Así lo ha asegurado esta mañana la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, quien considera además que la reforma «hace frente, por primera vez, a los efectos del cambio climático en nuestra costa»
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| García Tejerina durante una intervención en el Congreso de los Diputados |
ALMERÍA HOY / 15·10·2014
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha anunciado esta mañana el comienzo de la aplicación de la nueva Ley de Costas, una vez ha sido aprobado su reglamento, asegurando que se priorizarán «los deslindes que afectan a un mayor número de ciudadanos», y que ya existen al efecto «partidas específicas en los Presupuestos Generales del Estado para 2.015».
García Tejerina respondía a una pregunta del diputado Carles Páramo, de CiU, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, al que ha explicado que el Gobierno era «consciente de la grave situación en la que se encontraban nuestras costas debido a la ley de 1.988», y que por ese motivo puso en marcha una reforma de la legislación que culminó el pasado viernes 10 de octubre con la aprobación del nuevo Reglamento de Costas, que ya se encuentra en vigor.
La ministra considera que «ha valido la pena dedicar el tiempo necesario a la tramitación de este reglamento para atender a todos los intereses», reglamento que «respeta escrupulosamente las competencias de las Comunidades Autónomas y del resto de administraciones».
Además, afirma, «con esta reforma se protege mucho mejor nuestro litoral, en el que se prohíben nuevas construcciones, se preservan las playas naturales y se hace frente, por primera vez, a los efectos del cambio climático en nuestra costa».
Asimismo, García Tejerina ha subrayado que con la nueva normativa «se pone fin a una inseguridad jurídica que era insostenible», ya que de las más de 40.000 ocupaciones de la costa, un 90% se encuentra sin título vigente. Y unas 13.000 viviendas, que debían ser demolidas a partir de 2.018, verán ahora ampliadas y mejoradas sus concesiones.
También ha señalado que determinados núcleos urbanos «salen de la situación de alegalidad en la que injustamente se encontraban», al tiempo que las múltiples actividades vinculadas con la costa, como hoteles, industrias, chiringuitos o clubes náuticos, contarán ahora con una regulación específica.
García Tejerina ha insistido en señalar que «los problemas empezaron con la ley de 1.988 y la solución la ha dado este Gobierno».
Por último, la ministra ha aclarado que, en cuanto al plazo para inscribir en el registro de la propiedad los bienes de dominio público, se trata de un mandato a la administración y no tiene efectos jurídicos, y afecta únicamente a los bienes ya deslindados, no a los que se modifiquen como consecuencia de la reforma.
García Tejerina respondía a una pregunta del diputado Carles Páramo, de CiU, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, al que ha explicado que el Gobierno era «consciente de la grave situación en la que se encontraban nuestras costas debido a la ley de 1.988», y que por ese motivo puso en marcha una reforma de la legislación que culminó el pasado viernes 10 de octubre con la aprobación del nuevo Reglamento de Costas, que ya se encuentra en vigor.
La ministra considera que «ha valido la pena dedicar el tiempo necesario a la tramitación de este reglamento para atender a todos los intereses», reglamento que «respeta escrupulosamente las competencias de las Comunidades Autónomas y del resto de administraciones».
Además, afirma, «con esta reforma se protege mucho mejor nuestro litoral, en el que se prohíben nuevas construcciones, se preservan las playas naturales y se hace frente, por primera vez, a los efectos del cambio climático en nuestra costa».
Asimismo, García Tejerina ha subrayado que con la nueva normativa «se pone fin a una inseguridad jurídica que era insostenible», ya que de las más de 40.000 ocupaciones de la costa, un 90% se encuentra sin título vigente. Y unas 13.000 viviendas, que debían ser demolidas a partir de 2.018, verán ahora ampliadas y mejoradas sus concesiones.
También ha señalado que determinados núcleos urbanos «salen de la situación de alegalidad en la que injustamente se encontraban», al tiempo que las múltiples actividades vinculadas con la costa, como hoteles, industrias, chiringuitos o clubes náuticos, contarán ahora con una regulación específica.
García Tejerina ha insistido en señalar que «los problemas empezaron con la ley de 1.988 y la solución la ha dado este Gobierno».
Por último, la ministra ha aclarado que, en cuanto al plazo para inscribir en el registro de la propiedad los bienes de dominio público, se trata de un mandato a la administración y no tiene efectos jurídicos, y afecta únicamente a los bienes ya deslindados, no a los que se modifiquen como consecuencia de la reforma.
