Juzgan a la excorporación de Arboleas por enajenar suelo para que el exalcalde hiciera su piscina

El fiscal considera que Ángel Jesús García hizo «valer su condición política»


Pleno municipal durante el mandato de Ángel García
EUROPA PRESS / 25·09·2014

La práctica totalidad de la excorporación local de Arboleas será enjuiciada en noviembre en la Audiencia Provincial, por sacar a subasta pública dos solares clasificados como espacios libres, que el entonces concejal socialista, y más tarde alcalde de la localidad, Antonio Jesús García, quería adquirir para unirlos a la parcela de su vivienda.

Tras ejecutarse la subasta, García, actualmente portavoz del grupo municipal del PSOE arboleano, construyó una piscina, un trastero y un muro; todo ello con una licencia de obras que se aprobó en junta de gobierno «sin los preceptivos informes técnicos y jurídicos previos».

Así se recoge en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, en el que solicita para todos los acusados penas de nueve años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación.
El exsecretario municipal Fernando García y dos de los ediles en el anterior equipo de gobierno se enfrentan, además, a penas de prisión también. En concreto, al exprimer teniente de Alcalde Ginés García y al segundo, Antonio Jesús Gallego, se les imputa también un delito de prevaricación urbanística como integrantes de la junta de gobierno que dio luz verde a la licencia, y por el que el Ministerio Público pide 21 meses de cárcel.

En el caso de Fernando García, el fiscal le acusa de haber faltado «deliberadamente a la verdad» al dar fe de que los solares «tenían carácter patrimonial, sin destino específico», y solicita que le sean impuestos cuatro años y tres meses de prisión y una multa de 18.250 euros, además de una pena de inhabilitación especial por cinco años.

Según indica el Ministerio Público en su escrito, Ángel Jesús García decidió en 2004 que «deseaba» adquirir dos solares ubicados entre las calles Las Flores y Barranco de Arboleas, colindantes a su vivienda.
Su intención era «construir una piscina, y una caseta, así como amurallar la nueva propiedad» pese a que conocía que las parcelas tenían la condición legal de sistema de espacios libres, «siendo por tanto inalienables». Ante esto, según subraya la acusación, «hizo valer su condición política en el Ayuntamiento y consiguió que se pusiera en marcha un expediente para que los solares saliesen a subasta pública».

En ese momento habría actuado, presuntamente, el entonces secretario en funciones en el Ayuntamiento, quien era «consciente de que los bienes reservados como espacios públicos son de dominio y uso público», y de que era necesario «un expediente de alteración jurídica para declararlos patrimoniales y poderlos trasmitir».

Pese a ello, según afirma la Fiscalía, Fernando García habría «faltado deliberadamente a la verdad» cuando el 17 de septiembre de 2004 «dio fe de que había consultado el libro de Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Arboleas y que en el mismo constaban los solares con carácter patrimonial, sin destino específico».


«Favorecer a su compañero»

El expediente, que contó con informes de la Diputación Provincial en los que se advertía de la condición legal de las parcelas, fue aprobado por unanimidad en el pleno, con los votos de los ediles de PSOE y PSA Antonio Jesús Gallego, Ginés García, Cristóbal Muñoz, Domingo Gómez, Antonio Mellado, Juana Alarcón y Antonio Galera, además de con el del propio Ángel Jesús García, «a pesar de la incompatibilidad que le generaba el interés particular por adquirir los solares».

La Fiscalía considera que todos los integrantes del pleno conocían que los solares eran bienes de dominio público «que no se podían transmitir», y que «todos» actuaron «con la finalidad de favorecer a su compañero de corporación, el entonces teniente de Alcalde».

La licencia de obras, concedida en 2005, fue aprobada en junta de gobierno sin que, presuntamente, se recabaran los informes técnicos y jurídicos preceptivos, «omitiéndose deliberadamente las garantías establecidas para el expediente administrativo», y siendo los asistentes conocedores «de su irregularidad».

La vista oral por los presuntos delitos de falsedad cometida por autoridad o funcionario público, prevaricación, prevaricación urbanística y negociaciones prohibidas a funcionarios, ha sido señalada para los días 11, 12 y 13 de noviembre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.