El coordinador del Centro de Interpretación de la Diversidad de Vera desmonta mitos sobre los residentes que provienen del Tercer Mundo. Niega que vivan de subvenciones y cree que es importante conocer la nacionalidad de los delincuentes para combatir el crimen con más eficacia
ALMERÍA HOY / 09·09·2022
Antonio Pozo lleva casi 22 años al frente del Centro Integral de la Diversidad en el Ayuntamiento de Vera. Son más de dos décadas atendiendo y trabajando como psicólogo social con los inmigrantes de su ciudad y buena parte de la comarca del Levante almeriensde. En ese tiempo, ha logrado atesorar una experiencia y conocimiento extraordinarios de los problemas y situación de un fenómeno social que alcanza el “20%” de la población veratense actual.
Precisamente, su dedicación le ha servido para desmontar uno de los mitos más extendidos sobre la inmigración. Se dice que muchos viven opíparamente de subvenciones que se niegan a españoles.
El departamento que dirige no tramita ayudas, pero está en contacto permanente con los inmigrantes. Pozo asegura que “la gran mayoría de las ayudas sociales van a población nacional”. Sostiene que, en Vera, los españoles reciben “mucho más” del 80% que les correspondería en función del porcentaje de población que representan.
También revela como “falso” que los ilegales se aprovechen de la beneficencia estatal. “Sólo pueden recibir las de emergencia, es decir, cupones de comida para siete días, y atención médica de urgencia”.
Explica Pozo que “no es tan fácil” acceder a las ayudas sociales. Cada administración, ya sea estatal, regional, provincial o local, establece sus propios requisitos. Pero todos los planes de socorro tienen al menos una condición común: “Sólo pueden acogerse quienes cuenten con residencia legal” en España.
Eso no impide que pueda existir “alguna excepción”, aunque es “muy raro debido a los controles que se aplican”. No obstante, “siempre existen pillastres” y las administraciones adolecen de “muy mala coordinación”.
Muchas de las ayudas son incompatibles. Otras pueden complementarse por ser muy bajas, “como una del Estado de 2.000 euros al año con la andaluza de 1.000 anuales”.
“Sé que una parte de la sociedad está convencida de que los subsidios sociales son el maná para los inmigrantes y generan un efecto llamada, pero la realidad es que no es ningún chollo ser inmigrante y acceden a menos del porcentaje que les correspondería por su peso en la sociedad”.
No ocurre lo mismo en el caso de la okupación. El psicólogo social revela que, en el caso de Vera, los usurpadores de viviendas se reparten al “50%” entre españoles y extranjeros. Recordemos que la proporción de origen entre la población es del 80% y el 20% respectivamente.
REVELAR EL ORIGEN
Otro mito que desmonta el coordinador del Área veratense de Diversidad es la necesidad “impuesta por los políticos” de ocultar el origen de ciertas personas, principalmente de los autores de delitos.
Considera que “no hay que tapar nada”. Por el contrario, es partidario de “mostrarlo todo”.
El psicólogo razona que la solución de cualquier problema implica analizarlo con profundidad. Para eso es imprescindible “conocer todas las variables contingentes, entre ellas la edad, el sexo y la nacionalidad”.
Como técnico, Pozo considera “necesario” contar con “todos los datos posibles” para elaborar un informe de actuación que, después, ha de “trasladar” a los políticos encargados de adoptar las decisiones.
Por eso insiste en “la necesidad de identificar y estudiar absolutamente todas las variables para detectar dónde y cómo es preciso actuar. Si los datos indican que la mayoría de los delitos de conducción temeraria son cometidos por jóvenes entre 18 y 30 años, se debe centrar la intervención en esa franja de edad. Si no, sólo haremos bonitas campañas publicitarias, pero no resolveremos ningún problema”.
