Ha registrado una querella contra el alcalde de Carboneras. Le acusa de un delito de prevaricación por presunta usurpación del cargo
ALMERÍA HOY / 08·09·2022
El Gobierno Local de Carboneras continúa sorprendiendo. Con el escándalo aún caliente de la caja fuerte que guardaba las balas del armero violentada por orden del alcalde, José Luis Amérigo (PSOE), ahora ha trascendido una tercera querella contra el regidor presentada por el fiscal en los Juzgados de Vera.
El primer edil ya está siendo investigado por pagar sobresueldos de manera supuestamente irregular a empleados municipales compañeros de partido, y por pagar facturas millonarias a una empresa por limpiar las calles presuntamente sin un contrato en vigor que lo permita. Ahora, el Ministerio Público le acusa de un delito de prevaricación.
Le atribuye haber asumido la Jefatura Operativa de la Policía Local, sin estar legitimado para el cargo, desde el 18 de febrero de 2020, fecha en que cesó en el puesto a Jesús Ridao por “pérdida de confianza”.
LA DENUNCIA
La querella parte de una denuncia ante la Fiscalía presentada por el exalcalde Salvador Hernández (Gicar) el 18 de febrero de 2022, justo dos años después de la destitución de Ridao.
El escrito expone que “el propio alcalde” asumió las competencias del “mando operativo” y que las directrices y órdenes a los agentes emanaban “directamente de la Alcaldía”.
Para empezar, a Hernández no le basta la “genérica” pérdida de confianza como razón suficiente para deponer al ex jefe de la Policía –por cierto, el agente de mayor categoría profesional de la plantilla-. Abunda que “no consta expediente sancionador alguno” contra Ridao desde que, en 2013, fue nombrado oficial jefe.
Pidió explicaciones al alcalde y solicitó que se nombrara “a la mayor brevedad” un jefe inmediato con igual o superior categoría que el depuesto, “tal y como exige la ley”. Sin embargo, asegura que no obtuvo respuesta, pese a haber reiterado su pregunta en dos ocasiones más.
En vistas del silencio del regidor, los seis ediles de la oposición solicitaron a la secretaria municipal un informe sobre la situación denunciada por el líder de Gicar. Lo hicieron en el trascurso de un pleno el 30 de julio de 2020.
LA SECRETARIA
La funcionaria contestó dos meses más tarde. Tras señalar que “el alcalde es jefe superior del cuerpo de Policía Municipal”, especificó que el “mando operativo”, es decir, la Jefatura, es “cuestión diferente”, y que “sólo puede detentarlo un funcionario de carrera y, concretamente, el de la máxima categoría”.
Con el informe de la secretaria en la mano, Salvador Hernández registró en el Ayuntamiento una pregunta dirigida al alcalde. Se interesaba por la identidad de la persona que desempeñaba las funciones de jefe de la Policía.
En esta ocasión sí obtuvo respuesta. Reveló que él mismo ejerce “de facto las competencias”.
En cualquier caso, José Luis Amérigo no debía tenerlas todas consigo. El Gobierno local inició un procedimiento para elegir dos oficiales por vía de promoción interna. Todo apunta que para cubrir la Jefatura. No olvidemos que el único policía de Carboneras con rango de oficial es Jesús Ridao y, por tanto, el único de la plantilla que reúne méritos suficientes para estar al frente del mando operativo del que fue destituido.
Las bases del concurso fueron publicadas en el Tablón de Anuncios el 15 de mayo de 2021. especificaban que la única prueba para la selección consistiría en una “entrevista personal” realizada por una comisión de valoración compuesta por “tres funcionarios nombrados por la Alcaldía”. Es lo más parecido a una designación ‘a dedo’ con apariencia formal.
LA JUNTA
Sin embargo, el procedimiento fue parado en seco por la Junta de Andalucía. La Delegación Territorial de Regeneración Democrática envió el 20 de mayo un requerimiento solicitando la “anulación del proceso selectivo” por “prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.
Un mes más tarde, el 23 de junio, fue la delegada del Gobierno quien insistió en requerir la anulación al no figurar que el alcalde hubiera atendido el anterior exhorto.
Según el denunciante, “no consta” ningún acuerdo de la Junta de Gobierno ni decreto alguno de Alcaldía anulando el proceso. Insiste en que tampoco se ha procedido al nombramiento de un nuevo oficial de la Policía Local.
De todo lo expuesto, el fiscal ha observado indicios de un posible delito de prevaricación tipificado en el Código Penal. Además de presentar la oportuna querella en los Juzgados de Vera, ha pedido al juez que practique un buen número de diligencias.
Por una parte, que pregunte a Salvador Hernández si ratifica la denuncia. Por otro lado, que requiera a la Secretaría municipal los expedientes relativos al cese del Jefe de la Policía Local, las actuaciones emprendidas para el nombramiento de nuevos oficiales y sobre la cobertura del cargo de jefe del Cuerpo. Finalmente, que llame a declarar “como investigado al alcalde José Luis Amérigo”.
LA CAJA
Tras conocer esta nueva imputación, cobra fuerza la sospecha de que no fue la curiosidad el verdadero motivo que pudo inducir al regidor a ordenar que se violentara la caja fuerte que contenía 3.000 balas en el armero municipal.
Resulta difícil creer que no supiera quién tenía la llave. Todos los policías estaban al tanto de que la custodiaba el depuesto jefe de la Policía. En este estado de cosas, cabe suponer, más bien, que la auténtica intención de Amérigo consistía en abrir el cofre a espaldas de Ridao.
