Pese a la oposición del ex arquitecto municipal Carlos Domingo Berbel, quien asegura residir actualmente en el extranjero
EUROPA PRESS / 15·04·2015
El exconcejal de Urbanismo de Zurgena Manuel Tijeras no se ha personado este miércoles en el Juzgado de lo Penal 2 de Almería, donde debía ser juzgado junto al exalcalde y actual edil de Obras Públicas Cándido Trabalón, por lo que la magistrada ha resuelto suspender la vista oral 'sine die' y ha ordenado que los acusados sean citados nuevamente con los apercibimientos legales oportunos.
La juez María Vidaurreta se ha avenido a la petición de la fiscal, que ha solicitado la suspensión. Sólo se ha opuesto a esta decisión otro de los acusados, el ex arquitecto municipal Carlos Domingo Berbel, cuya defensa ha alegado que supondría «un gran perjuicio» para él, ya que en la actualidad reside y trabaja en el extranjero «con la pérdida de días y dinero que ello conlleva».
En el acto de juicio, uno de los abogados ha solicitado la citación «fundamental» de dos testigos, entre ellos, la de la que fuera secretaria municipal de Zurgena, Trinidad Lidueña.
Trabalón, Tijeras, otro exedil y el arquitecto municipal se enfrenta a una petición fiscal de 18 meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial como presuntos autores de un delito de prevaricación administrativa, por autorizar la parcelación para construir 37 viviendas unifamiliares en el paraje Los Carasoles, siendo «conocedores» que se «prescindió» de manera «absoluta» del procedimiento administrativo legalmente establecido, y de que se trataba de suelo no urbanizable.
La Fiscalía indica en su escrito que la mercantil Promobel Rocosa solicitó en diciembre de 2004 una licencia para la parcelación urbanística de un terreno rústico de su propiedad, dividiéndolo en 37 parcelas destinadas la construcción de otras tantas viviendas unifamiliares.
La solicitud dio lugar a un expediente, en el marco del cual Carlos Domingo Berbel habría emitido dos informes en los que afirmaba que la referida parcela «estaba dentro de la Delimitación de Suelo Urbano (DSU) aprobada en pleno y en el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)» aunque lo hizo, según afirma el Ministerio Público, «omitiendo deliberadamente» que ninguno de los dos instrumentos había entrado en vigor, a fin de que la solicitud fuera concedida.
Habría omitido, por tanto, que, conforme a la normativa vigente, el suelo no era urbanizable y la parcelación no estaba permitida, a lo que el fiscal añade que «no se emitió» en el expediente administrativo el preceptivo informe jurídico.
Trabalón y los dos excargos públicos están acusados por su participación en la Comisión de Urbanismo celebrada en febrero de 2005, y en la que votaron «a favor de la licencia solicitada, haciendo constar que acordaban por unanimidad informar favorablemente el parcelario propuesto por la promotora».
El Ministerio Público estima que «todos ellos conocían» que en la tramitación del expediente se había prescindido «absolutamente» del procedimiento administrativo legalmente establecido, «pues se había omitido —subraya— el informe jurídico preceptivo y que la parcelación era contraria a la normativa urbanística».
Tijeras habría dictado además un decreto, el mismo día que se celebró la comisión, autorizando la parcelación, pese a saber «que la ley las prohíbe en suelo no urbanizable». Posteriormente, en mayo de ese mismo año, habría expedido una licencia «en la que expresaba que en Zurgena no era preceptiva ni para fincas urbanas ni para rusticas la correspondiente licencia de segregación».
«No obstante, inmediatamente después se autorizaba a dividir la finca en 37 parcelas y calificaba la parcelas como de naturaleza urbana, cuando sabia que eran suelo no urbanizable, expresaba la superficie de las parcelas restantes e, incluso, hacía constar que la superficie restante de la finca matriz sería destinada a viales».
Entramado Judicial
En diciembre de 2014, el Juzgado de lo Penal 3 de Almería condenó a 15 meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público a Cándido Trabalón, así como a siete exediles de la corporación que votaron en pleno a favor de la concesión de una licencia para la construcción de ocho edificios de tres plantas y 202 viviendas en la barriada de La Alfoquía.
Consideró entonces el tribunal que los acusados actuaron a «sabiendas de su injusticia», ya que se trataba, de modo «constatado y claro», de suelo «no urbanizable», y existía un informe técnico contrario a la actuación.
Cabe recordar que Trabalón, quien, según sostiene la dirección regional del partido, fue expulsado del PA en diciembre de 2012, está procesado en el llamado caso 'Costurero' contra la corrupción urbanística, en el que se enfrenta a penas que suman 180 años de prisión y 1.050 años de inhabilitación para cargo público.
Entre los 23 acusados restantes se encuentran exediles de la corporación, funcionarios y promotores inmobiliarios. No obstante, de ser condenado por los 120 delitos que se le imputan, cumpliría un máximo de nueve años de cárcel.
