer este jueves tras dos semanas de deliberación en el órgano del Alto Tribunal, y después de que el TSJA hubiera emitido dos sentencias contradictorias al respecto, de forma que con este fallo se anula el segundo pronunciamiento que rebajaba la zona de protección en la que se asienta el hotel de 411 habitaciones y 20 plantas.
El tribunal ha señalado que la zonificación correcta, según el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del parque natural de Cabo de Gata-Níjar (PORN), para el paraje en el que se levantó el hotel es la correspondiente a la 'C1', es decir, la de área ambientalmente protegida, tal y como había señalado la Sección Primera del TSJA en junio de 2012, y rechaza incluir el espacio en zonificación 'D2', que es la designada para las áreas urbanizables carentes de interés ambiental protegido.
En 2012, la Sección Primera del Alto Tribunal andaluz concluyó que el paraje ST-1 en el que se enmarca El Algarrobico se localiza en zona 'C1' o de interés general y, por tanto, no urbanizable de acuerdo a la normativa ambiental de 1994, derogada en 2008, que regía el parque natural de Cabo de Gata-Níjar cuando se construyó el hotel.
A raíz de este pronunciamiento, la Junta de Andalucía publicó a través del BOJA la modificación que devolvía la protección del suelo a los parámetros de 1994, de forma que si bien la normativa ambiental se cambió en este sentido, permanece vigente.
El fallo fundamenta así que «no puede seguir sosteniéndose que la zonificación de 2008 se funda en la preexistente en 1994», ya que, según las conclusiones a las que llega el tribunal, «tal zonificación era 'C1', conclusión que justificaría aplicar, por el contrario, el denominado principio de no regresión».
Así, el Alto Tribunal destaca que la existencia de valores naturales en la zona no ha sido «rebatida ni desvirtuada» a través de la segunda sentencia del TSJA, y sostiene que la existencia de valores de especial protección en los terrenos viene avalada por el hecho de que la Administración los incluyera de forma «plenamente consciente» en la normativa ambiental.
Hipótesis «ociosa»
Concluye a partir de esto que la hipótesis por la que la Sala Tercera de Granada dictó el que el suelo era urbanizable «resulta ociosa», puesto que «descansa en el argumento de que la inclusión de la finca en la documentación gráfica del PORN se debió a su clasificación formal en las Normas Subsidiarias de Carboneras como suelo no urbanizable, cuando debió ser urbanizable, como confirmaron posteriormente las resoluciones judiciales, de forma tal que si su clasificación formal hubiera sido la de urbanizable no se hubieran incluido en el PORN».
Cabe recordar que, en la actualidad, la licencia municipal de obras concedida en 2003 es legal en virtud de la sentencia firme de julio de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Por otro lado, el Supremo respalda la validez del derecho de retracto que la Junta ejerció en 2006 sobre las fincas del Algarrobico por 2,3 millones de euros, y desestima así los dos recursos interpuestos por la promotora contra sendas resoluciones del TSJA, aunque cabe recordar que ya hay un pronunciamiento en firme en este sentido y que la Junta ha intentado ejecutar en, al menos, dos ocasiones.
El Alto Tribunal andaluz denegó por segunda vez el pasado mes de diciembre a la Junta de Andalucía —la primera de ellas fue en junio— el «auxilio judicial» que le pidió para hacer efectivo el retracto, y rechazó darle «autorización de entrada» para «tomar posesión de la finca» sobre la que se levanta el hotel, al tiempo que le instaba a acudir a la vía civil.
A la hora de pronunciarse sobre si el derecho de retracto del Gobierno andaluz fue o no conforme a derecho, el Alto Tribunal no tuvo dudas en 2013. Lo respaldó en hasta tres sentencias dado el «notorio interés medioambiental» del paraje, bajo la protección de «seis figuras conservacionistas europeas».
La promotora de la edificación recurrió dos de ellas. El Ayuntamiento no lo hizo y el fallo en el que era parte devino en firme, lo que sirvió a la Junta para solicitar su ejecución, fallida, por lo que deberá recurrir a la vía civil.
Sin pronunciamiento sobre la responsabilidad patrimonial
Pero el futuro del hotel de El Algarrobico no se dirime únicamente en el Tribunal Supremo, que en estos últimos pronunciamientos ha declinado entrar en la exigencia de responsabilidades patrimoniales, por cuanto las mismas penden ante la Salas de lo Contencioso de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En concreto, la Audiencia Nacional tramita en un único procedimiento las tres demandas por responsabilidad patrimonial elevadas por Azata del Sol contra el Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento; y en las que reclama una indemnización de 70 millones de euros para resarcir los «daños y perjuicios» derivados de lo que considera un «anormal funcionamiento» de la administración.
Azata del Sol cuantifica la responsabilidad patrimonial de Estado, Junta y Ayuntamiento carbonero, conjunta y de manera solidaria, en 70.042.712 euros, cifra que incluye un cinco por ciento por daño moral según la tasación realizada por la sociedad Tinsa de acuerdo no solo al valor del suelo y del hotel, sino también teniendo en cuenta «el daño moral, material y el descrédito empresarial» a la mercantil.
