La Junta de Andalucía exige que la desaladora de Balanegra funcione al 100% y desde las filas populares urgen a la Junta a permitir la llegada de agua desde la presa de Rules
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| Imagen de archivo del subdelegado del Gobierno visitando la desaladora de Balanegra. |
ALMERÍA HOY / 26·11·2015
Socialistas y populares vuelven a acusarse mutuamente del «alarmante» déficit hídrico que padece Almería. En este caso, mientras que la parlamentaria del PP, Carmen Crespo, ha solicitado a la Junta de Andalucía que se sume al Protocolo de Rules para que posibles excedentes de agua de la presa granadina «vengan al Poniente», desde la Junta exigen al Gobierno central que ponga «a pleno funcionamiento las desaladoras».
Cabe recordar que agricultores y regantes han pedido ambas cosas, es decir; que la desaladora del Campo de Dalías pase a operar del 30% de su capacidad a hacerlo al 100%, así como que se agilicen los trámites para que el agua de Rules llegue a la provincia.
Por parte de la Junta de Andalucía, la consejera de Agricultura, la almeriense Carmen Ortiz (PSOE), considera que los recursos de la desalación «están infrautilizados mientras se sobreexplotan acuíferos subterráneos».
Para la consejera es necesario «arbitrar mecanismos para revertir esta situación y evitar poner en riesgo» a un sector económico tan importante para Almería como es el regadío. «Con las infraestructuras previstas y en construcción, la capacidad de desalación teórica en 2027 estaría en más de 200 hectómetros cúbicos al año, es decir, se superaría el déficit hídrico en esta zona», ha asegurado. Actualmente se estima un déficit hídrico de 179 hectómetros cúbicos, de los que 151,5 se corresponden con las necesidades relacionadas con la agricultura.
En este sentido, Ortiz ha subrayado además «la importancia de «rebajar el precio de agua desalada, tal y como se solicitó desde el Gobierno andaluz al Ministerio, con el objetivo de que su uso resulte rentable para el agricultor».
Sin embargo, Rafael Hernando (PP) aseguraba esta semana que dicha rebaja corresponde a la Junta de Andalucía, ya que es la que puede aplicar subvenciones o ayudas para el pago del precio del agua desalada en el ámbito de sus competencias en base a un «decreto propio» de sequía, de forma que «si no lo ha hecho aún, es por un problema de voluntad política».
Por su parte, la parlamentaria popular Carmen Crespo ha pedido este jueves al Gobierno andaluz que se sume al Protocolo que el Estado va a firmar con los regantes de Rules «porque si no lo hace se estaría perjudicando gravemente a la provincia de Almería, que no recibiría posibles excedentes de agua de la de Granada, como así han solicitado las organizaciones agrarias».
Cabe recordar que agricultores y regantes han pedido ambas cosas, es decir; que la desaladora del Campo de Dalías pase a operar del 30% de su capacidad a hacerlo al 100%, así como que se agilicen los trámites para que el agua de Rules llegue a la provincia.
Por parte de la Junta de Andalucía, la consejera de Agricultura, la almeriense Carmen Ortiz (PSOE), considera que los recursos de la desalación «están infrautilizados mientras se sobreexplotan acuíferos subterráneos».
Para la consejera es necesario «arbitrar mecanismos para revertir esta situación y evitar poner en riesgo» a un sector económico tan importante para Almería como es el regadío. «Con las infraestructuras previstas y en construcción, la capacidad de desalación teórica en 2027 estaría en más de 200 hectómetros cúbicos al año, es decir, se superaría el déficit hídrico en esta zona», ha asegurado. Actualmente se estima un déficit hídrico de 179 hectómetros cúbicos, de los que 151,5 se corresponden con las necesidades relacionadas con la agricultura.
En este sentido, Ortiz ha subrayado además «la importancia de «rebajar el precio de agua desalada, tal y como se solicitó desde el Gobierno andaluz al Ministerio, con el objetivo de que su uso resulte rentable para el agricultor».
Sin embargo, Rafael Hernando (PP) aseguraba esta semana que dicha rebaja corresponde a la Junta de Andalucía, ya que es la que puede aplicar subvenciones o ayudas para el pago del precio del agua desalada en el ámbito de sus competencias en base a un «decreto propio» de sequía, de forma que «si no lo ha hecho aún, es por un problema de voluntad política».
Por su parte, la parlamentaria popular Carmen Crespo ha pedido este jueves al Gobierno andaluz que se sume al Protocolo que el Estado va a firmar con los regantes de Rules «porque si no lo hace se estaría perjudicando gravemente a la provincia de Almería, que no recibiría posibles excedentes de agua de la de Granada, como así han solicitado las organizaciones agrarias».
