Con éstas, se elevan a 20 las detenciones relacionadas con el fraude en cursos de formación en la provincia
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| Imagen de archivo / Europa Press |
EUROPA PRESS / 20·02·2015
La Policía Nacional ha detenido en Almería esta semana a seis personas y ha imputado a un séptima en el marco de la operación 'Edu Costa', que trata de esclarecer si se produjo fraude en la financiación de cursos de formación en relación a subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) durante los años 2010 y 2011.
Fuentes de la investigación han precisado se han llevado a cabo nuevas detenciones por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Almería que coordina esta operación, encontrándose entre los detenidos propietarios de las distintas empresas de formación y personal de su entorno.
En total y hasta el momento, se efectuado 20 detenciones en nuestra provincia, si bien se han llevado a cabo otras diez más en la provincia de Granada, la mayor parte de ellas relacionadas con sociedades radicadas en Almería.
Cabe recordar que la operación preveía hasta 35 arrestos durante el desarrollo de esta fase, que concluye a finales de semana, por lo que las actuaciones podrían llevar a practicar cuatro nuevas detenciones antes del sábado. Además, la extensión de la investigación a otras provincias —Granada, Málaga, Cádiz, Sevilla, Madrid y Lugo— podría sumar al menos otras 14 personas a la lista de detenidos.
En el caso de Almería, las primeras dos detenciones y la imputación tuvieron lugar el día 16. En este sentido, la UDEF señaló a personas vinculadas con el Centro de Estudios Andarax y la empresa Sicma S.L. por los presuntos delitos de fraude en la obtención de subvenciones, y estafa o falsedad documental. Estas personas que se habrían hecho con ayudas por un valor cercano a los 2,1 millones de euros, según ha publicado 'La Voz de Almería'.
Las últimas cuatro detenciones se practicaron el día 17 a raíz de supuestas irregularidades en las ayudas gestionadas por las sociedades Quintaeventos S.L., Aplinfo S.L. y Profesional de Salvamento y Socorrismo S.L., que se habrían hecho entre 2010 y 2012 con unos 750.000 euros provenientes las partidas 32D y 32L, reservadas por el Servicio Andaluz de Empleo para la financiación de cursos.
En concreto, y en una fase muy indiciaria de la investigación que ahora apunta hacía 35 personas y 17 mercantiles, se mencionaba a «varias» empresas, entre las que se encontraban Quintaeventos, Ormar Informatic, Inmecamar, y Academia Infosol, en las que se habían «detectado diversas irregularidades» .
La investigación sobre estas tres últimas provocó la detención del ya exconcejal del PSOE de Roquetas de Mar Juan Fernando Ortega, quien, tras abandonar la Comisaría, entregó su acta de edil y tramitó su baja de militancia en el partido. Junto a él también fueron detenidos su exmujer, su hija y una profesora.
Las pesquisas han llevado asimismo a la detención del concejal de Movilidad y Seguridad de Vícar, José Luis Leseduarte (PSOE), quien se mantiene en el cargo. En su caso, la detención se produjo por su vinculación con el centro de formación 'Indalo', donde el concejal prestó servicios, y que obtuvo en enero de 2011 y de 2012 resoluciones por parte del SAE por valor de 221.985 euros.
Investigación de la Fiscalía
El Juzgado de Instrucción número 4 de Almería abrió diligencias previas en junio de 2014 tras la denuncia formulada por la Fiscalía Provincial, al estimar que los hechos que resultaron de las indagaciones realizadas por la Brigada Central de Investigación de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF presentaban características que hacían «presumir la posible existencia de infracción penal».
La Fiscalía de Almería pidió que se judicializase la investigación al apreciar, a la espera de una más «depurada valoración jurídica», que los citados informes policiales con respecto a las resoluciones de 20 de enero de 2010 y 26 de enero de 2011 podrían ser constitutivos de supuestos delitos de fraude de subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias.
En su denuncia, solicitó, además de la incoación de diligencias previas, que se oficiase a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF para que realizase «una investigación profunda y detallada de los hechos» en relación a la provincia de Almería.
El Ministerio Público indicaba entonces que lo actuado hasta el momento daba cuenta de «irregularidades» que habrían sido «detectadas» en la obtención de subvenciones «por parte de determinadas personas físicas y empresas» en el marco de los planes de promoción de empleo ejecutados por el SAE.
