El Juzgado de Instrucción ha citado a Clemente García y al funcionario imputado a una comparecencia señalada para el próximo día 23 de noviembre
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| Juzgados en la Ciudad de la Justicia de Almería. |
EUROPA PRESS / 18·11·2015
El Juzgado de Instrucción 1 de Almería ha acordado que el juicio del caso 'Cheques' por la presunta malversación de unos 300.000 euros de una cuenta corriente de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se celebre por la Ley del Jurado. Así, ha citado a los dos imputados, Clemente García —exdelegado provincial socialista— y el funcionario Miguel G.L. a una comparecencia señalada para el próximo día 23.
El auto, que estima que concurren indicios suficientes de la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos, llega después de que se hayan completado las últimas diligencias ordenadas, en concreto, un informe ampliatorio que ofició el juzgado instructor para indagar en su patrimonio del funcionario, y por cuyas conclusiones, tuvo que prestar una nueva declaración con asistencia letrada en sede judicial el pasado 22 de octubre.
La comparecencia, que tendrá lugar a las 10:00 horas, servirá para concretar a los encausados la imputación por la que la juez propone que vayan a juicio con jurado popular, además de dar traslado a las partes para que soliciten nuevas diligencias de prueba si lo estiman oportuno, según han informado fuentes jurídicas.
Según lo que ha trascendido de la instrucción, de la cuenta investigada, sin fiscalizar y en la que se ingresaba el canon forestal que se cobra a cazadores, madereros y particulares, se retiraron «paulatinamente» cheques por diversas cuantías. Un 85% de la recaudación obtenida por esta tasa revertía en los ayuntamientos, mientras que el 15% iba a parar a las arcas de la administración autonómica.
La mayor parte de las disposiciones se habrían efectuado por cantidades inferiores a 3.000 euros para «burlar el control de la Agencia Tributaria», y muchas de extracciones habrían tenido lugar «el mismo día» y «a intervalos de escasos minutos» sin que, al parecer, en los cheques depositados «se hiciera constar en el reverso la identidad o el DNI del individuo que disponía de dicha suma económica», aunque los testigos de la entidad financiera habrían identificado a Miguel G.L. como la persona que cobraba esos cheques.
Así, la instrucción apuntaría fundamentalmente al funcionario, sobre todo a raíz de esta última pericial aportada a la causa que señala, en la primera remesa de 'cheques' de 2009, «correspondencias» entre las cantidades cobradas en efectivo con cargo a la cuenta autonómica y los ingresos realizados con poca diferencia en el tiempo por Miguel G.L. en cuentas de las que era titular. A eso se une que las disposiciones también se prolongaron en el tiempo con diferentes personas al frente de la Delegación Provincial de Medio Ambiente y él como supuesto «denominador común».
Tribunal de Cuentas
Paralelamente, esta pendiente de sustanciar en el Tribunal de Cuentas el procedimiento de reintegro por alcance que se sigue por este pago «injustificado» de cheques también contra el exdelegado Clemente García y el funcionario del mismo departamento.
En la audiencia previa celebrada en septiembre la letrada de la Junta andaluza ratificó en todos sus extremos la demanda que presentó ante la Sección de Enjuiciamiento, quedando fijada la responsabilidad contable en 220.000 euros para Miguel G.L. y en 41.000 euros, más intereses, para Clemente García.
A la audiencia previa no acudieron ni el funcionario ni su representación letrada, aunque ya estaba declarado en rebeldía por el tribunal, ya que no cumplimentó el trámite de contestación a la demanda que presentó la Junta ni presentó prueba.
El abogado de quien fue responsable de Medio Ambiente de la administración autonómica en Almería hasta julio de 2010 presentó sus alegaciones y reitero la prueba presentada para exonerar a su cliente. En concreto, adjuntaron facturas y copia de los cuadernillos insertados en prensa que demostrarían que la cuantía por la que se le piden responsabilidades contables se destinó efectivamente a la contratación de trabajos publicitarios.
Fue precisamente la administración autonómica la que puso en conocimiento de Tribunal de Cuentas, a través de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, presuntas «irregularidades» que se habían detectado en una cuenta bancaria «sin fiscalizar» hasta 2013 y en la que se ingresaba el canon forestal.
