Prevaricó al adjudicar de forma directa la obra para sustituir el alumbrado público del Paseo Marítimo por casi 500.000 euros
ALMERÍA HOY / 12·04·2022
Como ya adelantara hace una semana ALMERÍA HOY, el Juzgado de lo Penal nº 1 ha condenado al exalcalde de Carboneras (Almería) Cristóbal Fernández (PSOE) a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por adjudicar de forma directa la obra para sustituir el alumbrado público del Paseo Marítimo por casi 500.000 euros que debía ejecutar el propio Ayuntamiento, pero que después subcontrató con dos mercantiles.
Fernández hizo “prevalecer” su “propia voluntad” sobre los “intereses generales” del ente local y “los particulares de posibles interesados” y “favoreció” a las dos mercantiles, “que obtuvieron “importantes beneficios como consecuencia” de un comportamiento acreditado como delito de prevaricación administrativa, según la sentencia.
La jueza, a tenor de la prueba practicada en juicio, concluye que el exalcalde socialista dictó en septiembre de 2008 una resolución de Alcaldía “arbitraria”, ya que lo hizo “bajo la aparente justificación de que el ayuntamiento contaba con medios propios para proceder a la ejecución de la obra”, lo que “se ha evidenciado que no era real”.
Añade que, “bajo dicha cobertura”, adjudicó la realización y el suministro de material a dos mercantiles y remarca que eso supuso “de facto la subcontratación”.
En definitiva, las beneficiarias de estas contrataciones irregulares fueron las empresas que el acusado en su condición de Alcalde decidió, con un perjuicio claro a la libre concurrencia”, según subraya la jueza, que añade que también derivó “en perjuicio” para la corporación ya que “tuvo que devolver la subvención obtenida” de la Junta debido a, “entre otras irregularidades”, la “falta de autorización previa de las subcontratas”.
La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación a la Audiencia Provincial, califica de “flagrante” la “ilegalidad” en el proceder de Cristóbal Fernández y apunta que no podía “ignorar” que lo era, como él alegó en juicio, dada su “experiencia”.
“Cuente o no con advertencia en este sentido por parte de los funcionarios del ayuntamiento, el acusado, que accedió a la Alcaldía en 2007, al tiempo de dictar la citada Resolución contaba con experiencia del funcionamiento de la administración local, por lo que quiebra el principio de presunción de inocencia”, remarca.
En el trámite de informes, la Fiscalía interesó ocho años de inhabilitación mientras que la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Carboneras que ahora preside su sobrino, José Luis Amérigo, se adhirió a lo solicitado por el Ministerio Público. La denuncia partió del exalcalde de Gicar, Salvador Hernández.
Cristóbal Fernández regresó a la política en 2007 después de apartarse tras ser inhabilitado durante seis meses por un delito electoral. Pudo hacerlo porque pocos días después de su renuncia para cumplir la pena el Consejo de Ministros le concedió el indulto. Como candidato por el PSOE, volvió a ganar las elecciones locales con mayoría absoluta.
Fernández hizo “prevalecer” su “propia voluntad” sobre los “intereses generales” del ente local y “los particulares de posibles interesados” y “favoreció” a las dos mercantiles, “que obtuvieron “importantes beneficios como consecuencia” de un comportamiento acreditado como delito de prevaricación administrativa, según la sentencia.
La jueza, a tenor de la prueba practicada en juicio, concluye que el exalcalde socialista dictó en septiembre de 2008 una resolución de Alcaldía “arbitraria”, ya que lo hizo “bajo la aparente justificación de que el ayuntamiento contaba con medios propios para proceder a la ejecución de la obra”, lo que “se ha evidenciado que no era real”.
Añade que, “bajo dicha cobertura”, adjudicó la realización y el suministro de material a dos mercantiles y remarca que eso supuso “de facto la subcontratación”.
En definitiva, las beneficiarias de estas contrataciones irregulares fueron las empresas que el acusado en su condición de Alcalde decidió, con un perjuicio claro a la libre concurrencia”, según subraya la jueza, que añade que también derivó “en perjuicio” para la corporación ya que “tuvo que devolver la subvención obtenida” de la Junta debido a, “entre otras irregularidades”, la “falta de autorización previa de las subcontratas”.
La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación a la Audiencia Provincial, califica de “flagrante” la “ilegalidad” en el proceder de Cristóbal Fernández y apunta que no podía “ignorar” que lo era, como él alegó en juicio, dada su “experiencia”.
“Cuente o no con advertencia en este sentido por parte de los funcionarios del ayuntamiento, el acusado, que accedió a la Alcaldía en 2007, al tiempo de dictar la citada Resolución contaba con experiencia del funcionamiento de la administración local, por lo que quiebra el principio de presunción de inocencia”, remarca.
En el trámite de informes, la Fiscalía interesó ocho años de inhabilitación mientras que la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Carboneras que ahora preside su sobrino, José Luis Amérigo, se adhirió a lo solicitado por el Ministerio Público. La denuncia partió del exalcalde de Gicar, Salvador Hernández.
Cristóbal Fernández regresó a la política en 2007 después de apartarse tras ser inhabilitado durante seis meses por un delito electoral. Pudo hacerlo porque pocos días después de su renuncia para cumplir la pena el Consejo de Ministros le concedió el indulto. Como candidato por el PSOE, volvió a ganar las elecciones locales con mayoría absoluta.