Porque los problemas existen. De las diferentes comunidades que llegan a España, “unas viven con los mismos valores que nosotros, pero los de otras son distintos. Algunas respetan las normas, otras no. Entre nosotros, propinar una bofetada a una mujer es delito, sin embargo, hay culturas que lo admiten con normalidad. Es fundamental conocer para actuar, no sólo de forma punitiva, sino también preventiva”.
INMIGRACIÓN REGULADA
El técnico es partidario de regular la entrada de inmigrantes. Entiende que todas las personas tienen derecho a “buscarse la vida y mejorar” en sus expectativas por cuestión de “derechos humanos, respeto a la integridad física y a la vida”. No obstante, considera imprescindible “racionalizar” la acogida de los que vienen.
Lamenta que “decir ‘inmigración regulada’ se entienda como un síntoma de racismo, porque no lo es”.
Eso no significa “tundirlos a palos”, sino “crear normas para gestionar los flujos migratorios, porque nadie va a acabar con ellos. Los gobiernos tienen que regularlos”.
El panorama “no es idílico”. Cada persona que llega “viene con un drama detrás”. Vera empezó a recibir inmigrantes en los años 90 y primera década del siglo XXI. Sin embargo, “esto no es el paraíso”. No tardaron en darse cuenta. El estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera disparó las cifras del paro.
Los españoles contaban con la “red de ayuda familiar”, que también ha sido “muy eficaz” durante la pandemia. Pero los extranjeros no.
El Gobierno ofreció entonces la posibilidad de que cobraran la totalidad de los derechos al subsidio de desempleo “con la condición de que volvieran a sus países”. Muchos lo hicieron.
CONVIVENCIA
A modo de conclusión, Antonio Pozo considera que la diferencia no tiene por qué resultar un problema. “Hay que reconocer las distintas identidades, pero todos tenemos que asumir los principios rectores de la convivencia”.
Para lograr la adaptación de los que vienen, “alguien ha de tomar la iniciativa de construir comunidad. Si no lo hacemos, se formarán ghettos que ahora se nombran con el eufemismo de ‘microcomunidades’”.
El coordinador del Centro Integral entiende que la gestión de la diversidad es “fundamental” para construir la Vera del “siglo XXII”, porque los descendientes de todas las comunidades que hoy existen “serán vecinos”. El tiempo dirá si “mejores o peores”. El mejor resultado será consecuencia de la “colaboración y un trabajo conjunto, serio y riguroso. Si no adoptamos ahora las medidas necesarias, seremos responsables de lo que ocurra en el futuro”.
Precisamente, su dedicación le ha servido para desmontar uno de los mitos más extendidos sobre la inmigración. Se dice que muchos viven opíparamente de subvenciones que se niegan a españoles.
El departamento que dirige no tramita ayudas, pero está en contacto permanente con los inmigrantes. Pozo asegura que “la gran mayoría de las ayudas sociales van a población nacional”. Sostiene que, en Vera, los españoles reciben “mucho más” del 80% que les correspondería en función del porcentaje de población que representan.
También revela como “falso” que los ilegales se aprovechen de la beneficencia estatal. “Sólo pueden recibir las de emergencia, es decir, cupones de comida para siete días, y atención médica de urgencia”.
Explica Pozo que “no es tan fácil” acceder a las ayudas sociales. Cada administración, ya sea estatal, regional, provincial o local, establece sus propios requisitos. Pero todos los planes de socorro tienen al menos una condición común: “Sólo pueden acogerse quienes cuenten con residencia legal” en España.
Eso no impide que pueda existir “alguna excepción”, aunque es “muy raro debido a los controles que se aplican”. No obstante, “siempre existen pillastres” y las administraciones adolecen de “muy mala coordinación”.
Muchas de las ayudas son incompatibles. Otras pueden complementarse por ser muy bajas, “como una del Estado de 2.000 euros al año con la andaluza de 1.000 anuales”.
“Sé que una parte de la sociedad está convencida de que los subsidios sociales son el maná para los inmigrantes y generan un efecto llamada, pero la realidad es que no es ningún chollo ser inmigrante y acceden a menos del porcentaje que les correspondería por su peso en la sociedad”.
