José ‘Líos’ Amérigo trata de enredar al Supremo

El alcalde considera “inadmisible” derribar El Algarrobico porque cuenta con la licencia que sigue en vigor porque el propio regidor desobedece la orden de anularla cursada dos veces por el TSJA



ALMERÍA HOY / 09·11·2022

‘El hotel de los líos’ es una hilarante película de los Hermanos Marx, pero bien podría ser el nombre del que un día, allá por 2003, comenzó a levantarse en la playa carbonera de El Algarrobico.

En aquella comedia de enredo, las escenas contradictorias se suceden constantemente. En el eterno proceso judicial, también. Como muestra, baste recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) llegó a declarar en 2014 urbanizable el suelo donde se sitúa el edificio, a pesar de anteriores sentencias de la citada instancia judicial, e incluso del Supremo, que habían fallado previamente lo contrario.

Sin embargo, el último episodio conocido, aunque protagonizado por el alcalde José Luis Amérigo (PSOE), podría haber sido interpretado por el mismísimo Groucho.

LICENCIA

El regidor se ha opuesto a un recurso presentado por Greenpeace, que exige al Supremo la destrucción del frustado hotel. En síntesis, el primer edil comunica al Tribunal que ordenar “directamente” la “demolición” del hotel resulta “inadmisible” porque existe una licencia municipal de obras concedida en 2003 “que ampara” su construcción. Por tanto, no podría tirarse el edificio sin seguir el expediente municipal necesario para llevar a cabo tal acción.

Hasta aquí, nada que objetar.

Es verdad que el edificio cuenta con una licencia de obras en vigor, entre otras cosas, porque el alcalde ha desobedecido dos providencias del TSJA, notificadas los días 16 de mayo y 8 de julio de este año, que le requieren “personalmente” modificar el Plan General de Ordenación Urbana del municipio para hacer constar que la parcela de El Algarrobico es “suelo no urbanizable” y “anular” la licencia. Más aún, el Alto Tribunal castigó al regidor con una “multa de 250 euros” a la semana hasta que diera “perfecto cumplimiento” a la sentencia.

Recapitulemos. José Luis Amérigo sostiene que el Supremo no puede ordenar directamente el derribo del hotel porque está amparado por una licencia que él mismo se niega a anular a pesar de que la Justicia le obliga a hacerlo y hasta le ha multado por no obedecerla. ¿Lo entienden?

SIN ARQUITECTO

Prosigamos, porque, como cabría esperar, Amérigo presentó alegaciones contra la sanción de 250 euros semanales. Concretamente, solicitó “más tiempo” para cumplir la sentencia. Antes de continuar, recordemos que el fallo del TSJA es de 18 de julio de 2016 y fue confirmado por el TS el 19 de abril de 2018. Es decir, ha habido cuatro años y medio para cumplir el veredicto.

El alcalde fundaba su petición en que anular la licencia, tal y como le obliga la Justicia, requiere una “actuación compleja” en la que han de intervenir varias administraciones. Por otra parte, informaba al Tribunal Superior de Justicia que el Ayuntamiento “no dispone de arquitecto municipal”. Olvidaba añadir que el técnico de Urbanismo emitió el 26 de septiembre de 2020 -año y medio antes de despedirse, hay que decir que aburrido de que no le hicieran caso- un informe en el que daba cuenta de que había “finalizado la redacción del documento de modificación del planeamiento general vigente (…) dando cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (…) al objeto de elevarlo al Pleno de la Corporación para su aprobación definitiva”. Pregunta retórica: ¿Amérigo no ha cumplido la sentencia tras tres años y medio de alcalde por no contar con técnico de Urbanismo desde hace unos meses?

“PARIPÉ”

Pero si aún le queda hueco para algo más de confusión, prepárese y continúe leyendo.

Porque el regidor añadió en su escrito al TS que ya realizó actuaciones “directamente dirigidas a dar cumplimiento de la sentencia”. ¿En qué consistieron? El alcalde explica que el concejal de Urbanismo, Pedro López, dio cuenta al Pleno de la modificación del PGOU elaborada, como hemos dicho, por el arquitecto municipal antes de que se fuera. Además, el cambio fue publicado como edicto –y no como acuerdo de Pleno- en el Boletín Oficial de la Provincia.

No obstante, el abogado de Greenpeace, José Ignacio Domínguez, recuerda que esa acción no tenía “sentido ni eficacia”. La modificación carecía de valor porque no fue votada por el Pleno ni aprobada posteriormente por la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de Andalucía. Fue un simple edicto.

Un “paripé”, según Domínguez, que se une al de una votación plenaria –esta vez sí se votó- que “no fue publicada en el BOP por carecer el Ayuntamiento de secretario municipal en ese momento”.

“El propio TSJA afeó implícitamente la manera de proceder del alcalde al conminarle a anular de una vez por todas la licencia de obras de El Algarrobico apercibiéndole con una multa en caso de no hacerlo”, concluye el letrado.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo ha anunciado nuevas decisiones en diciembre. Queda por ver cómo responderá el liante alcalde José ‘Líos’ Amérigo.