El regidor podría haber incurrido en un delito contra las garantías constitucionales al negarle información a la oposición
 |
| El regidor albojense Rogelio Mena |
EUROPA PRESS / 26·09·2014
El juez ha dado traslado al fiscal por si procede formular acusación contra el alcalde de Albox, Rogelio Mena (PSOE), al considerar que existen indicios racionales de que podría haber incurrido en un delito contra las garantías constitucionales, al no contestar de manera «reiterada» las numerosas solicitudes de información y documentación por parte del grupo municipal del PP.
El auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Huércal-Overa ordena continuar las diligencias previas por el trámite de procedimiento abreviado, y desestima la solicitud de sobreseimiento del letrado del regidor tras el informe del Ministerio Público en el que se indica que existen «indicios suficientes y con relevancia jurídica».
Según recoge el juez Fernando Ruiz-Rico, tras la práctica de las diligencias, en las que Mena prestó declaración en calidad de imputado el pasado mes de mayo, se puede dar por finalizada la instrucción y concluye que su actitud podría haber «entorpecido la transparencia de la gestión pública en el Ayuntamiento de Albox».
El auto, contra el que cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial, relata asímismo que Mena, en el «ejercicio de sus funciones» desde enero de 2013, «no contestó a numerosas solicitudes de información que formuló durante un año el portavoz del grupo municipal, Juan Pedro Pérez» y «no ha entregado los documentos solicitados reiteradamente por éste».
Indica además que el regidor estaba obligado por el artículo 23 de la Constitución, el artículo 77 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el reglamento que lo desarrolla, y por la instrucción de la propia Alcaldía de Albox de 15 de julio de 2009, «conociendo el alcalde dichas solicitudes y peticiones».
El fiscal informó en julio de que consideraba que existían «indicios suficientes y con relevancia jurídica» que «determinan la comisión de un hecho delictivo» por parte de Rogelio Mena, e interesó la continuación de la causa por el trámite de procedimiento abreviado por un presunto delito, «a la espera de una posterior y más depurada calificación», contra los derechos cívicos.
Concluyó el Ministerio Público que, «del relato de hechos denunciados», resulta un «impedimento del ejercicio del derecho a la información por parte del acusado y en relación con las peticiones de información presentadas en el Ayuntamiento de Albox».
Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP, Juan Pedro Pérez, impulsor de la denuncia que ha dado lugar a la causa penal, ha anunciado que exigirá al alcalde que «dé explicaciones» de «porqué niega la información y qué se esconde detrás», y ha recordado que el expediente objeto del litigio hace alusión «a las contrataciones con una empresa que ha facturado al Ayuntamiento de Albox más de tres millones de euros, y con la que tienen relación familiar algunos concejales».
El portavoz ha lamentado que se haya tenido que llegar «al punto de judicializar la vida política» y ha insitido en que «no les quedaba más remedio», dada la «actitud dictatorial y antidemocrática» de Mena. «Siempre les hemos dicho a los vecinos que nos niega la información para hacer nuestra labor de oposición y de fiscalización, pero confiamos en la justicia para que ponga las cosas en su sitio», ha explicado Pérez, quien asegura que continúan sin recibir el expediente en cuestión.
El auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Huércal-Overa ordena continuar las diligencias previas por el trámite de procedimiento abreviado, y desestima la solicitud de sobreseimiento del letrado del regidor tras el informe del Ministerio Público en el que se indica que existen «indicios suficientes y con relevancia jurídica».
Según recoge el juez Fernando Ruiz-Rico, tras la práctica de las diligencias, en las que Mena prestó declaración en calidad de imputado el pasado mes de mayo, se puede dar por finalizada la instrucción y concluye que su actitud podría haber «entorpecido la transparencia de la gestión pública en el Ayuntamiento de Albox».
El auto, contra el que cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial, relata asímismo que Mena, en el «ejercicio de sus funciones» desde enero de 2013, «no contestó a numerosas solicitudes de información que formuló durante un año el portavoz del grupo municipal, Juan Pedro Pérez» y «no ha entregado los documentos solicitados reiteradamente por éste».
Indica además que el regidor estaba obligado por el artículo 23 de la Constitución, el artículo 77 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el reglamento que lo desarrolla, y por la instrucción de la propia Alcaldía de Albox de 15 de julio de 2009, «conociendo el alcalde dichas solicitudes y peticiones».
El fiscal informó en julio de que consideraba que existían «indicios suficientes y con relevancia jurídica» que «determinan la comisión de un hecho delictivo» por parte de Rogelio Mena, e interesó la continuación de la causa por el trámite de procedimiento abreviado por un presunto delito, «a la espera de una posterior y más depurada calificación», contra los derechos cívicos.
Concluyó el Ministerio Público que, «del relato de hechos denunciados», resulta un «impedimento del ejercicio del derecho a la información por parte del acusado y en relación con las peticiones de información presentadas en el Ayuntamiento de Albox».
Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP, Juan Pedro Pérez, impulsor de la denuncia que ha dado lugar a la causa penal, ha anunciado que exigirá al alcalde que «dé explicaciones» de «porqué niega la información y qué se esconde detrás», y ha recordado que el expediente objeto del litigio hace alusión «a las contrataciones con una empresa que ha facturado al Ayuntamiento de Albox más de tres millones de euros, y con la que tienen relación familiar algunos concejales».
El portavoz ha lamentado que se haya tenido que llegar «al punto de judicializar la vida política» y ha insitido en que «no les quedaba más remedio», dada la «actitud dictatorial y antidemocrática» de Mena. «Siempre les hemos dicho a los vecinos que nos niega la información para hacer nuestra labor de oposición y de fiscalización, pero confiamos en la justicia para que ponga las cosas en su sitio», ha explicado Pérez, quien asegura que continúan sin recibir el expediente en cuestión.
