Los ingresos por los bienes inmuebles han pasado de 431.749,36 euros a 1,2 millones en siete años. Morales, exalcalde y titular de Urbanismo, se “complace” de un trabajo que ha coordinado “personalmente”
ALMERÍA HOY / 03·04·2022
En 2015, el Ayuntamiento de Turre había acumulado una deuda de 12 millones de euros mientras dejaba de recaudar anualmente un millón por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Ese año fue investido alcalde Martín Morales (IU-Turre para la Gente) en virtud del pacto con el PSOE. El edil de la plataforma de izquierdas sumó la responsabilidad sobre el Área de Urbanismo local.
Lo primero que encontró en su acción de gobierno fue un “desfase” de un millón de euros entre lo que se recaudaba en concepto de IBI -431.749,36 euros en 2014- y lo que “debía ingresarse según los datos catastrales”.
Los datos evidenciaban que las cosas no se estaban haciendo bien. Ése impuesto suponía “cerca del 30%” del presupuesto de ingresos en la mayoría de los municipios, pero en Turre apenas alcanzaba el 12%. Algo debía estar ocurriendo.
El nuevo alcalde –responsable, además, de Urbanismo- emprendió reuniones con colegas y técnicos de otros ayuntamientos, el registro de la propiedad, Diputación, Hacienda y la nueva gerente del Catastro hasta que, finalmente, el fallo fue descubierto.
El error era simple, pero costaba cada año un millón de euros a un Ayuntamiento cuyo presupuesto apenas supera los tres. Corregir la situación se trataba de una “cuestión de justicia”. “Si todos contribuyen, todos podremos pagar menos para disfrutar de los mismos servicios e, incluso, mejorarlos”.
La baja recaudación de IBI se explicaba en que los cambios de titularidad de inmuebles y parcelas no habían sido “debidamente inscritos en el catastro”, motivo por el que los recibos se giraban año tras año a “destinatarios incorrectos”. Este conjunto de errores llevaba a una misma conclusión: “El Ayuntamiento jamás cobraba”.
Para solventar el “enorme desfase” se contrataron profesionales de una empresa externa. Su cometido era actualizar los datos del Catastro municipal. “Ha sido la decisión más rentable, con muchísima diferencia, que he adoptado en estos siete últimos años”, revela Martín Morales. Y es que por el trabajo de regularizar el IBI “hemos pagado 22.000 euros y se han recaudado 2,6 millones que habríamos perdido para siempre”.
LOS NÚMEROS HABLAN
Los 431.749,36 euros recaudados por el IBI en 2014 pasaron, en 2015, a 570.526,84. Un año más tarde, 670.374,40. En 2021, el último ejercicio cerrado, se ingresaron 1.201.299,25 por el mismo concepto.
La mayor parte de los bienes descubiertos corresponden a grandes promotores que mantenían viviendas y solares “a nombre de empresas extintas”. Sólo el propietario del Polígono 2 de Cortijo Grande tuvo que pagar 300.000 euros para regularizar el IBI adeudado por la parcela.
“Y aún quedan por aflorar unos 200.000 euros más –apostilla el concejal-, que es nuestro objetivo para los próximos años. Se trata de la parte más difícil, pero es nuestra obligación”.
En cualquier caso, Martín Morales no culpa de la situación que encontró a ninguno de sus antecesores. “Me consta que nadie hizo la vista gorda, pero no se atajó la sangría de ingresos que no llegaban al erario municipal”.
Las consecuencias de la regularización del catastro y el aumento de ingresos que ha propiciado no tardaron en ser visibles. “Cuando llegamos al Gobierno local, sólo se podían pagar los gastos corrientes y poco más. No había seguridad ni para pagar las nóminas. Vivíamos mes a mes, pendientes de los días señalados en el almanaque porque entraba dinero desde otras administraciones”.
Sin embargo, el trabajo realizado ha puesto al día al Ayuntamiento con sus proveedores a quienes paga sus facturas en un promedio de 1,88 días. “Eso nos permite dormir tranquilos”, reconoce Morales, que recuerda los tiempos en que autónomos y empresarios desfilaban a diario exigiendo cobrar los servicios prestados. Una situación que “duele” y que “hay que aguantar sin que se te vaya el ‘traque’, porque no todo el mundo es igual de comprensivo, y hubo alguno que llegó a enfadarse mucho”.
