En el marco de la operación 'Edu' contra el fraude en los cursos de formación del Servicio Andaluz de Empleo
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| Ortega Paniagua (en el centro), junto al exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba |
EUROPA PRESS / 10•02•2015
El concejal del PSOE en Roquetas de Mar Juan Fernando Ortega Paniagua figura entre los imputados en la segunda fase de la operación 'Edu' que desarrollan este martes efectivos de la UDEF de la Policía Nacional en hasta tres provincias andaluzas. Junto al edil, han sito imputadas asimismo su exmujer, su hija y una profesora de una de las dos academias en las que el político figura como administrador.
Ortega Paniagua, que está imputado por la presunta comisión de delitos de falsedad documental, fraude en subvenciones públicas y fraude a la Seguridad Social, ha sido puesto en libertad tras personarse ante los agentes encargados de la investigación que coordina el Juzgado de Instrucción 4 de Almería.
Las actuaciones permanecen bajo secreto, después de que la juez instructora decidiese prorrogarlo por séptima vez en su auto de 9 de enero, al considerar que su levantamiento podría resultar «perjudicial» para las pesquisas en torno a las presuntas irregularidades en las subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cursos de formación en 2010 y 2011 en la provincia.
También han sido puestas ya en libertad la exmujer, la hija y la profesora, a quienes se investiga por las subvenciones recibidas por las academias Ormar Informatic S.L. e Infosol S.L.
Fuentes del caso han indicado que las actuaciones realizadas este martes corresponden a la primera fase de la que se denomina operación 'Edu Costa', que se prolongará hasta el próximo día 13, y en cuyo transcurso se llevarán a cano registros domiciliarios y de empresas en Cádiz, Málaga y Almería. La segunda fase, según han precisado, comenzará el día 16 y tiene previsto concluir el día 20.
El secreto de actuaciones se ha estado prorrogando a la espera de que se incorporase a la causa el informe oficiado a la UDEF, que se finalizaba recientemente con la ronda de entrevistas a profesores y alumnos de los centros de formación bajo sospecha.
La magistrada María del Mar Cruz ha aceptado la personación como parte en el procedimiento de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, si bien ha rechazado darle traslado de las actuaciones efectuadas hasta ahora.
Investigación de la Fiscalía
El Juzgado de Instrucción número 4 de Almería abrió diligencias previas en junio de 2014 tras la denuncia formulada por la Fiscalía Provincial, al estimar que los hechos que resultaron de las indagaciones realizadas por la Brigada Central de Investigación de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF presentan características que hacen «presumir la posible existencia de infracción penal».
La Fiscalía de Almería pidió que se judicializase la investigación al apreciar, a la espera de una más «depurada valoración jurídica», que los citados informes policiales con respecto a las resoluciones de 20 de enero de 2010 y 26 de enero de 2011 podrían ser constitutivos de supuestos delitos de fraude de subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias.
En su denuncia, el Ministerio Público solicitó, además de la incoación de diligencias previas, que se oficiase a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF para que realice «una investigación profunda y detallada de los hechos» en relación a la provincia de Almería.
El Ministerio Público indicaba entonces que en el testimonio de particulares remitido desde la Fiscalía de Málaga se incluye un informe de la UDEF «en el que se da cuenta de irregularidades detectadas» en la obtención de subvenciones «por parte de determinadas personas físicas y empresas» en el marco de los planes de promoción de empleo ejecutados por el SAE.
Remarcaba que «en la mayoría» de los beneficiarios de las subvenciones se producen «graves incumplimientos de los requisitos» que la legislación sobre subvenciones establece al efecto, señalando «como más destacadas» el incumplimiento «generalizado del compromiso de contratación», la práctica de «caza de subvenciones» por parte de algunas empresas, y la «falta de solvencia» y «experiencia» en la formación de algunas de esas personas físicas o jurídicas que reciben «la ayuda pública».
La Fiscalía Provincial detallaba asimismo en su denuncia que en un segundo informe de la UDEF «se alude a que irregularidades similares a las detectadas en la provincia de Málaga se han producido en la provincia de Almería», aunque matizaba que «no se realiza una investigación profunda y detallada».
