En el marco de un nuevo proceso contra el exalcalde y actual edil de Obras Públicas de Zurgena, Cándido Trabalón
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| Casco urbano de Zurgena |
EUROPA PRESS / 25·11·2014
El Juzgado de lo Penal número 2 de Almería acoge este martes el arranque de una nueva vista oral contra el exalcalde de Zurgena y actual edil de Obras Públicas, Cándido Trabalón (PA), así como contra cinco exmiembros de la corporación local acusados de conceder licencia para la construcción de 41 viviendas unifamiliares en varias parcelas ubicadas en los parajes Barranco de Los Pinos y Cortijo Zurano.
El juicio llega mientras que Trabalón, único de los imputados que sigue activo en política, permanece a la espera de que el Juzgado de lo Penal número 3 dicte sentencia tras la vista oral celebrada hace tres semanas, y en la que el fiscal elevó a definitiva su petición de 21 meses de prisión y nueve años de inhabilitación por la comisión de presuntos delitos de prevaricación, al autorizar la edificación de 202 viviendas sobre suelo no urbanizable en La Alfoquía.
En el caso que se enjuicia este martes —tras varios aplazamientos—, la Fiscalía solicita para el exregidor, para su exconcejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, y otros cuatro exconcejales penas de seis meses de prisión, multa de 14 meses a razón de 12 euros diarios e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de siete años. Penas a la que también se enfrenta el técnico F.S.G., quien habría emitido un informe técnico favorable «a sabiendas de su injusticia».
Comparten banquillo junto a ellos los administradores de la mercantil Promociones Las Cañaicas S.L., I.G.F. y F.M.L., a quienes el Ministerio Público imputa un presunto delito contra la ordenación del territorio por la construcción de 41 viviendas en unos terrenos de los que, sostiene el fiscal, conocían su condición de no urbanizables. Los acusados habrían levantado además «otras doce edificaciones sin licencia municipal alguna que las amparase», si bien estas últimas no llegaron a finalizarse.
Interesa para ambos penas de dos años de cárcel y multa de 24 meses a razón de 30 euros al día, así como inhabilitación especial para oficio relacionado con la construcción por tiempo de dos años.
Las 41 licencias para las que sí se concedió permiso en una sesión plenaria del Ayuntamiento de Zurgena cuando Trabalón era alcalde, con el voto favorable de los ediles acusados «pese a tener conocimiento de que conforme a la legislación vigente estaban proyectadas en suelo no urbanizable», fueron vendidas mediante contratos privados de compraventa por I.G.F. y F.M.L. a terceras personas, en su mayoría ciudadanos de origen extranjero.
El Ministerio Público pedirá en la vista oral que se acuerde la demolición de lo edificado, con indemnización a cargo de los constructores para los actuales propietarios de las viviendas —equivalente al precio que pagaron por ellas—. Fiscalía solicitará asimismo que los administradores de la mercantil corran con los costes de la ejecución del derribo.
Una treintena de británicos afectados
En febrero de 2011, la juez ordenó que se diese traslado de las actuaciones por presunto delito de prevaricación tanto al Ayuntamiento de Zurgena como a la aseguradora del arquitecto procesado, por la responsabilidad civil subsidiaria y civil directa de ambas entidades, para que formulasen el correspondiente escrito de defensa. Los dueños de los inmuebles, por los que pagaron alrededor de 200.000 euros, ejercen la acusación particular.
La magistrado daba así respuesta a la solicitud expresada por las acusaciones particulares personadas, en las que están representados una treintena de ciudadanos, en su mayoría residentes de nacionalidad británica, que adquirieron las casas supuestamente fuera de ordenación y con una licencia ilegal. Todos pidieron que se cursará ese trámite al incoarse procedimiento abreviado aunque el juzgado instructor no lo hizo.
Suspendido por cuarta vez (actualización)
En torno a las 10:00 horas de esta mañana, el juez ha decidido suspender la vista oral tras comprobar que aún no se ha resuelto una cuestión previa presentadas por una de las partes hace aproximadamente dos meses. Se trata de la cuarta ocasión en la que se suspende este juicio.
El juicio llega mientras que Trabalón, único de los imputados que sigue activo en política, permanece a la espera de que el Juzgado de lo Penal número 3 dicte sentencia tras la vista oral celebrada hace tres semanas, y en la que el fiscal elevó a definitiva su petición de 21 meses de prisión y nueve años de inhabilitación por la comisión de presuntos delitos de prevaricación, al autorizar la edificación de 202 viviendas sobre suelo no urbanizable en La Alfoquía.
En el caso que se enjuicia este martes —tras varios aplazamientos—, la Fiscalía solicita para el exregidor, para su exconcejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, y otros cuatro exconcejales penas de seis meses de prisión, multa de 14 meses a razón de 12 euros diarios e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de siete años. Penas a la que también se enfrenta el técnico F.S.G., quien habría emitido un informe técnico favorable «a sabiendas de su injusticia».
Comparten banquillo junto a ellos los administradores de la mercantil Promociones Las Cañaicas S.L., I.G.F. y F.M.L., a quienes el Ministerio Público imputa un presunto delito contra la ordenación del territorio por la construcción de 41 viviendas en unos terrenos de los que, sostiene el fiscal, conocían su condición de no urbanizables. Los acusados habrían levantado además «otras doce edificaciones sin licencia municipal alguna que las amparase», si bien estas últimas no llegaron a finalizarse.
Interesa para ambos penas de dos años de cárcel y multa de 24 meses a razón de 30 euros al día, así como inhabilitación especial para oficio relacionado con la construcción por tiempo de dos años.
Las 41 licencias para las que sí se concedió permiso en una sesión plenaria del Ayuntamiento de Zurgena cuando Trabalón era alcalde, con el voto favorable de los ediles acusados «pese a tener conocimiento de que conforme a la legislación vigente estaban proyectadas en suelo no urbanizable», fueron vendidas mediante contratos privados de compraventa por I.G.F. y F.M.L. a terceras personas, en su mayoría ciudadanos de origen extranjero.
El Ministerio Público pedirá en la vista oral que se acuerde la demolición de lo edificado, con indemnización a cargo de los constructores para los actuales propietarios de las viviendas —equivalente al precio que pagaron por ellas—. Fiscalía solicitará asimismo que los administradores de la mercantil corran con los costes de la ejecución del derribo.
Una treintena de británicos afectados
En febrero de 2011, la juez ordenó que se diese traslado de las actuaciones por presunto delito de prevaricación tanto al Ayuntamiento de Zurgena como a la aseguradora del arquitecto procesado, por la responsabilidad civil subsidiaria y civil directa de ambas entidades, para que formulasen el correspondiente escrito de defensa. Los dueños de los inmuebles, por los que pagaron alrededor de 200.000 euros, ejercen la acusación particular.
La magistrado daba así respuesta a la solicitud expresada por las acusaciones particulares personadas, en las que están representados una treintena de ciudadanos, en su mayoría residentes de nacionalidad británica, que adquirieron las casas supuestamente fuera de ordenación y con una licencia ilegal. Todos pidieron que se cursará ese trámite al incoarse procedimiento abreviado aunque el juzgado instructor no lo hizo.
Suspendido por cuarta vez (actualización)
En torno a las 10:00 horas de esta mañana, el juez ha decidido suspender la vista oral tras comprobar que aún no se ha resuelto una cuestión previa presentadas por una de las partes hace aproximadamente dos meses. Se trata de la cuarta ocasión en la que se suspende este juicio.
