Los empleados públicos, que trabajan en la Concejalía de Obras Públicas, están acusados de malversación y negociaciones prohibidas
EUROPA PRESS / 15·04·2015
El juez instructor del caso 'Poniente', que investiga una presunta trama de corrupción política y empresarial en torno al Ayuntamiento de El Ejido bajo mandato del exalcalde Juan Enciso, ha citado a declarar como imputados a cinco funcionarios de la Concejalía de Obras Públicas, así como a la esposa y al hijo de dos de ellos, por su relación con la empresa 'Urdial-Maryya'.
El auto, que fecha las comparecencias en la sede del Juzgado de Instrucción 2 de Almería para los días 20, 21 y 23 de abril, imputa a los siete la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios a raíz del extenso informe pericial de la Agencia Tributaria (AEAT), que se incorporó a la causa en febrero de 2014.
Fuentes cercanas al caso han indicado que los indicios apuntan a que la empresa 'Urdial-Maryya' subcontrató con la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), señalada como «eje» de la presunta trama corrupta y «único cliente» de esta mercantil, y a que habría realizado pagos a los funcionarios y sus familiares por un valor que ascendería de más de 925.000 euros «a cambio», supuestamente, de adjudicaciones de obras.
El auto, que fecha las comparecencias en la sede del Juzgado de Instrucción 2 de Almería para los días 20, 21 y 23 de abril, imputa a los siete la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios a raíz del extenso informe pericial de la Agencia Tributaria (AEAT), que se incorporó a la causa en febrero de 2014.
Fuentes cercanas al caso han indicado que los indicios apuntan a que la empresa 'Urdial-Maryya' subcontrató con la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), señalada como «eje» de la presunta trama corrupta y «único cliente» de esta mercantil, y a que habría realizado pagos a los funcionarios y sus familiares por un valor que ascendería de más de 925.000 euros «a cambio», supuestamente, de adjudicaciones de obras.