El presidente de Diputación y Alcalde de Roquetas de Mar tendrá que declarar ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de esa localidad por implicación en el caso La Fabriquilla
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| Amat declarará ante la juez el próximo día 17 de noviembre |
ALMERÍA HOY / 24·10·2014
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Roquetas de Mar ha citado a declarar en calidad de imputado al presidente de la Diputación provincial y alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, así como a seis de sus concejales y dos técnicos municipales por la concesión de una licencia de obra a Hortiagrícola, S.L. para la construcción de diez viviendas en el paraje La Fabriquilla.
La providencia dictada por la magistrado María del Mar Alejo, en el marco de la causa abierta a instancia de doña Margarita Kaiser —a la que se suma la asociación AMAyT—, emplaza a los ediles Pedro Antonio López Gómez, José Juan Rubí Fuentes, José Juan Galdeano Antequera y Francisco Martín Hernández a prestar declaración, en calidad de imputados, el próximo 14 de noviembre.
En los mismos términos, cita para el día 17 a Gabriel Amat Ayllón, Francisca Toresano Moreno y Antonio García Aguilar, todos ellos, como los anteriores, asistentes a la junta de Gobierno del 14 de mayo de 2007 en la que se aprobó la licencia.
También son imputados los técnicos de Urbanismo Francisco Hernández Cañada y Juan González Pomares, que tendrán que testificar el próximo 24 de noviembre.
La confianza del PP
Mediante un comunicado hecho público a última hora de la tarde de ayer, el Partido Popular de Almería ha expresado «su confianza en la forma de actuar de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas al conceder la licencia», y ha recordado que la concesión «gozaba del informe técnico favorable, así como del jurídico».
Junto al comunicado, el Partido Popular ha remitido dos informes técnicos que respaldarían la actuación de la junta de Gobierno del consistorio roquetero: uno del Colegio de Arquitecto de Almería y otro del imputado Juan González Pomares.
La finca de la discordia
Las polémicas en torno a las actuaciones municipales relacionadas con la finca de La Fabriquilla se remontan a mediados de la década de los 90 del s. XX, cuando, tras haberle sido rechazadas varias propuestas de convenio a la entonces propietaria, Margarita Kaiser; e inmediatamente antes de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, el ayuntamiento de Roquetas aceptó —a instancia del entonces portavoz socialista, Juan Fernando Ortega Paniagua— la propuesta de convenio de unos nuevos propietarios.
La finca quedó entonces subdividida en 11 parcelas diferentes, quedando una de ellas destinada a su uso para equipamientos de las viviendas que pudieran construirse en las 10 restantes.
Unos diez años más tarde, alrededor de 2006 el Gobierno municipal aprobó una propuesta que modificaba el uso de ese suelo, permitiendo la edificación sobre el mismo. La decisión fue llevada a los tribunales por el PSOE, y recurrida posteriormente ante el TSJA cuando la sentencia le fue desfavorable.
El alto tribunal andaluz concedió finalmente la razón al PSOE, pero un cambio legislativo impidió que pudiera cumplirse la sentencia.
El proceso que se instruye actualmente en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Roquetas de Mar es fruto de la unificación de dos causas distintas: la abierta a instancia de doña Margarita Kaiser por la presunta concesión irregular de una licencia a la sociedad Hortiagrícola S.L. para la construcción de 10 viviendas en el paraje de La Fabriquilla; y la abierta a instancia de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) por la presunta existencia de una trama corrupta vinculada a Gabriel Amat.
La providencia dictada por la magistrado María del Mar Alejo, en el marco de la causa abierta a instancia de doña Margarita Kaiser —a la que se suma la asociación AMAyT—, emplaza a los ediles Pedro Antonio López Gómez, José Juan Rubí Fuentes, José Juan Galdeano Antequera y Francisco Martín Hernández a prestar declaración, en calidad de imputados, el próximo 14 de noviembre.
En los mismos términos, cita para el día 17 a Gabriel Amat Ayllón, Francisca Toresano Moreno y Antonio García Aguilar, todos ellos, como los anteriores, asistentes a la junta de Gobierno del 14 de mayo de 2007 en la que se aprobó la licencia.
También son imputados los técnicos de Urbanismo Francisco Hernández Cañada y Juan González Pomares, que tendrán que testificar el próximo 24 de noviembre.
La confianza del PP
Mediante un comunicado hecho público a última hora de la tarde de ayer, el Partido Popular de Almería ha expresado «su confianza en la forma de actuar de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas al conceder la licencia», y ha recordado que la concesión «gozaba del informe técnico favorable, así como del jurídico».
Junto al comunicado, el Partido Popular ha remitido dos informes técnicos que respaldarían la actuación de la junta de Gobierno del consistorio roquetero: uno del Colegio de Arquitecto de Almería y otro del imputado Juan González Pomares.
La finca de la discordia
Las polémicas en torno a las actuaciones municipales relacionadas con la finca de La Fabriquilla se remontan a mediados de la década de los 90 del s. XX, cuando, tras haberle sido rechazadas varias propuestas de convenio a la entonces propietaria, Margarita Kaiser; e inmediatamente antes de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, el ayuntamiento de Roquetas aceptó —a instancia del entonces portavoz socialista, Juan Fernando Ortega Paniagua— la propuesta de convenio de unos nuevos propietarios.
La finca quedó entonces subdividida en 11 parcelas diferentes, quedando una de ellas destinada a su uso para equipamientos de las viviendas que pudieran construirse en las 10 restantes.
Unos diez años más tarde, alrededor de 2006 el Gobierno municipal aprobó una propuesta que modificaba el uso de ese suelo, permitiendo la edificación sobre el mismo. La decisión fue llevada a los tribunales por el PSOE, y recurrida posteriormente ante el TSJA cuando la sentencia le fue desfavorable.
El alto tribunal andaluz concedió finalmente la razón al PSOE, pero un cambio legislativo impidió que pudiera cumplirse la sentencia.
El proceso que se instruye actualmente en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Roquetas de Mar es fruto de la unificación de dos causas distintas: la abierta a instancia de doña Margarita Kaiser por la presunta concesión irregular de una licencia a la sociedad Hortiagrícola S.L. para la construcción de 10 viviendas en el paraje de La Fabriquilla; y la abierta a instancia de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) por la presunta existencia de una trama corrupta vinculada a Gabriel Amat.
