El Juzgado de Instrucción 6 de Almería necesita transcribir 43 CD con declaraciones de la causa que investiga la gestión del Patronato de Turismo entre los años 2009 y 2010
EUROPA PRESS / 16·04·2015
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) va a pedir a la Junta de Andalucía que dote al Juzgado de Instrucción 6 de Almería de los medios «necesarios» para transcribir los 43 CD que contienen las declaraciones de los imputados y de los testigos del denominado caso 'Facturas'. En dicha causa judicial se investiga la gestión del Patronato de Turismo de Almería entre los años 2009 y 2010, así como la presunta malversación de unos 450.000 euros de dinero público con la emisión de facturas «ficticias».
La medida, aprobada este jueves en el seno de la comisión permanente, se enmarca entre las adoptadas para apoyar a juzgados que instruyen procedimientos por delitos de corrupción, y tramitadas por la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC).
Según indica el CGPJ, el refuerzo había sido solicitado por el titular del juzgado después de que la Audiencia Provincial de Almería respaldase la petición cursada por la Fiscalía, que interesó, de cara a poder facilitar el articulado del escrito de acusación, la transcripción de los 43 CD con las comparecencias en sede judicial de los 25 imputados y de los testigos una vez se dictó auto de procedimiento abreviado.
En concreto, el órgano de gobierno de los jueces ha acordado solicitar a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía que dote al órgano judicial de los medios personales y materiales necesarios para llevar a cabo esta tarea.
El primer juez instructor de la causa, Luis Durbán, dictó —en junio de 2014— el auto por el que acordaba continuar las diligencias por el trámite de procedimiento abreviado contra 21 personas, entre ellas el exvicepresidente de la Diputación, el socialista Luis Pérez Montoya. Poco después, los abogados defensores presentaron un recurso para pedir la práctica de nuevas pruebas ante el cierre la investigación judicial, y el juez que asumió el caso resolvió imputar a otras cuatro personas.
Dicho auto señala «indicios racionales» para apreciar la existencia de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público, y tráfico de influencias, y sitúa en el centro de la supuesta trama a Pérez Montoya y a la exsecretaria delegada del Patronato de Turismo, María Teresa González, así como a los dos responsables de la agencia de viajes Leitour y al empresario Joaquín Conde, a quienes atribuye «un plan» que se habría trazado en presencia del presidente del club Unicaja Voley, Ramón Sedeño, el tesorero del club, Guillermo Carmona, y el gerente, Antonio Jesús González.
Viajes
El exvicepresidente de la Diputación Provincial, el socialista Luis Pérez Montoya, está imputado, asimismo, por los indicios que señalan que habría «disfrutado y habría permitido a otras personas que lo hicieran» de diversos viajes que fueron abonados «con cargo al Patronato de Turismo sin justificación alguna» y alude, entre ellos, a uno realizado a Escocia «en el que se llevó consigo no sólo a su esposa, sino también a un matrimonio amigo», quienes también está procesados.
El mismo comportamiento con cargo «al erario público» atribuye el auto presuntamente a María Teresa González, quien «en algunos casos lo hizo en compañía de su hija u otras personas allegadas», y en otras, «dio conformidad al pago de facturas de viajes de terceros». También le achaca «numerosas facturas a título personal de hostelería, taxi, parkings, papelerías o peajes» e, incluso, «el disfrute de mobiliario aparentemente destinado al Patronato» y de «cuatro iPhones que recibió con facturas en las que se hacía constar la instalación de equipos telefónicos».
En el apartado de los viajes incluye al exasesor del grupo socialista en la Diputación y funcionario del Ayuntamiento, el también socialista Juan Antonio Bisbal, quien habría realizado «numerosos desplazamientos», además de facilitar que «familiares y allegados lo hicieran con cargo al Patronato» y haciendo valer su relación con sus responsables. «En ocasiones, estos favores tuvieron por objeto la asistencia del imputado y otras personas a eventos del PSOE, como también constan indicios de que pudo recibir terminales telefónicos».
La medida, aprobada este jueves en el seno de la comisión permanente, se enmarca entre las adoptadas para apoyar a juzgados que instruyen procedimientos por delitos de corrupción, y tramitadas por la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC).
Según indica el CGPJ, el refuerzo había sido solicitado por el titular del juzgado después de que la Audiencia Provincial de Almería respaldase la petición cursada por la Fiscalía, que interesó, de cara a poder facilitar el articulado del escrito de acusación, la transcripción de los 43 CD con las comparecencias en sede judicial de los 25 imputados y de los testigos una vez se dictó auto de procedimiento abreviado.
En concreto, el órgano de gobierno de los jueces ha acordado solicitar a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía que dote al órgano judicial de los medios personales y materiales necesarios para llevar a cabo esta tarea.
El primer juez instructor de la causa, Luis Durbán, dictó —en junio de 2014— el auto por el que acordaba continuar las diligencias por el trámite de procedimiento abreviado contra 21 personas, entre ellas el exvicepresidente de la Diputación, el socialista Luis Pérez Montoya. Poco después, los abogados defensores presentaron un recurso para pedir la práctica de nuevas pruebas ante el cierre la investigación judicial, y el juez que asumió el caso resolvió imputar a otras cuatro personas.
Dicho auto señala «indicios racionales» para apreciar la existencia de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público, y tráfico de influencias, y sitúa en el centro de la supuesta trama a Pérez Montoya y a la exsecretaria delegada del Patronato de Turismo, María Teresa González, así como a los dos responsables de la agencia de viajes Leitour y al empresario Joaquín Conde, a quienes atribuye «un plan» que se habría trazado en presencia del presidente del club Unicaja Voley, Ramón Sedeño, el tesorero del club, Guillermo Carmona, y el gerente, Antonio Jesús González.
Viajes
El exvicepresidente de la Diputación Provincial, el socialista Luis Pérez Montoya, está imputado, asimismo, por los indicios que señalan que habría «disfrutado y habría permitido a otras personas que lo hicieran» de diversos viajes que fueron abonados «con cargo al Patronato de Turismo sin justificación alguna» y alude, entre ellos, a uno realizado a Escocia «en el que se llevó consigo no sólo a su esposa, sino también a un matrimonio amigo», quienes también está procesados.
El mismo comportamiento con cargo «al erario público» atribuye el auto presuntamente a María Teresa González, quien «en algunos casos lo hizo en compañía de su hija u otras personas allegadas», y en otras, «dio conformidad al pago de facturas de viajes de terceros». También le achaca «numerosas facturas a título personal de hostelería, taxi, parkings, papelerías o peajes» e, incluso, «el disfrute de mobiliario aparentemente destinado al Patronato» y de «cuatro iPhones que recibió con facturas en las que se hacía constar la instalación de equipos telefónicos».
En el apartado de los viajes incluye al exasesor del grupo socialista en la Diputación y funcionario del Ayuntamiento, el también socialista Juan Antonio Bisbal, quien habría realizado «numerosos desplazamientos», además de facilitar que «familiares y allegados lo hicieran con cargo al Patronato» y haciendo valer su relación con sus responsables. «En ocasiones, estos favores tuvieron por objeto la asistencia del imputado y otras personas a eventos del PSOE, como también constan indicios de que pudo recibir terminales telefónicos».