No ocurre lo mismo en el caso de la okupación. El psicólogo social revela que, en el caso de Vera, los usurpadores de viviendas se reparten al “50%” entre españoles y extranjeros. Recordemos que la proporción de origen entre la población es del 80% y el 20% respectivamente.
REVELAR EL ORIGEN
Otro mito que desmonta el coordinador del Área veratense de Diversidad es la necesidad “impuesta por los políticos” de ocultar el origen de ciertas personas, principalmente de los autores de delitos.
Considera que “no hay que tapar nada”. Por el contrario, es partidario de “mostrarlo todo”.
El psicólogo razona que la solución de cualquier problema implica analizarlo con profundidad. Para eso es imprescindible “conocer todas las variables contingentes, entre ellas la edad, el sexo y la nacionalidad”.
Como técnico, Pozo considera “necesario” contar con “todos los datos posibles” para elaborar un informe de actuación que, después, ha de “trasladar” a los políticos encargados de adoptar las decisiones.
Por eso insiste en “la necesidad de identificar y estudiar absolutamente todas las variables para detectar dónde y cómo es preciso actuar. Si los datos indican que la mayoría de los delitos de conducción temeraria son cometidos por jóvenes entre 18 y 30 años, se debe centrar la intervención en esa franja de edad. Si no, sólo haremos bonitas campañas publicitarias, pero no resolveremos ningún problema”.
Porque los problemas existen. De las diferentes comunidades que llegan a España, “unas viven con los mismos valores que nosotros, pero los de otras son distintos. Algunas respetan las normas, otras no. Entre nosotros, propinar una bofetada a una mujer es delito, sin embargo, hay culturas que lo admiten con normalidad. Es fundamental conocer para actuar, no sólo de forma punitiva, sino también preventiva”.
INMIGRACIÓN REGULADA
El técnico es partidario de regular la entrada de inmigrantes. Entiende que todas las personas tienen derecho a “buscarse la vida y mejorar” en sus expectativas por cuestión de “derechos humanos, respeto a la integridad física y a la vida”. No obstante, considera imprescindible “racionalizar” la acogida de los que vienen.
Lamenta que “decir ‘inmigración regulada’ se entienda como un síntoma de racismo, porque no lo es”.
Eso no significa “tundirlos a palos”, sino “crear normas para gestionar los flujos migratorios, porque nadie va a acabar con ellos. Los gobiernos tienen que regularlos”.
El panorama “no es idílico”. Cada persona que llega “viene con un drama detrás”. Vera empezó a recibir inmigrantes en los años 90 y primera década del siglo XXI. Sin embargo, “esto no es el paraíso”. No tardaron en darse cuenta. El estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera disparó las cifras del paro.
Los españoles contaban con la “red de ayuda familiar”, que también ha sido “muy eficaz” durante la pandemia. Pero los extranjeros no.
El Gobierno ofreció entonces la posibilidad de que cobraran la totalidad de los derechos al subsidio de desempleo “con la condición de que volvieran a sus países”. Muchos lo hicieron.
CONVIVENCIA
A modo de conclusión, Antonio Pozo considera que la diferencia no tiene por qué resultar un problema. “Hay que reconocer las distintas identidades, pero todos tenemos que asumir los principios rectores de la convivencia”.
Para lograr la adaptación de los que vienen, “alguien ha de tomar la iniciativa de construir comunidad. Si no lo hacemos, se formarán ghettos que ahora se nombran con el eufemismo de ‘microcomunidades’”.
El coordinador del Centro Integral entiende que la gestión de la diversidad es “fundamental” para construir la Vera del “siglo XXII”, porque los descendientes de todas las comunidades que hoy existen “serán vecinos”. El tiempo dirá si “mejores o peores”. El mejor resultado será consecuencia de la “colaboración y un trabajo conjunto, serio y riguroso. Si no adoptamos ahora las medidas necesarias, seremos responsables de lo que ocurra en el futuro”.
