El socialista José Manuel Ortiz Bono está acusado de un posible delito de prevaricación por firmar el cambio de uso de suelo en unas 300 hectáreas de olivar en Tabernas
EUROPA PRESS/ 24·04·2015
Ecologistas en Acción y el Grupo Ecologistas Mediterráneo (GEM) han elevado escrito al Juzgado de Instrucción 1 de Almería para personarse en la causa por la que se investiga si hubo prevaricación en el cambio de uso de suelo de 295 hectáreas en Tabernas, y en la que está imputado el delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Manuel Ortiz Bono.
La investigación judicial se inició a raíz de un escrito del propio GEM a la Fiscalía Provincial en el que indicaba que el «crecimiento exponencial» de la superficie de olivar en regadío suponía un «impacto crucial» para el ecosistema y, de forma especial, para los acuíferos amenazados en el subsuelo de la comarca.
La denuncia señalaba, además, que las tres resoluciones por las que la Junta autorizó —a instancias de la mercantil Gespater SLU— el cambio de uso de suelo podrían incurrir en ilícito penal «al haberse fragmentado la autorización en tres expedientes sobre extensiones ligeramente inferiores a las 100 hectáreas para evitar la emisión del preceptivo informe de impacto ambiental».
La Fiscalía considera que la autorización hubiese precisado de autorización unificada ambiental de acuerdo a la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, ya que la memoria técnica y la documentación aportada por la empresa revelan que «la explotación iba a ser de regadío aunque posteriormente se modificase la solicitud inicial a olivar de secano», según matiza.
Rechaza, así, lo sostenido por los técnicos de la Delegación en un informe que le requirió el propio Ministerio Público en el marco de su investigación, y en el que decían que la autorización unificada ambiental sólo es precisa cuando lo que se va a autorizar supone «la eliminación de cubierta vegetal arbustiva», una premisa que en este caso no se daría «al no incluir en ese concepto las especies de matorral».
RESOLUCIONES FAVORABLES SIN INFORMES TÉCNICOS
Con respecto a los dos expedientes cuestionados, la Fiscalía apunta la necesidad de indagar en el hecho de que dos jefes de servicio de Gestión del Medio Natural de la Delegación, cuyas declaraciones en calidad de imputados solicita, «efectuasen propuestas de resolución autorizando el cambio de uso sin los informes sobre repercusión en los hábitats naturales de interés y sobre la posible presencia de especies amenazadas de flora y fauna» en los suelos afectados.
En uno de los casos, reprocha que el jefe de servicio lo hiciese así cuando «él mismo había solicitado» los preceptivos informes y, en el otro caso, le reprocha a la jefa de servicio que, además, obviase presuntamente que tampoco tenía informe sobre la afección a vías pecuarias de lo solicitado.
Estas propuestas de resolución autorizando el cambio de uso fueron aprobadas por el delegado territorial en fechas 20 de mayo de 2013 y 15 de junio de 2013.
La investigación judicial se inició a raíz de un escrito del propio GEM a la Fiscalía Provincial en el que indicaba que el «crecimiento exponencial» de la superficie de olivar en regadío suponía un «impacto crucial» para el ecosistema y, de forma especial, para los acuíferos amenazados en el subsuelo de la comarca.
La denuncia señalaba, además, que las tres resoluciones por las que la Junta autorizó —a instancias de la mercantil Gespater SLU— el cambio de uso de suelo podrían incurrir en ilícito penal «al haberse fragmentado la autorización en tres expedientes sobre extensiones ligeramente inferiores a las 100 hectáreas para evitar la emisión del preceptivo informe de impacto ambiental».
La Fiscalía considera que la autorización hubiese precisado de autorización unificada ambiental de acuerdo a la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, ya que la memoria técnica y la documentación aportada por la empresa revelan que «la explotación iba a ser de regadío aunque posteriormente se modificase la solicitud inicial a olivar de secano», según matiza.
Rechaza, así, lo sostenido por los técnicos de la Delegación en un informe que le requirió el propio Ministerio Público en el marco de su investigación, y en el que decían que la autorización unificada ambiental sólo es precisa cuando lo que se va a autorizar supone «la eliminación de cubierta vegetal arbustiva», una premisa que en este caso no se daría «al no incluir en ese concepto las especies de matorral».
RESOLUCIONES FAVORABLES SIN INFORMES TÉCNICOS
Con respecto a los dos expedientes cuestionados, la Fiscalía apunta la necesidad de indagar en el hecho de que dos jefes de servicio de Gestión del Medio Natural de la Delegación, cuyas declaraciones en calidad de imputados solicita, «efectuasen propuestas de resolución autorizando el cambio de uso sin los informes sobre repercusión en los hábitats naturales de interés y sobre la posible presencia de especies amenazadas de flora y fauna» en los suelos afectados.
En uno de los casos, reprocha que el jefe de servicio lo hiciese así cuando «él mismo había solicitado» los preceptivos informes y, en el otro caso, le reprocha a la jefa de servicio que, además, obviase presuntamente que tampoco tenía informe sobre la afección a vías pecuarias de lo solicitado.
Estas propuestas de resolución autorizando el cambio de uso fueron aprobadas por el delegado territorial en fechas 20 de mayo de 2013 y 15 de junio de 2013.
