La contradenuncia del presunto agresor y la doble indefensión de mujeres inmigrantes preocupan a los expertos
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| Murillo, responsable del área de la mujer de Amnistía Internacional, durante la conferencia a alumnos de Trabajo Social |
ALMERÍA HOY / 18·10·2014
La responsable del área de la mujer de Amnistía Internacional en Almería, Carmen Murillo, considera que la Ley Integral contra la Violencia de Género «no funciona en la práctica». En esos términos se expresó durante una conferencia para alumnos del Grado de Trabajo Social en la capital almeriense.
Según Murillo, «la sensación de indefensión sigue siendo total por parte de las mujeres que realizan la denuncia. Todavía persisten muchos prejuicios, de hecho se han constatado comportamientos irrespetuosos a la hora de obtener los testimonios de las víctimas», aseguró.
En este sentido, desde Amnistía Internacional consideran que la mujer inmigrante es la que más sufre la inacción de la ley porque «desconoce el idioma, no es informada de sus derechos, la asistencia letrada es difícil de conseguir, no saben explicar los hechos, tienen miedo de que descubran su situación irregular». Es aquí donde la labor que pueden realizar los trabajadores sociales es «vital, ya que deben ayudar y ejercer de guía, algo que la ley no tiene en cuenta», argumentó en su conferencia.
Asimismo, la organización denuncia los obstáculos que siguen encontrándose las mujeres víctimas de la violencia de género, siete años después de la puesta en marcha de la Ley Integral, especialmente en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que son los órganos especializados y con competencia para conocer e instruir los procesos penales sobre delitos relacionados con la violencia de género.
Murillo, además, considera que ley permite un reverso perverso, «el presunto agresor puede prácticamente blindarse ante la ley si pone una contradenuncia sobre lesión a su honor, por ejemplo. Y es que, yendo más allá, hay casos en los que una mujer maltratada, con señales físicas de violencia en más de cuarenta ocasiones, ha tenido que pagar hasta una sanción de 3.000 euros porque su maltratador ganó la denuncia de animadversión presentada contra ella y su hija».
«La ley no funciona como debiera, es necesaria una revisión, establecer más medios, eliminar las dificultades a la hora de abrir diligencias para la investigación. Ahora mismo los obstáculos se multiplican en cada una de las fases y no es efectiva», concluyó.
Según Murillo, «la sensación de indefensión sigue siendo total por parte de las mujeres que realizan la denuncia. Todavía persisten muchos prejuicios, de hecho se han constatado comportamientos irrespetuosos a la hora de obtener los testimonios de las víctimas», aseguró.
En este sentido, desde Amnistía Internacional consideran que la mujer inmigrante es la que más sufre la inacción de la ley porque «desconoce el idioma, no es informada de sus derechos, la asistencia letrada es difícil de conseguir, no saben explicar los hechos, tienen miedo de que descubran su situación irregular». Es aquí donde la labor que pueden realizar los trabajadores sociales es «vital, ya que deben ayudar y ejercer de guía, algo que la ley no tiene en cuenta», argumentó en su conferencia.
Asimismo, la organización denuncia los obstáculos que siguen encontrándose las mujeres víctimas de la violencia de género, siete años después de la puesta en marcha de la Ley Integral, especialmente en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que son los órganos especializados y con competencia para conocer e instruir los procesos penales sobre delitos relacionados con la violencia de género.
Murillo, además, considera que ley permite un reverso perverso, «el presunto agresor puede prácticamente blindarse ante la ley si pone una contradenuncia sobre lesión a su honor, por ejemplo. Y es que, yendo más allá, hay casos en los que una mujer maltratada, con señales físicas de violencia en más de cuarenta ocasiones, ha tenido que pagar hasta una sanción de 3.000 euros porque su maltratador ganó la denuncia de animadversión presentada contra ella y su hija».
«La ley no funciona como debiera, es necesaria una revisión, establecer más medios, eliminar las dificultades a la hora de abrir diligencias para la investigación. Ahora mismo los obstáculos se multiplican en cada una de las fases y no es efectiva», concluyó.
