Juzgan al alcalde de Fines y a su hermano por construir una piscina en suelo no urbanizable

El fiscal solicita para cada uno de ellos penas de 18 meses de prisión por la comisión de un delito contra la ordenación del territorio, y de 9 meses por un delito de desobediencia



Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines (PP)
EUROPA PRESS / 28·09·2014

El Juzgado de lo Penal número 5 acoge este lunes la vista oral contra el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, y su hermano, para quienes la Fiscalía solicita penas individuales de dos años y tres meses de prisión, acusados de ejecutar obras en «suelo calificado como no urbanizable». Las obras en cuestión se realizaron en agosto de 2005 en una finca propiedad de ambos, y consistieron en la construcción de una piscina y de una caseta anexa.

El Ministerio Público imputa al regidor del PP y a su hermano, Francisco Sánchez, la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio y de desobediencia, dado que ambos continuaron con la obra pese a que «tenían conocimiento» de la existencia de una orden para paralizar de forma inmediata los trabajos.

Según recoge el escrito de acusación, Rodrigo Sánchez y su hermano, como propietarios de una finca no urbanizable localizada en la parcela 10 del polígono 47 del paraje rural de Los Llanos, procedieron en agosto de 2005 a realizar «movimientos de tierra» para construir una piscina y una edificación anexa a una vivienda.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía notificó a los acusados, con fecha 16 de marzo de 2006, la apertura de un expediente sancionador, y comunicó una orden de paralización inmediata de los trabajos de desmonte que se estaban realizando.

El fiscal subraya que, «pese a tener conocimiento de dicha prohibición», de la que fueron informados en dos ocasiones más -en septiembre y noviembre de ese mismo año, para comunicar la propuesta de multa y su resolución definitiva-, tanto el alcalde como su hermano «desatendieron los requerimientos de la autoridad y continuaron los trabajos».

El Ministerio Público interesa la imposición de penas de un año y medio de cárcel por delitos contra la ordenación del territorio -artículo 319.2 y 3 del Código Penal-, y de nueve meses de prisión por delito de desobediencia -artículo 556-.

Solicita además el pago de sendas multas de 16 meses a razón de 12 euros al día, e inhabilitación especial para empleo u oficio relacionado con la construcción por periodo de dos años.