La gestora del centro asegura que los 'métodos de contención' se aplican conforme a ley y su uso es comunicado la Fiscalía y el Juzgado de Menores
Alfredo Santos (centro), presidente de Ginso, durante la firma de un convenio con la Diputación de Segovia |
EUROPA PRESS / 10·02·2015
La Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso), gestora del centro de internamiento de menores 'Tierras de Oria', en Oria, ha negado «rotundamente» las críticas vertidas desde la plataforma Centrosdemenores.es sobre presuntos malos tratos a internos, al tiempo que ha asegurado que las imágenes difundidas en las que se ve a dos menores inmovilizados mediante correas a una cama están «claramente manipuladas».
En un comunicado, la entidad ha respondido a las acusaciones vertidas en los últimos días sobre supuestos malos tratos de los empleados a los menores recluidos en el centro, así como al vídeo en el que dos jóvenes ruegan que se les desate y se les dé agua. De acuerdo con la asociación, se está «tergiversando la realidad de los hechos» con el fin de «causar el mayor efecto sensacionalista posible».
«La grabación y difusión de las imágenes publicadas y las acusaciones falsas de malos tratos vertidas desde el colectivo Centrosdemenores.es ya han sido denunciadas ante el Juzgado de guardia», han advertido los gestores del centro almeriense, quienes, además, respaldan el uso de 'métodos de contención' para determinadas circunstancias.
Han recordado que el uso de 'métodos de contención' «se realiza siempre conforme a lo establecido en el artículo 59.2 de la Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal del Menor y en el artículo 55 del Reglamento que la desarrolla», que indican que se podrán aplicar estos métodos «para evitar actos de violencia de los menores así mismos o a otras personas», «impedir actos de fuga», «impedir daños en las instalaciones» o «ante la resistencia activa o pasiva a las instrucciones del personal en el ejercicio legítimo de su cargo».
Detallan igualmente que entre los instrumentos a utilizar se permitirá, en estos casos, el empleo de «la contención física personal, las defensas de goma, la sujeción mecánica o el aislamiento provisional». De este modo, han apuntado que la adopción de estos medios «se comunica inmediatamente al Juzgado de Menores, Fiscalía de Menores y demás autoridades competentes» a los que se remite un informe médico y psicológico del menor tras la aplicación de dichas medidas.
En un comunicado, la entidad ha respondido a las acusaciones vertidas en los últimos días sobre supuestos malos tratos de los empleados a los menores recluidos en el centro, así como al vídeo en el que dos jóvenes ruegan que se les desate y se les dé agua. De acuerdo con la asociación, se está «tergiversando la realidad de los hechos» con el fin de «causar el mayor efecto sensacionalista posible».
«La grabación y difusión de las imágenes publicadas y las acusaciones falsas de malos tratos vertidas desde el colectivo Centrosdemenores.es ya han sido denunciadas ante el Juzgado de guardia», han advertido los gestores del centro almeriense, quienes, además, respaldan el uso de 'métodos de contención' para determinadas circunstancias.
Han recordado que el uso de 'métodos de contención' «se realiza siempre conforme a lo establecido en el artículo 59.2 de la Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal del Menor y en el artículo 55 del Reglamento que la desarrolla», que indican que se podrán aplicar estos métodos «para evitar actos de violencia de los menores así mismos o a otras personas», «impedir actos de fuga», «impedir daños en las instalaciones» o «ante la resistencia activa o pasiva a las instrucciones del personal en el ejercicio legítimo de su cargo».
Detallan igualmente que entre los instrumentos a utilizar se permitirá, en estos casos, el empleo de «la contención física personal, las defensas de goma, la sujeción mecánica o el aislamiento provisional». De este modo, han apuntado que la adopción de estos medios «se comunica inmediatamente al Juzgado de Menores, Fiscalía de Menores y demás autoridades competentes» a los que se remite un informe médico y psicológico del menor tras la aplicación de dichas medidas.