La legalización pasa por un cambio en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
 |
| Imagen de archivo |
ALMERÍA HOY / 17·09·2014
La presidenta de la Junta estaría dispuesta a proponer un cambio de la ley urbanística para sacar «del limbo de inseguridad jurídica» a las miles de construcciones catalogadas como ilegales en la región, según explicó durante el debate del estado de la comunidad. Para la mayoría de estas edificaciones, construidas hace tiempo y en suelo no urbanizable, ya ha prescrito el plazo para la restitución de la legalidad urbanística. Aunque los colectivos de afectados se muestran optimistas, la realidad es que no todas las viviendas podrán legalizarse, sino simplemente evitar su derribo, algo que tendrá que estudiarse caso por caso.
Entre otras cosas, la resolución dependerá de su localización geográfica, de si son construcciones aisladas o forman parte de asentamientos urbanísticos; de si son diseminados rurales; de la antigüedad de la construcción e incluso de que se pueda o no comprobar si los propietarios actuaron de buena fe o si por el contrario sabían que actuaban fuera de la ley. Lo que sí parece tranquilizador es que aquellos que consigan ser declarados como Asimilado a Fuera de Ordenación, podrán ahuyentar definitivamente el fantasma de la demolición.
Tras el anuncio de Díaz, desde AUAN, colectivo que lucha contra abusos urbanísticos, se mostraron esperanzados, aunque matizaron que esperan que el cambio normativo propuesto sea «adecuado» y se que haga efectivo a corto plazo. Existen al menos 300.000 edificaciones ilegales en Andalucía «que no se pueden tirar», y a las que habría que dar una solución. «No es de recibo ignorarlas pretendiendo que no existen, pues son miles las que pueden estar afectando al medio ambiente al no estar reconocidas ni reguladas», aseguran. AUAN destaca que aunque no será el fin de la problemática, el anuncio de la Junta va a ser beneficioso «no sólo para muchas familias, sino también para la seguridad jurídica, la inversión extranjera, y la sociedad en su conjunto».
Entre otras cosas, la resolución dependerá de su localización geográfica, de si son construcciones aisladas o forman parte de asentamientos urbanísticos; de si son diseminados rurales; de la antigüedad de la construcción e incluso de que se pueda o no comprobar si los propietarios actuaron de buena fe o si por el contrario sabían que actuaban fuera de la ley. Lo que sí parece tranquilizador es que aquellos que consigan ser declarados como Asimilado a Fuera de Ordenación, podrán ahuyentar definitivamente el fantasma de la demolición.
Tras el anuncio de Díaz, desde AUAN, colectivo que lucha contra abusos urbanísticos, se mostraron esperanzados, aunque matizaron que esperan que el cambio normativo propuesto sea «adecuado» y se que haga efectivo a corto plazo. Existen al menos 300.000 edificaciones ilegales en Andalucía «que no se pueden tirar», y a las que habría que dar una solución. «No es de recibo ignorarlas pretendiendo que no existen, pues son miles las que pueden estar afectando al medio ambiente al no estar reconocidas ni reguladas», aseguran. AUAN destaca que aunque no será el fin de la problemática, el anuncio de la Junta va a ser beneficioso «no sólo para muchas familias, sino también para la seguridad jurídica, la inversión extranjera, y la sociedad en su conjunto».