Sí hacía mención a que en el citado informe se nombran «varias» empresas en las que se «han detectado diversas irregularidades», y recogía cuatro en concreto: «Quintaeventos S.L.; Ormar Informatic S.L.; Inmecamar S.L.; y Academia Infosol S.L.». El Ministerio Público interesó, además de la incoación del procedimiento penal, que se incorporase a la causa el testimonio de particulares de las diligencias de investigación penal de la Fiscalía de Málaga.
Ortega Paniagua, que está imputado por la presunta comisión de delitos de falsedad documental, fraude en subvenciones públicas y fraude a la Seguridad Social, ha sido puesto en libertad tras personarse ante los agentes encargados de la investigación que coordina el Juzgado de Instrucción 4 de Almería.
Las actuaciones permanecen bajo secreto, después de que la juez instructora decidiese prorrogarlo por séptima vez en su auto de 9 de enero, al considerar que su levantamiento podría resultar «perjudicial» para las pesquisas en torno a las presuntas irregularidades en las subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cursos de formación en 2010 y 2011 en la provincia.
También han sido puestas ya en libertad la exmujer, la hija y la profesora, a quienes se investiga por las subvenciones recibidas por las academias Ormar Informatic S.L. e Infosol S.L.
Fuentes del caso han indicado que las actuaciones realizadas este martes corresponden a la primera fase de la que se denomina operación 'Edu Costa', que se prolongará hasta el próximo día 13, y en cuyo transcurso se llevarán a cano registros domiciliarios y de empresas en Cádiz, Málaga y Almería. La segunda fase, según han precisado, comenzará el día 16 y tiene previsto concluir el día 20.
El secreto de actuaciones se ha estado prorrogando a la espera de que se incorporase a la causa el informe oficiado a la UDEF, que se finalizaba recientemente con la ronda de entrevistas a profesores y alumnos de los centros de formación bajo sospecha.
La magistrada María del Mar Cruz ha aceptado la personación como parte en el procedimiento de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, si bien ha rechazado darle traslado de las actuaciones efectuadas hasta ahora.
Investigación de la Fiscalía
El Juzgado de Instrucción número 4 de Almería abrió diligencias previas en junio de 2014 tras la denuncia formulada por la Fiscalía Provincial, al estimar que los hechos que resultaron de las indagaciones realizadas por la Brigada Central de Investigación de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF presentan características que hacen «presumir la posible existencia de infracción penal».
La Fiscalía de Almería pidió que se judicializase la investigación al apreciar, a la espera de una más «depurada valoración jurídica», que los citados informes policiales con respecto a las resoluciones de 20 de enero de 2010 y 26 de enero de 2011 podrían ser constitutivos de supuestos delitos de fraude de subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias.
En su denuncia, el Ministerio Público solicitó, además de la incoación de diligencias previas, que se oficiase a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF para que realice «una investigación profunda y detallada de los hechos» en relación a la provincia de Almería.
El Ministerio Público indicaba entonces que en el testimonio de particulares remitido desde la Fiscalía de Málaga se incluye un informe de la UDEF «en el que se da cuenta de irregularidades detectadas» en la obtención de subvenciones «por parte de determinadas personas físicas y empresas» en el marco de los planes de promoción de empleo ejecutados por el SAE.
Remarcaba que «en la mayoría» de los beneficiarios de las subvenciones se producen «graves incumplimientos de los requisitos» que la legislación sobre subvenciones establece al efecto, señalando «como más destacadas» el incumplimiento «generalizado del compromiso de contratación», la práctica de «caza de subvenciones» por parte de algunas empresas, y la «falta de solvencia» y «experiencia» en la formación de algunas de esas personas físicas o jurídicas que reciben «la ayuda pública».
La Fiscalía Provincial detallaba asimismo en su denuncia que en un segundo informe de la UDEF «se alude a que irregularidades similares a las detectadas en la provincia de Málaga se han producido en la provincia de Almería», aunque matizaba que «no se realiza una investigación profunda y detallada».
Sí hacía mención a que en el citado informe se nombran «varias» empresas en las que se «han detectado diversas irregularidades», y recogía cuatro en concreto: «Quintaeventos S.L.; Ormar Informatic S.L.; Inmecamar S.L.; y Academia Infosol S.L.». El Ministerio Público interesó, además de la incoación del procedimiento penal, que se incorporase a la causa el testimonio de particulares de las diligencias de investigación penal de la Fiscalía de Málaga.