El Departamento Segundo la Sección de Enjuiciamiento acordó, asimismo, pedir testimonio al Juzgado de Instrucción 1 de Almería de la causa penal que investiga estos mismos hechos para dirimir si existió malversación de caudales públicos entre los años 2009 y 2012.
El auto, que estima que concurren indicios suficientes de la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos, llega después de que se hayan completado las últimas diligencias ordenadas, en concreto, un informe ampliatorio que ofició el juzgado instructor para indagar en su patrimonio del funcionario, y por cuyas conclusiones, tuvo que prestar una nueva declaración con asistencia letrada en sede judicial el pasado 22 de octubre.
La comparecencia, que tendrá lugar a las 10:00 horas, servirá para concretar a los encausados la imputación por la que la juez propone que vayan a juicio con jurado popular, además de dar traslado a las partes para que soliciten nuevas diligencias de prueba si lo estiman oportuno, según han informado fuentes jurídicas.
Según lo que ha trascendido de la instrucción, de la cuenta investigada, sin fiscalizar y en la que se ingresaba el canon forestal que se cobra a cazadores, madereros y particulares, se retiraron «paulatinamente» cheques por diversas cuantías. Un 85% de la recaudación obtenida por esta tasa revertía en los ayuntamientos, mientras que el 15% iba a parar a las arcas de la administración autonómica.
La mayor parte de las disposiciones se habrían efectuado por cantidades inferiores a 3.000 euros para «burlar el control de la Agencia Tributaria», y muchas de extracciones habrían tenido lugar «el mismo día» y «a intervalos de escasos minutos» sin que, al parecer, en los cheques depositados «se hiciera constar en el reverso la identidad o el DNI del individuo que disponía de dicha suma económica», aunque los testigos de la entidad financiera habrían identificado a Miguel G.L. como la persona que cobraba esos cheques.
Así, la instrucción apuntaría fundamentalmente al funcionario, sobre todo a raíz de esta última pericial aportada a la causa que señala, en la primera remesa de 'cheques' de 2009, «correspondencias» entre las cantidades cobradas en efectivo con cargo a la cuenta autonómica y los ingresos realizados con poca diferencia en el tiempo por Miguel G.L. en cuentas de las que era titular. A eso se une que las disposiciones también se prolongaron en el tiempo con diferentes personas al frente de la Delegación Provincial de Medio Ambiente y él como supuesto «denominador común».
Tribunal de Cuentas
Paralelamente, esta pendiente de sustanciar en el Tribunal de Cuentas el procedimiento de reintegro por alcance que se sigue por este pago «injustificado» de cheques también contra el exdelegado Clemente García y el funcionario del mismo departamento.
En la audiencia previa celebrada en septiembre la letrada de la Junta andaluza ratificó en todos sus extremos la demanda que presentó ante la Sección de Enjuiciamiento, quedando fijada la responsabilidad contable en 220.000 euros para Miguel G.L. y en 41.000 euros, más intereses, para Clemente García.
A la audiencia previa no acudieron ni el funcionario ni su representación letrada, aunque ya estaba declarado en rebeldía por el tribunal, ya que no cumplimentó el trámite de contestación a la demanda que presentó la Junta ni presentó prueba.
El abogado de quien fue responsable de Medio Ambiente de la administración autonómica en Almería hasta julio de 2010 presentó sus alegaciones y reitero la prueba presentada para exonerar a su cliente. En concreto, adjuntaron facturas y copia de los cuadernillos insertados en prensa que demostrarían que la cuantía por la que se le piden responsabilidades contables se destinó efectivamente a la contratación de trabajos publicitarios.
Fue precisamente la administración autonómica la que puso en conocimiento de Tribunal de Cuentas, a través de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, presuntas «irregularidades» que se habían detectado en una cuenta bancaria «sin fiscalizar» hasta 2013 y en la que se ingresaba el canon forestal.
El Departamento Segundo la Sección de Enjuiciamiento acordó, asimismo, pedir testimonio al Juzgado de Instrucción 1 de Almería de la causa penal que investiga estos mismos hechos para dirimir si existió malversación de caudales públicos entre los años 2009 y 2012.