¿Por qué? Tal vez temiera que el oficial guardara allí alguna prueba que pudiera incriminarle en esta nueva querella que el fiscal ha presentado contra él. En cualquier caso, ya veremos qué determina el juez.
El primer edil ya está siendo investigado por pagar sobresueldos de manera supuestamente irregular a empleados municipales compañeros de partido, y por pagar facturas millonarias a una empresa por limpiar las calles presuntamente sin un contrato en vigor que lo permita. Ahora, el Ministerio Público le acusa de un delito de prevaricación.
Le atribuye haber asumido la Jefatura Operativa de la Policía Local, sin estar legitimado para el cargo, desde el 18 de febrero de 2020, fecha en que cesó en el puesto a Jesús Ridao por “pérdida de confianza”.
LA DENUNCIA
La querella parte de una denuncia ante la Fiscalía presentada por el exalcalde Salvador Hernández (Gicar) el 18 de febrero de 2022, justo dos años después de la destitución de Ridao.
El escrito expone que “el propio alcalde” asumió las competencias del “mando operativo” y que las directrices y órdenes a los agentes emanaban “directamente de la Alcaldía”.
Para empezar, a Hernández no le basta la “genérica” pérdida de confianza como razón suficiente para deponer al ex jefe de la Policía –por cierto, el agente de mayor categoría profesional de la plantilla-. Abunda que “no consta expediente sancionador alguno” contra Ridao desde que, en 2013, fue nombrado oficial jefe.
Pidió explicaciones al alcalde y solicitó que se nombrara “a la mayor brevedad” un jefe inmediato con igual o superior categoría que el depuesto, “tal y como exige la ley”. Sin embargo, asegura que no obtuvo respuesta, pese a haber reiterado su pregunta en dos ocasiones más.
En vistas del silencio del regidor, los seis ediles de la oposición solicitaron a la secretaria municipal un informe sobre la situación denunciada por el líder de Gicar. Lo hicieron en el trascurso de un pleno el 30 de julio de 2020.
LA SECRETARIA
La funcionaria contestó dos meses más tarde. Tras señalar que “el alcalde es jefe superior del cuerpo de Policía Municipal”, especificó que el “mando operativo”, es decir, la Jefatura, es “cuestión diferente”, y que “sólo puede detentarlo un funcionario de carrera y, concretamente, el de la máxima categoría”.
Con el informe de la secretaria en la mano, Salvador Hernández registró en el Ayuntamiento una pregunta dirigida al alcalde. Se interesaba por la identidad de la persona que desempeñaba las funciones de jefe de la Policía.
En esta ocasión sí obtuvo respuesta. Reveló que él mismo ejerce “de facto las competencias”.
En cualquier caso, José Luis Amérigo no debía tenerlas todas consigo. El Gobierno local inició un procedimiento para elegir dos oficiales por vía de promoción interna. Todo apunta que para cubrir la Jefatura. No olvidemos que el único policía de Carboneras con rango de oficial es Jesús Ridao y, por tanto, el único de la plantilla que reúne méritos suficientes para estar al frente del mando operativo del que fue destituido.
Las bases del concurso fueron publicadas en el Tablón de Anuncios el 15 de mayo de 2021. especificaban que la única prueba para la selección consistiría en una “entrevista personal” realizada por una comisión de valoración compuesta por “tres funcionarios nombrados por la Alcaldía”. Es lo más parecido a una designación ‘a dedo’ con apariencia formal.
LA JUNTA
Sin embargo, el procedimiento fue parado en seco por la Junta de Andalucía. La Delegación Territorial de Regeneración Democrática envió el 20 de mayo un requerimiento solicitando la “anulación del proceso selectivo” por “prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.
Un mes más tarde, el 23 de junio, fue la delegada del Gobierno quien insistió en requerir la anulación al no figurar que el alcalde hubiera atendido el anterior exhorto.
Según el denunciante, “no consta” ningún acuerdo de la Junta de Gobierno ni decreto alguno de Alcaldía anulando el proceso. Insiste en que tampoco se ha procedido al nombramiento de un nuevo oficial de la Policía Local.
De todo lo expuesto, el fiscal ha observado indicios de un posible delito de prevaricación tipificado en el Código Penal. Además de presentar la oportuna querella en los Juzgados de Vera, ha pedido al juez que practique un buen número de diligencias.
Por una parte, que pregunte a Salvador Hernández si ratifica la denuncia. Por otro lado, que requiera a la Secretaría municipal los expedientes relativos al cese del Jefe de la Policía Local, las actuaciones emprendidas para el nombramiento de nuevos oficiales y sobre la cobertura del cargo de jefe del Cuerpo. Finalmente, que llame a declarar “como investigado al alcalde José Luis Amérigo”.
LA CAJA
Tras conocer esta nueva imputación, cobra fuerza la sospecha de que no fue la curiosidad el verdadero motivo que pudo inducir al regidor a ordenar que se violentara la caja fuerte que contenía 3.000 balas en el armero municipal.
Resulta difícil creer que no supiera quién tenía la llave. Todos los policías estaban al tanto de que la custodiaba el depuesto jefe de la Policía. En este estado de cosas, cabe suponer, más bien, que la auténtica intención de Amérigo consistía en abrir el cofre a espaldas de Ridao.
¿Por qué? Tal vez temiera que el oficial guardara allí alguna prueba que pudiera incriminarle en esta nueva querella que el fiscal ha presentado contra él. En cualquier caso, ya veremos qué determina el juez.
