El texto desarrolla y aplica la reforma de la Ley de Costas de 2013, e introduce los efectos del cambio climático
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| La norma prohíbe nuevas construcciones u obras que cambien la altura, volumen o superficie de las anteriores edificaciones |
ALMERÍA HOY / 12·10·2014
El nuevo Reglamento aprobado por el Consejo de Ministros esta semana ordena «definitivamente» la situación de unos 3.000 chiringuitos en todo el territorio nacional, ya que aporta «más seguridad» en cuanto a plazos y condiciones de la concesión, exigiéndoles asimismo más en términos de ordenación y cuidado de las playas. Los chiringuitos suponen, según el Ministerio, unos 50.000 empleos directos a nivel nacional.
El número de establecimientos en las playas andaluzas se eleva a 742 y prácticamente la mitad de ellos, se concentran en la provincia de Málaga, seguida en número por Cádiz, Almería y Huelva, según datos de Julio de este mismo año aportados por la Junta de Andalucía. Cabe recordar que Medio Ambiente delegó este mes de junio las competencias de concesiones de los chiringuitos a las provincias para agilizar los trámites, regular las instalaciones e incrementar su seguridad jurídica.
Por otra parte, el reglamento también garantiza la actividad de más de 1.600 empresas e industrias que estaban destinadas a desaparecer a partir del año 2018. Según el Gobierno, el nuevo documento logra el equilibrio entre «un alto nivel de protección ambiental con el impulso de la actividad económica y la generación de empleo».
La clarificación sobre los criterios para el establecimiento de actividades en la costa puede asegurar también la situación a unos 1.000 hoteles ya existentes de forma legal, que ahora podrán «prolongar los negocios y hacer reformas para modernizarse, siempre que no aumenten su tamaño y mejoren su eficiencia ambiental».
Mención tienen también las viviendas, ya que se da seguridad jurídica a 13.000 inmuebles que se edificaron en su día legalmente. «Todas ellas podrán prorrogar sus concesiones», dice el comunicado del Gobierno.
Cambio climático
El Reglamento prevé la posibilidad de declarar «en regresión ciertos tramos de costa», en los que se restringirán las ocupaciones. También concreta los criterios técnicos para determinar esas restricciones y para los concesionarios de ocupaciones se prevé «la obligación de adoptar medidas de adaptación a los efectos del cambio climático». Recoge así, por primera vez, las previsiones de la Ley de 2013 respecto a los efectos del Cambio Climático en el litoral ya que las de 1988 y el reglamento de 1989 «no contenían nada al respecto».
Por otra parte, el texto introduce novedades en la tramitación de los procedimientos de deslinde, con el fin de sea obligatorio su registro y la adecuada coordinación entre Costas, Registro de la Propiedad y Catastros. «Se trata de que nadie pueda comprar una vivienda u otros bienes y descubrir después que no le pertenecen porque son de uso público», explica el Gobierno.
Entre los principios que caracterizan esta norma destacan «la prohibición de nuevas edificaciones y construcciones» en la costa así como de las obras que supongan «cualquier aumento de volumen, altura o superficie de las edificaciones existentes» y la exigencia de eficiencia energética y de ahorro de agua en las obras que se autoricen. Además, exige un informe ambiental autonómico para autorizar la prórroga de concesiones de actividades potencialmente contaminantes que recoge la Ley.
El número de establecimientos en las playas andaluzas se eleva a 742 y prácticamente la mitad de ellos, se concentran en la provincia de Málaga, seguida en número por Cádiz, Almería y Huelva, según datos de Julio de este mismo año aportados por la Junta de Andalucía. Cabe recordar que Medio Ambiente delegó este mes de junio las competencias de concesiones de los chiringuitos a las provincias para agilizar los trámites, regular las instalaciones e incrementar su seguridad jurídica.
Por otra parte, el reglamento también garantiza la actividad de más de 1.600 empresas e industrias que estaban destinadas a desaparecer a partir del año 2018. Según el Gobierno, el nuevo documento logra el equilibrio entre «un alto nivel de protección ambiental con el impulso de la actividad económica y la generación de empleo».
La clarificación sobre los criterios para el establecimiento de actividades en la costa puede asegurar también la situación a unos 1.000 hoteles ya existentes de forma legal, que ahora podrán «prolongar los negocios y hacer reformas para modernizarse, siempre que no aumenten su tamaño y mejoren su eficiencia ambiental».
Mención tienen también las viviendas, ya que se da seguridad jurídica a 13.000 inmuebles que se edificaron en su día legalmente. «Todas ellas podrán prorrogar sus concesiones», dice el comunicado del Gobierno.
Cambio climático
El Reglamento prevé la posibilidad de declarar «en regresión ciertos tramos de costa», en los que se restringirán las ocupaciones. También concreta los criterios técnicos para determinar esas restricciones y para los concesionarios de ocupaciones se prevé «la obligación de adoptar medidas de adaptación a los efectos del cambio climático». Recoge así, por primera vez, las previsiones de la Ley de 2013 respecto a los efectos del Cambio Climático en el litoral ya que las de 1988 y el reglamento de 1989 «no contenían nada al respecto».
Por otra parte, el texto introduce novedades en la tramitación de los procedimientos de deslinde, con el fin de sea obligatorio su registro y la adecuada coordinación entre Costas, Registro de la Propiedad y Catastros. «Se trata de que nadie pueda comprar una vivienda u otros bienes y descubrir después que no le pertenecen porque son de uso público», explica el Gobierno.
Entre los principios que caracterizan esta norma destacan «la prohibición de nuevas edificaciones y construcciones» en la costa así como de las obras que supongan «cualquier aumento de volumen, altura o superficie de las edificaciones existentes» y la exigencia de eficiencia energética y de ahorro de agua en las obras que se autoricen. Además, exige un informe ambiental autonómico para autorizar la prórroga de concesiones de actividades potencialmente contaminantes que recoge la Ley.
