Los facultativos denuncian que son el colectivo que con más dureza sufre las consecuencias de las políticas de un «Gobierno confiscatorio de izquierdas»
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| Imagen: SIMEAL |
ALMERÍA HOY / 23·02·2015
El Sindicato Médico de Almería SIMEAL-SMA ha denunciado que el colectivo continúa soportando duramente lo que denomina «el precio de la crisis andaluza», que, según manifiesta, se inició con «el robo legal inicial de un 7% del salario» con ‘ZP’ y siguió con Montoro, Griñán y Montero.
En una nota de prensa hecha pública éste fin de semana, el Sindicato cuestiona las promesas electorales de Díaz «que actúa más como una madrastra» que como defensora de sus derechos, e insta a los facultativos a concienciarse y a exigir su restitución.
El presidente de SIMEAL-SMA, Nicasio Marón, acusa directamente a la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz de ser la responsable de mantener, cinco años después, «los mayores recortes sobre el trabajo jamás sufridos por colectivo alguno de empleados públicos», con una pérdida salarial que en algunos casos llega a alcanzar «hasta un 50% de media».
Los médicos andaluces, añade la nota, se consideran los grandes perjudicados de las políticas que en materia de sanidad se han ejecutado durante los últimos años en la región, especialmente por el «Gobierno confiscatorio de izquierdas» de PSOE e IU, con Susana Díaz y Diego Valderas al frente de un ejecutivo, al que culpan de «los robos perpetrados sobre el trabajo con fuerza legal».
El Sindicato denuncia asimismo que, a día de hoy, siguen soportando con dureza y «de forma asimétrica y desproporcionada el precio de la crisis andaluza», con recortes en salarios que oscilan entre el 32 y el 50 por ciento de media, lo que les ha llevado a una situación «histórica» de empobrecimiento que se inició con «aquel robo inicial del siete por ciento en el salario» decretado por el Gobierno de Zapatero, y tuvo su continuación «en la canallada del diez por ciento en lo variable», decretado por el Gobierno de Griñán, especialmente cuando ese complemento «es casi todo para un médico que vive y muere a golpe de guardias».
A todo ello, añade SIMEAL-SMA, hay que sumar la media hora diaria, «que fueron dos tardes de trabajo gratis», sin olvidar tampoco «los días de viejo, antigüedad, la carrera profesional hibernada y la mezquindad del salario al 75, 50 y 33 por ciento, ahora bajo la promesa de aliviar a los 'elegidos', los llamados eventuales estructurales».
Ante esta situación, el Sindicato Médico de Almería llama a los empleados públicos a movilizarse en defensa de sus intereses, ya que, según apunta Marín, «o logramos ahora un claro retorno de derechos o estos se quedarán para siempre anulados por un gobierno socialista».
Los médicos, aseguran desde el sindicato, recelan de las promesas electorales de Susana Díaz sobre una supuesta devolución de los derechos usurpados, al tiempo que comparan a la presidenta de la Junta con «una madrastra que maltrata a los empleados públicos más comprometidos con el bienestar social».
El Sindicato Médico insta a los facultativos a reclamar que se les restituya los derechos perdidos «y a que trabajen de tal modo que los pacientes no sufran las consecuencias» de las decisiones de un «Gobierno confiscatorio que ha devaluado el sistema sanitario público»; insistiendo en que «hagan lo adecuado y lo hagan bien», de modo que el interés primario «siga siendo el mejor pronóstico para los enfermos».
En una nota de prensa hecha pública éste fin de semana, el Sindicato cuestiona las promesas electorales de Díaz «que actúa más como una madrastra» que como defensora de sus derechos, e insta a los facultativos a concienciarse y a exigir su restitución.
El presidente de SIMEAL-SMA, Nicasio Marón, acusa directamente a la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz de ser la responsable de mantener, cinco años después, «los mayores recortes sobre el trabajo jamás sufridos por colectivo alguno de empleados públicos», con una pérdida salarial que en algunos casos llega a alcanzar «hasta un 50% de media».
Los médicos andaluces, añade la nota, se consideran los grandes perjudicados de las políticas que en materia de sanidad se han ejecutado durante los últimos años en la región, especialmente por el «Gobierno confiscatorio de izquierdas» de PSOE e IU, con Susana Díaz y Diego Valderas al frente de un ejecutivo, al que culpan de «los robos perpetrados sobre el trabajo con fuerza legal».
El Sindicato denuncia asimismo que, a día de hoy, siguen soportando con dureza y «de forma asimétrica y desproporcionada el precio de la crisis andaluza», con recortes en salarios que oscilan entre el 32 y el 50 por ciento de media, lo que les ha llevado a una situación «histórica» de empobrecimiento que se inició con «aquel robo inicial del siete por ciento en el salario» decretado por el Gobierno de Zapatero, y tuvo su continuación «en la canallada del diez por ciento en lo variable», decretado por el Gobierno de Griñán, especialmente cuando ese complemento «es casi todo para un médico que vive y muere a golpe de guardias».
A todo ello, añade SIMEAL-SMA, hay que sumar la media hora diaria, «que fueron dos tardes de trabajo gratis», sin olvidar tampoco «los días de viejo, antigüedad, la carrera profesional hibernada y la mezquindad del salario al 75, 50 y 33 por ciento, ahora bajo la promesa de aliviar a los 'elegidos', los llamados eventuales estructurales».
Ante esta situación, el Sindicato Médico de Almería llama a los empleados públicos a movilizarse en defensa de sus intereses, ya que, según apunta Marín, «o logramos ahora un claro retorno de derechos o estos se quedarán para siempre anulados por un gobierno socialista».
Los médicos, aseguran desde el sindicato, recelan de las promesas electorales de Susana Díaz sobre una supuesta devolución de los derechos usurpados, al tiempo que comparan a la presidenta de la Junta con «una madrastra que maltrata a los empleados públicos más comprometidos con el bienestar social».
El Sindicato Médico insta a los facultativos a reclamar que se les restituya los derechos perdidos «y a que trabajen de tal modo que los pacientes no sufran las consecuencias» de las decisiones de un «Gobierno confiscatorio que ha devaluado el sistema sanitario público»; insistiendo en que «hagan lo adecuado y lo hagan bien», de modo que el interés primario «siga siendo el mejor pronóstico para los enfermos».