En los dos procedimientos ya juzgados, de los múltiples que enfrenta el exregidor, en uno se dictó absolución y en un segundo, tras ser condenado en primera instancia, la Audiencia Provincial de Almería revocó el fallo y dictó también la absolución.
La juez María Vidaurreta se ha avenido a la petición de la fiscal, que ha solicitado la suspensión. Sólo se ha opuesto a esta decisión otro de los acusados, el ex arquitecto municipal Carlos Domingo Berbel, cuya defensa ha alegado que supondría «un gran perjuicio» para él, ya que en la actualidad reside y trabaja en el extranjero «con la pérdida de días y dinero que ello conlleva».
En el acto de juicio, uno de los abogados ha solicitado la citación «fundamental» de dos testigos, entre ellos, la de la que fuera secretaria municipal de Zurgena, Trinidad Lidueña.
Trabalón, Tijeras, otro exedil y el arquitecto municipal se enfrenta a una petición fiscal de 18 meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial como presuntos autores de un delito de prevaricación administrativa, por autorizar la parcelación para construir 37 viviendas unifamiliares en el paraje Los Carasoles, siendo «conocedores» que se «prescindió» de manera «absoluta» del procedimiento administrativo legalmente establecido, y de que se trataba de suelo no urbanizable.
La Fiscalía indica en su escrito que la mercantil Promobel Rocosa solicitó en diciembre de 2004 una licencia para la parcelación urbanística de un terreno rústico de su propiedad, dividiéndolo en 37 parcelas destinadas la construcción de otras tantas viviendas unifamiliares.
La solicitud dio lugar a un expediente, en el marco del cual Carlos Domingo Berbel habría emitido dos informes en los que afirmaba que la referida parcela «estaba dentro de la Delimitación de Suelo Urbano (DSU) aprobada en pleno y en el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)» aunque lo hizo, según afirma el Ministerio Público, «omitiendo deliberadamente» que ninguno de los dos instrumentos había entrado en vigor, a fin de que la solicitud fuera concedida.
Habría omitido, por tanto, que, conforme a la normativa vigente, el suelo no era urbanizable y la parcelación no estaba permitida, a lo que el fiscal añade que «no se emitió» en el expediente administrativo el preceptivo informe jurídico.
Trabalón y los dos excargos públicos están acusados por su participación en la Comisión de Urbanismo celebrada en febrero de 2005, y en la que votaron «a favor de la licencia solicitada, haciendo constar que acordaban por unanimidad informar favorablemente el parcelario propuesto por la promotora».
El Ministerio Público estima que «todos ellos conocían» que en la tramitación del expediente se había prescindido «absolutamente» del procedimiento administrativo legalmente establecido, «pues se había omitido —subraya— el informe jurídico preceptivo y que la parcelación era contraria a la normativa urbanística».
Tijeras habría dictado además un decreto, el mismo día que se celebró la comisión, autorizando la parcelación, pese a saber «que la ley las prohíbe en suelo no urbanizable». Posteriormente, en mayo de ese mismo año, habría expedido una licencia «en la que expresaba que en Zurgena no era preceptiva ni para fincas urbanas ni para rusticas la correspondiente licencia de segregación».
«No obstante, inmediatamente después se autorizaba a dividir la finca en 37 parcelas y calificaba la parcelas como de naturaleza urbana, cuando sabia que eran suelo no urbanizable, expresaba la superficie de las parcelas restantes e, incluso, hacía constar que la superficie restante de la finca matriz sería destinada a viales».
Entramado Judicial
En diciembre de 2014, el Juzgado de lo Penal 3 de Almería condenó a 15 meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público a Cándido Trabalón, así como a siete exediles de la corporación que votaron en pleno a favor de la concesión de una licencia para la construcción de ocho edificios de tres plantas y 202 viviendas en la barriada de La Alfoquía.
Consideró entonces el tribunal que los acusados actuaron a «sabiendas de su injusticia», ya que se trataba, de modo «constatado y claro», de suelo «no urbanizable», y existía un informe técnico contrario a la actuación.
Cabe recordar que Trabalón, quien, según sostiene la dirección regional del partido, fue expulsado del PA en diciembre de 2012, está procesado en el llamado caso 'Costurero' contra la corrupción urbanística, en el que se enfrenta a penas que suman 180 años de prisión y 1.050 años de inhabilitación para cargo público.
Entre los 23 acusados restantes se encuentran exediles de la corporación, funcionarios y promotores inmobiliarios. No obstante, de ser condenado por los 120 delitos que se le imputan, cumpliría un máximo de nueve años de cárcel.
En los dos procedimientos ya juzgados, de los múltiples que enfrenta el exregidor, en uno se dictó absolución y en un segundo, tras ser condenado en primera instancia, la Audiencia Provincial de Almería revocó el fallo y dictó también la absolución.