Ese año fue investido alcalde Martín Morales (IU-Turre para la Gente) en virtud del pacto con el PSOE. El edil de la plataforma de izquierdas sumó la responsabilidad sobre el Área de Urbanismo local.
Lo primero que encontró en su acción de gobierno fue un “desfase” de un millón de euros entre lo que se recaudaba en concepto de IBI -431.749,36 euros en 2014- y lo que “debía ingresarse según los datos catastrales”.
Los datos evidenciaban que las cosas no se estaban haciendo bien. Ése impuesto suponía “cerca del 30%” del presupuesto de ingresos en la mayoría de los municipios, pero en Turre apenas alcanzaba el 12%. Algo debía estar ocurriendo.
El nuevo alcalde –responsable, además, de Urbanismo- emprendió reuniones con colegas y técnicos de otros ayuntamientos, el registro de la propiedad, Diputación, Hacienda y la nueva gerente del Catastro hasta que, finalmente, el fallo fue descubierto.
El error era simple, pero costaba cada año un millón de euros a un Ayuntamiento cuyo presupuesto apenas supera los tres. Corregir la situación se trataba de una “cuestión de justicia”. “Si todos contribuyen, todos podremos pagar menos para disfrutar de los mismos servicios e, incluso, mejorarlos”.
La baja recaudación de IBI se explicaba en que los cambios de titularidad de inmuebles y parcelas no habían sido “debidamente inscritos en el catastro”, motivo por el que los recibos se giraban año tras año a “destinatarios incorrectos”. Este conjunto de errores llevaba a una misma conclusión: “El Ayuntamiento jamás cobraba”.
Para solventar el “enorme desfase” se contrataron profesionales de una empresa externa. Su cometido era actualizar los datos del Catastro municipal. “Ha sido la decisión más rentable, con muchísima diferencia, que he adoptado en estos siete últimos años”, revela Martín Morales. Y es que por el trabajo de regularizar el IBI “hemos pagado 22.000 euros y se han recaudado 2,6 millones que habríamos perdido para siempre”.
LOS NÚMEROS HABLAN
Los 431.749,36 euros recaudados por el IBI en 2014 pasaron, en 2015, a 570.526,84. Un año más tarde, 670.374,40. En 2021, el último ejercicio cerrado, se ingresaron 1.201.299,25 por el mismo concepto.
La mayor parte de los bienes descubiertos corresponden a grandes promotores que mantenían viviendas y solares “a nombre de empresas extintas”. Sólo el propietario del Polígono 2 de Cortijo Grande tuvo que pagar 300.000 euros para regularizar el IBI adeudado por la parcela.
“Y aún quedan por aflorar unos 200.000 euros más –apostilla el concejal-, que es nuestro objetivo para los próximos años. Se trata de la parte más difícil, pero es nuestra obligación”.
En cualquier caso, Martín Morales no culpa de la situación que encontró a ninguno de sus antecesores. “Me consta que nadie hizo la vista gorda, pero no se atajó la sangría de ingresos que no llegaban al erario municipal”.
Las consecuencias de la regularización del catastro y el aumento de ingresos que ha propiciado no tardaron en ser visibles. “Cuando llegamos al Gobierno local, sólo se podían pagar los gastos corrientes y poco más. No había seguridad ni para pagar las nóminas. Vivíamos mes a mes, pendientes de los días señalados en el almanaque porque entraba dinero desde otras administraciones”.
Sin embargo, el trabajo realizado ha puesto al día al Ayuntamiento con sus proveedores a quienes paga sus facturas en un promedio de 1,88 días. “Eso nos permite dormir tranquilos”, reconoce Morales, que recuerda los tiempos en que autónomos y empresarios desfilaban a diario exigiendo cobrar los servicios prestados. Una situación que “duele” y que “hay que aguantar sin que se te vaya el ‘traque’, porque no todo el mundo es igual de comprensivo, y hubo alguno que llegó a enfadarse mucho”.
