La Junta desestima las alegaciones del dueño del Cortijo del Fraile y le da un mes para comenzar las obras

La construcción, situada en Níjar, está catalogada como Bien de Interés Cultural y vinculada a la producción literaria de García Lorca


Cprtijo del Fraile, en Níjar
EUROPA PRESS / 07·03·2015

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha desestimado el recurso de alzada presentado por el propietario del Cortijo del Fraile —construcción declarada como Bien de Interés Cultural (BIC), ubicada en Níjar, y vinculada a la producción literaria del poeta y dramaturgo granadino Federico García Lorca— contra la orden de ejecución emitida por el Gobierno andaluz en la que se le ordenaba realizar obras de conservación y consolidación en la fachada del inmueble y la torre del campanario de la capilla.

Según han explicado fuentes de la Junta de Andalucía, la resolución por la que se rechazan las alegaciones se adoptó el 27 de febrero, de forma que, a partir de la recepción de la misma, la empresa Agrícola Mar Menor cuenta con un mes de plazo para efectuar los trabajos decretados con lo que, en caso contrario, será la Junta la que actúe de manera subsidiaria.

En este sentido, desde la Administración autonómica se ha recordado que la resolución original, emitida el pasado mes de julio y que exigía a la sociedad la ejecución de obras por valor de 44.000 euros, daba un plazo de dos meses para actuar en el edificio, prácticamente en estado de ruina; si bien de ese plazo la empresa habría consumido ya la mitad.

No obstante, los representantes de la entidad ya avanzaron su intención de ejecutar un proyecto propio más ambicioso que el requerido por la Junta y que supondría una inversión de unos 120.000 euros para la consolidación del Cortijo. Así, condicionó la entrega de este proyecto ya redactado a la Junta a la resolución del presente recurso.

La empresa también presentó un recurso de alzada ante la orden de ejecución para consolidar el campanario y la fachada principal el pasado 2 de enero, lo que fue interpretado por el Gobierno andaluz como «una estrategia de demora» ante el «cumplimiento de sus obligaciones», al entender que la entidad trataba de «utilizar la normativa garantista administrativa para dilatar cualquier actuación en el BIC».