Una cascada de decretos priman la contratación de mujeres, pero las empresas fichan a quienes consideran más capaces. Prefieren la cualificación antes que la subvención
ALMERÍA HOY / 23·04·2023
La página oficial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) difunde numerosos programas de ayudas con una finalidad muy concreta: Primar la contratación de mujeres con carácter preferente sobre los hombres.
A tal fin, el Ministerio de Trabajo ha aprobado en los últimos años una cascada de reales decretos y decretos ley fomentando esas iniciativas con dinero público, aunque la realidad es tozuda confirmando que tales normas “no sirven para nada”. Es el diagnóstico de Bartolomé Campos, un técnico con más de tres décadas de experiencia asesorando empresas en materia laboral, fiscal y contable.
Abundan los ejemplos de discriminación en bonificaciones al empleo en función del sexo aprobadas por el Estado. Si una empresa contrata a un varón desempleado de larga duración recibirá 1.300 euros, que se elevarán a 1.500 en el caso de que sea mujer. Reemplazar una vacante por jubilación con un suplente masculino reporta 500 euros; ascienden a 700 en caso de optar por una sustituta. Idénticas cantidades se asignan a los contratos en prácticas en función del sexo del aprendiz.
La norma describe bastantes más casos de trato diferente para hombres y mujeres. Incluso existen subvenciones creadas en exclusiva para la mitad femenina de la población y vedadas a la otra parte de la humanidad. Son las previstas a víctimas de violencia de género y a las de la trata de seres humanos. Quienes contraten a damnificadas por estas causas recibirán hasta 1.500 euros. Ni un céntimo si los perjudicados son varones.
Campos apunta que ayudas como las aprobadas “en cascada” durante el último año y medio “no sirven para nada”. Apenas observa en ellas un fundamento “oportunista” desde el punto de vista político, bien por “convencimiento” del Gobierno o debido a “presiones” de sus socios.
“FLAGRANTE DISCRIMINACIÓN”
Los políticos argumentan que desean “incentivar” la presencia de mujeres en empleos donde están “infrarrepresentadas”. El objetivo consistiría en “romper” la prevalencia masculina fruto de la “costumbre” o de tratarse de trabajos que requieren “mayor fortaleza física”. Sin embargo, el técnico opone un “flagrante caso de discriminación”, porque “no se aplican” medidas correctivas similares en profesiones “donde ocurre lo contrario”. Sirva de muestra la enfermería.
No cree que exista detrás de estas decisiones del Consejo de Ministros la intención de solucionar un problema exclusión en el mercado laboral por razón de sexo y sostiene que no ha observado ese conflicto, al menos “en nuestra comarca”.
Para ilustrar la “inutilidad” de las subvenciones con que se pretenden corregir supuestas marginaciones por razón de género en el mundo del trabajo, el profesional trae a colación el momento en que el Ejecutivo sondeó la posibilidad de implantar por ley la paridad en los consejos de administración de las empresas.
Finalmente quedó en nada. El proyecto fue desechado. Bastó una sola pregunta: “Si el 90% de los directivos de una empresa son mujeres, ¿habría que despedir a la mitad sólo por estar más cualificadas que sus compañeros hombres?”
Añade Campos que el mercado laboral es “muy selectivo”. En el ámbito privado, todos los puestos se alcanzan por “méritos”, sobre todo los más altos. Las compañías eligen a los mejores porque “son capaces de proporcionar más beneficios” y, después, si pueden optar a alguna ayuda, la solicitan, pero no al revés. “Ningún empresario contrata a nadie para conseguir una subvención de 1.800 euros y dejar de obtener el rendimiento que podría obtener con otro candidato más adecuado”. Agrega que una mujer capacitada “no tiene problemas” para encontrar trabajo porque “a las empresas les importa la valía de las personas, no su género”.
“LIMOSNEO”
El auténtico problema es el “paro”, según el asesor. “Falta protección” a quienes lo sufren, porque una persona “no puede sobrevivir dignamente” con 420 euros al mes. “Y mucho menos una familia”. Discrepa también de los intentos gubernamentales que tratan de “paliar la vulnerabilidad” con “parches” en lugar de buscar “soluciones definitivas”.
Pero, ¿por qué? Bartolomé Campos lo tiene claro. Atribuye que no se adopten “medidas contundentes” a la carencia de recursos. No se contempla un programa de protección social “más lógico y amplio”, como el que existe en algunos países escandinavos, porque “sostenerlo cuesta un dinero” del que no dispone el Estado. Echa en falta un plan “completo e integral”. Colige que los políticos han establecido un sistema “mendicante de limosneo” porque, como los “antiguos caciques”, prefieren que los beneficiarios de las ayudas “acudan a pedirlas” y, de esa manera, “sepan quién las reparte”.
