Ecologistas piden amparo al TC por la legalización de El Algarrobico

'Salvemos Mojácar' califica de «pura demagogia» la actitud de la Junta de Andalucía, a la que insta a presentar otro recurso ante el Tribunal Supremo


Jaime del Val, de 'Salvemos Mojácar', en un fotomontaje de El Algarrobico.
EUROPA PRESS / 14·05·2015

El colectivo ecologista 'Salvemos Mojácar' ha anunciado que va a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) por la sentencia que declara conforme a derecho la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, en Carboneras. En este sentido, el colectivo ha instado a la Junta de Andalucía a hacer lo propio.

«Es pura demagogia por parte de la Junta de Andalucía firmar acuerdos para la demolición del inmueble y decir que no puede demolerlo hasta que no decida la justicia si, simultáneamente, no piden ante la justicia que derriben el hotel y no agotan todos los recursos posibles para conseguirlo», ha trasladado la asociación en un comunicado.

'Salvemos Mojácar' ha recordado que el Abogado del Estado no puede pedir amparo al Tribunal Constitucional, ya que no solicitó la nulidad de la sentencia, sino que se adhirió a los incidentes presentados por este colectivo y por el Gobierno andaluz, y «ha dejado que se le pase el plazo».

Esta decisión llega despúes de los autos dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en los que rechazaba los citados incidentes de nulidad argumentando que no se ha producido «ninguna» vulneración de derechos fundamentales ya que, para fallar en este sentido, según dice, se analizaron «extensa y exhaustivamente» las alegaciones que aludían a que el hotel se construyó en espacio no urbanizable e invadiendo la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre fijada en 100 metros.

Por otro lado, 'Salvemos Mojácar' ha señalado que la sentencia firme que valida licencia «no sirve» para que se reanuden las obras del hotel debido a que los terrenos pertenecen a la Junta de Andalucía —por sentencia firme de fecha 7 de octubre de 2013— y ha criticado que «ya va para dos años» que se dictó esta resolución sin que la Junta haya podido tomar posesión de los terrenos.