Remarcaba además que «en la mayoría» de los beneficiarios de las subvenciones se producían «graves incumplimientos de los requisitos» que la legislación establece, y señalaba, «como más destacadas», el incumplimiento «generalizado del compromiso de contratación», la práctica de «caza de subvenciones» y la «falta de solvencia» y «experiencia» en formación.
Fuentes de la investigación han precisado se han llevado a cabo nuevas detenciones por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Almería que coordina esta operación, encontrándose entre los detenidos propietarios de las distintas empresas de formación y personal de su entorno.
En total y hasta el momento, se efectuado 20 detenciones en nuestra provincia, si bien se han llevado a cabo otras diez más en la provincia de Granada, la mayor parte de ellas relacionadas con sociedades radicadas en Almería.
Cabe recordar que la operación preveía hasta 35 arrestos durante el desarrollo de esta fase, que concluye a finales de semana, por lo que las actuaciones podrían llevar a practicar cuatro nuevas detenciones antes del sábado. Además, la extensión de la investigación a otras provincias —Granada, Málaga, Cádiz, Sevilla, Madrid y Lugo— podría sumar al menos otras 14 personas a la lista de detenidos.
En el caso de Almería, las primeras dos detenciones y la imputación tuvieron lugar el día 16. En este sentido, la UDEF señaló a personas vinculadas con el Centro de Estudios Andarax y la empresa Sicma S.L. por los presuntos delitos de fraude en la obtención de subvenciones, y estafa o falsedad documental. Estas personas que se habrían hecho con ayudas por un valor cercano a los 2,1 millones de euros, según ha publicado 'La Voz de Almería'.
Las últimas cuatro detenciones se practicaron el día 17 a raíz de supuestas irregularidades en las ayudas gestionadas por las sociedades Quintaeventos S.L., Aplinfo S.L. y Profesional de Salvamento y Socorrismo S.L., que se habrían hecho entre 2010 y 2012 con unos 750.000 euros provenientes las partidas 32D y 32L, reservadas por el Servicio Andaluz de Empleo para la financiación de cursos.
En concreto, y en una fase muy indiciaria de la investigación que ahora apunta hacía 35 personas y 17 mercantiles, se mencionaba a «varias» empresas, entre las que se encontraban Quintaeventos, Ormar Informatic, Inmecamar, y Academia Infosol, en las que se habían «detectado diversas irregularidades» .
La investigación sobre estas tres últimas provocó la detención del ya exconcejal del PSOE de Roquetas de Mar Juan Fernando Ortega, quien, tras abandonar la Comisaría, entregó su acta de edil y tramitó su baja de militancia en el partido. Junto a él también fueron detenidos su exmujer, su hija y una profesora.
Las pesquisas han llevado asimismo a la detención del concejal de Movilidad y Seguridad de Vícar, José Luis Leseduarte (PSOE), quien se mantiene en el cargo. En su caso, la detención se produjo por su vinculación con el centro de formación 'Indalo', donde el concejal prestó servicios, y que obtuvo en enero de 2011 y de 2012 resoluciones por parte del SAE por valor de 221.985 euros.
Investigación de la Fiscalía
El Juzgado de Instrucción número 4 de Almería abrió diligencias previas en junio de 2014 tras la denuncia formulada por la Fiscalía Provincial, al estimar que los hechos que resultaron de las indagaciones realizadas por la Brigada Central de Investigación de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF presentaban características que hacían «presumir la posible existencia de infracción penal».
La Fiscalía de Almería pidió que se judicializase la investigación al apreciar, a la espera de una más «depurada valoración jurídica», que los citados informes policiales con respecto a las resoluciones de 20 de enero de 2010 y 26 de enero de 2011 podrían ser constitutivos de supuestos delitos de fraude de subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias.
En su denuncia, solicitó, además de la incoación de diligencias previas, que se oficiase a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF para que realizase «una investigación profunda y detallada de los hechos» en relación a la provincia de Almería.
El Ministerio Público indicaba entonces que lo actuado hasta el momento daba cuenta de «irregularidades» que habrían sido «detectadas» en la obtención de subvenciones «por parte de determinadas personas físicas y empresas» en el marco de los planes de promoción de empleo ejecutados por el SAE.
Remarcaba además que «en la mayoría» de los beneficiarios de las subvenciones se producían «graves incumplimientos de los requisitos» que la legislación establece, y señalaba, «como más destacadas», el incumplimiento «generalizado del compromiso de contratación», la práctica de «caza de subvenciones» y la «falta de solvencia» y «experiencia» en formación.