Algarabía ecologista
La alegría de las organizaciones ecologistas por este fallo no se ha hecho esperar, multiplicando los comunicados de enhorabuena durante la tarde de este jueves.
Así, Greenpeace ha manifestado su júbilo y ha reclamado al Gobierno en funciones la inmediata demolición del hotel, así como la restauración del entorno.
La responsable del programa de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha recordado que fue su organización la que recurrió al Tribunal Supremo para que dilucidara la cuestión, después de las sentencias contradictorias del TSJA.
«Para nosotros se cierra una historia de 11 años de lucha y media docena de acciones en el hotel», ha declarado Marcos que ha añadido que «ahora le toca» al Gobierno en funciones y a la Junta de Andalucía poner en marcha el protocolo de demolición que ambas instituciones firmaron en 2011 y en el que se comprometen a demoler el hotel y a restaurar el entorno del parque natural.
La ecologista ha asegurado asimismo que «se han visto lágrimas en la oficina» por el respaldo que supone la sentencia del Tribunal Supremo a «un símbolo como es el Algarrobico», en un momento en el que la ONG observa con preocupación «retrocesos en la protección ambiental».
En definitiva, ha asegurado que el hotel puede ya ser demolido y desaparecer para iniciar el plan de recuperación. A su juicio «cualquier gobierno por el cambio debe apostar por cambiar el modelo urbanístico y reforzar la protección ambiental» en España.
Salvemos Mojácar también ha querido saludar la sentencia del Tribunal Supremo y ha expresado su confianza en que las sentencias futuras no den lugar a que las instituciones deben pagar indemnizaciones a esa promotora.
«Era lo que esperábamos, está bien», ha asegurado su portavoz, Jaime del Val, quien no ha ocultado su deseo de que las futuras sentencias por las demandas de responsabilidad patrimonial que ha presentado Azata del Sol nieguen cualquier tipo de indemnización a la promotora.
Del Val ha exigido a las administraciones que «acaten la ley» y que «no negocien lo más mínimo la indemnización» porque solo faltaría que al coste que supondrá la demolición de la construcción haya que sumar indemnizaciones para la promotora del edificio.
Por su parte, la organización ecologista SEO/BirdLife ha celebrado que «por fin» el Tribunal Supremo, después de más de 10 años, haya aclarado «lo evidente» respecto al hotel El Algarrobico: «que nunca debió construirse».
Así, la directora ejecutiva de la ONG, Asunción Ruiz, ha calificado de «lamentable» que una cuestión que «debía ser meridiana para autoridades y constructores», como es el límite de una zona protegida, deba ser dirimida diez años después por el Alto Tribunal tras un camino «largo y en ocasiones incomprensible».
Ruiz ha añadido que ahora queda pendiente conocer las responsabilidades patrimoniales que se derivan del caso y «lo más importante», que es resolver la ejecución de la sentencia.
Por ello, estima que al Algarrobico «deben quedarle los días contados» y reclama que la zona recupere su valor ambiental perdido. «Estas medidas llegan tarde y no se pueden demorar más», ha sentenciado.
Izquierda Unida también ha querido expresar su satisfacción por la sentencia, y ha anunciado que en el próximo Pleno del Parlamento andaluz su grupo interpelará al consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, «para que nos diga cuál es el calendario para la demolición del hotel y de restauración de paraje natural».
En un comunicado, el portavoz parlamentario en materia de Medio Ambiente de IU, José Antonio Castro ha recordado que en la anterior legislatura «dejamos todo listo para que la Junta actúe con un plan de empleo para su demolición, solo faltaba el pronunciamiento del Tribunal Supremo y ya lo tenemos».
Esta decisión «cercena el futuro de la comarca»
El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha lamentado la decisión adoptada por el Tribunal Supremo, y ha asegurado que con este fallo se «cercena el futuro esperanzado de la comarca».
El regidor, quien siempre ha defendido la legalidad del hotel y ha apostado por su apertura para dinamizar la economía local, ha declarado que al final el inmueble «no ha traído ni riqueza ni bienestar» al municipio, de manera que ahora se quedará como «algo estéril».
«Los ciudadanos y los potenciales trabajadores no entienden de sentencias, si no que ven un establecimiento que estaba prácticamente terminado, que se paralizó y que ha hecho un daño terrible» ha apuntado el primer edil carbonero, quien ha destacado que «mediáticamente» el hotel también ha sido perjudicial para el pueblo.
Hernández, quien ha recordado que dentro de tres días se cumplirán diez años desde que se paralizaron las obras, se ha preguntado qué pasará ahora con el edificio, que cuenta con una licencia de obras declarada legal por el tribunal. «Una cosa es la sentencia y otra es el derribo, yo creo que esto va para largo», ha opinado.
Igualmente, ha explicado que aún «quedan muchas cosas por decidir» sobre este asunto, como «una potencial indemnización a la empresa» o «de quién es el terreno» sobre el que se asienta el inmueble.