A tal fin, el Ministerio de Trabajo ha aprobado en los últimos años una cascada de reales decretos y decretos ley fomentando esas iniciativas con dinero público, aunque la realidad es tozuda confirmando que tales normas “no sirven para nada”. Es el diagnóstico de Bartolomé Campos, un técnico con más de tres décadas de experiencia asesorando empresas en materia laboral, fiscal y contable.
Abundan los ejemplos de discriminación en bonificaciones al empleo en función del sexo aprobadas por el Estado. Si una empresa contrata a un varón desempleado de larga duración recibirá 1.300 euros, que se elevarán a 1.500 en el caso de que sea mujer. Reemplazar una vacante por jubilación con un suplente masculino reporta 500 euros; ascienden a 700 en caso de optar por una sustituta. Idénticas cantidades se asignan a los contratos en prácticas en función del sexo del aprendiz.
La norma describe bastantes más casos de trato diferente para hombres y mujeres. Incluso existen subvenciones creadas en exclusiva para la mitad femenina de la población y vedadas a la otra parte de la humanidad. Son las previstas a víctimas de violencia de género y a las de la trata de seres humanos. Quienes contraten a damnificadas por estas causas recibirán hasta 1.500 euros. Ni un céntimo si los perjudicados son varones.
Campos apunta que ayudas como las aprobadas “en cascada” durante el último año y medio “no sirven para nada”. Apenas observa en ellas un fundamento “oportunista” desde el punto de vista político, bien por “convencimiento” del Gobierno o debido a “presiones” de sus socios.
“FLAGRANTE DISCRIMINACIÓN”
Los políticos argumentan que desean “incentivar” la presencia de mujeres en empleos donde están “infrarrepresentadas”. El objetivo consistiría en “romper” la prevalencia masculina fruto de la “costumbre” o de tratarse de trabajos que requieren “mayor fortaleza física”. Sin embargo, el técnico opone un “flagrante caso de discriminación”, porque “no se aplican” medidas correctivas similares en profesiones “donde ocurre lo contrario”. Sirva de muestra la enfermería.
No cree que exista detrás de estas decisiones del Consejo de Ministros la intención de solucionar un problema exclusión en el mercado laboral por razón de sexo y sostiene que no ha observado ese conflicto, al menos “en nuestra comarca”.
Para ilustrar la “inutilidad” de las subvenciones con que se pretenden corregir supuestas marginaciones por razón de género en el mundo del trabajo, el profesional trae a colación el momento en que el Ejecutivo sondeó la posibilidad de implantar por ley la paridad en los consejos de administración de las empresas.
Finalmente quedó en nada. El proyecto fue desechado. Bastó una sola pregunta: “Si el 90% de los directivos de una empresa son mujeres, ¿habría que despedir a la mitad sólo por estar más cualificadas que sus compañeros hombres?”
Añade Campos que el mercado laboral es “muy selectivo”. En el ámbito privado, todos los puestos se alcanzan por “méritos”, sobre todo los más altos. Las compañías eligen a los mejores porque “son capaces de proporcionar más beneficios” y, después, si pueden optar a alguna ayuda, la solicitan, pero no al revés. “Ningún empresario contrata a nadie para conseguir una subvención de 1.800 euros y dejar de obtener el rendimiento que podría obtener con otro candidato más adecuado”. Agrega que una mujer capacitada “no tiene problemas” para encontrar trabajo porque “a las empresas les importa la valía de las personas, no su género”.
“LIMOSNEO”
El auténtico problema es el “paro”, según el asesor. “Falta protección” a quienes lo sufren, porque una persona “no puede sobrevivir dignamente” con 420 euros al mes. “Y mucho menos una familia”. Discrepa también de los intentos gubernamentales que tratan de “paliar la vulnerabilidad” con “parches” en lugar de buscar “soluciones definitivas”.
Pero, ¿por qué? Bartolomé Campos lo tiene claro. Atribuye que no se adopten “medidas contundentes” a la carencia de recursos. No se contempla un programa de protección social “más lógico y amplio”, como el que existe en algunos países escandinavos, porque “sostenerlo cuesta un dinero” del que no dispone el Estado. Echa en falta un plan “completo e integral”. Colige que los políticos han establecido un sistema “mendicante de limosneo” porque, como los “antiguos caciques”, prefieren que los beneficiarios de las ayudas “acudan a pedirlas” y, de esa manera, “sepan quién las reparte”.
