Se producirán 15.322 despidos y el Producto Interior Bruto de Almería, Murcia y Alicante disminuirá en 5.692 millones de euros al año. Son números aportados por el catedrático de Historia Económica Joaquín Melgarejo
ALMERÍA HOY / 22·04·2022
La inminente aprobación de un nuevo caudal ecológico para el Tajo a su paso por Aranjuez, significará una importante merma en los embalses de cabecera del río y, por tanto, en el agua a transferir al Segura. Elevar de 6 m3 a 8,65 m3 la corriente por el municipio toledano supondrá rebajar los recursos para el regadío con destino Alicante, Murcia y nuestra comarca de 200 Hm3 de media en los últimos años a sólo 73 en 2027. Poco más de la tercera parte.
En cuanto se conocieron las intenciones del Ministerio para la Transición Ecológica, comenzó a bullir un sentir generalizado entre las comunidades de regantes de la cuenca del Segura, entre ellas, siete del Levante almeriense. Todos coincidían en que será un golpe gigante a la economía de las tres provincias.
Ahora, un equipo dirigido por el catedrático de Historia Económica de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo Moreno, ha “puesto números” a esa “certeza etérea”.
Las cifras son demoledoras. En el nivel de riqueza, el Producto Interior Bruto (PIB) del sureste español mermará en 5.692 millones de euros. Equivale al 0,45% del de toda España. No en vano, esta zona produce el 71% de las exportaciones nacionales de hortalizas y el 25% de las frutales.
No menos catastróficos son los números relacionados con el empleo. Asegura Melgarejo que se producirán 15.322 despidos. Engrosarán las listas del paro “más personas de las que trabajan en la SEAT”. Para hacernos una idea, la factoría de Martorell cuenta con una plantilla de 11.070.
“¿DÓNDE ESTÁ YOLANDA DÍAZ?”
Al catedrático le gustaría oír la voz de la ministra de Trabajo ante las consecuencias para el empleo de esta decisión del Gobierno de España. “¿Qué pensaría si cerrara la SEAT o cualquier otra fábrica de coches?”, se pregunta Melgarejo que, hasta ahora, sólo ha escuchado a la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera abogando por el cierre del trasvase.
Mientras tanto, la única alternativa planteada a esta notable merma de recursos hídricos para el levante peninsular consiste en la desalación. Al historiador le resulta “muy chocante” que sea precisamente el Ministerio que se ocupa del medio ambiente el que aboque a tres provincias a obtener agua a base de una energía que “no es siempre limpia”. Precisa el experto que obtener agua del mar “multiplica por cuatro” el consumo eléctrico, desde 1kw/m3 que necesita el trasvase a 3,8 kw/m3 que cuesta desalar. Eso significa incrementar en la misma medida las emisiones de CO2 a la atmósfera. Por si fuera poco, hay que unir el “creciente coste” de la electricidad desde agosto de 2021.
El resultado es evidente. Por una parte, se somete a una “tremenda hipoteca energética” a tres provincias que cuentan, entre todas, con un “déficit de 400 Hm3” de recursos hídricos que se pretenden conseguir consumiendo una electricidad con la que no cuentan.
Por otro lado, el Ejecutivo central “lastra” la competitividad de los productores agrícolas de la cuenca del Segura. De momento, un decreto del ministro de Agricultura, Luis Planas, fija el precio del agua desalada para regadío en un máximo de 0,47 euros, “pero sólo hasta final de año –apostilla el catedrático-, después, ¿quién podrá producir con el agua a más de un euro, que cuesta desalar, y competir con Marruecos y Turquía?”. Supondrá “una vuelta atrás en la Historia” en una zona que pasó de ser fuente de emigración a generar riqueza y atraer a “gente de todo el mundo”.
Pero lo peor de todo, según el catedrático alicantino, es que “tanto perjuicio” en esta parte de España se producirá de manera “injustificada”, porque “ni siquiera beneficia a la cuenca cedente”.
DEBATE “IDEOLÓGICO”
Como otros técnicos independientes –incluyendo al mojaquero Francisco Javier Flores, quien fuera jefe de explotación del Tajo durante 16 años-, Melgarejo tiene claro que el debate es “ideológico” y parte de premisas que “no están respaldadas por datos”. Entiende que la falta de agua en el levante del país es un “problema gigante” que debe resolver el Gobierno de España “sin dejarse presionar” por ninguna comunidad autónoma.
Por último, el catedrático lamenta que la “inmensa” mayoría de los ciudadanos perciba que el “problema” del trasvase únicamente concierne a los agricultores, cuando afecta a “toda la estructura económica de toda el área, desde la peluquería a la tienda de cortinas, los bancos y concesionarios de coches”. Afecta, por tanto, a toda la sociedad, y no sólo a nivel económico, porque también depende del Tajo “el abastecimiento humano de más de dos millones de personas”.
No obstante, Melgarejo se siente “optimista” por la gente del campo. Han realizado un “esfuerzo extraordinario” de modernización hasta convertir su agricultura en “la más eficiente del mundo”. Pero no cree que la Administración de esta nación esté a “la misma altura”.
En cuanto se conocieron las intenciones del Ministerio para la Transición Ecológica, comenzó a bullir un sentir generalizado entre las comunidades de regantes de la cuenca del Segura, entre ellas, siete del Levante almeriense. Todos coincidían en que será un golpe gigante a la economía de las tres provincias.
Ahora, un equipo dirigido por el catedrático de Historia Económica de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo Moreno, ha “puesto números” a esa “certeza etérea”.
Las cifras son demoledoras. En el nivel de riqueza, el Producto Interior Bruto (PIB) del sureste español mermará en 5.692 millones de euros. Equivale al 0,45% del de toda España. No en vano, esta zona produce el 71% de las exportaciones nacionales de hortalizas y el 25% de las frutales.
No menos catastróficos son los números relacionados con el empleo. Asegura Melgarejo que se producirán 15.322 despidos. Engrosarán las listas del paro “más personas de las que trabajan en la SEAT”. Para hacernos una idea, la factoría de Martorell cuenta con una plantilla de 11.070.
“¿DÓNDE ESTÁ YOLANDA DÍAZ?”
Al catedrático le gustaría oír la voz de la ministra de Trabajo ante las consecuencias para el empleo de esta decisión del Gobierno de España. “¿Qué pensaría si cerrara la SEAT o cualquier otra fábrica de coches?”, se pregunta Melgarejo que, hasta ahora, sólo ha escuchado a la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera abogando por el cierre del trasvase.
Mientras tanto, la única alternativa planteada a esta notable merma de recursos hídricos para el levante peninsular consiste en la desalación. Al historiador le resulta “muy chocante” que sea precisamente el Ministerio que se ocupa del medio ambiente el que aboque a tres provincias a obtener agua a base de una energía que “no es siempre limpia”. Precisa el experto que obtener agua del mar “multiplica por cuatro” el consumo eléctrico, desde 1kw/m3 que necesita el trasvase a 3,8 kw/m3 que cuesta desalar. Eso significa incrementar en la misma medida las emisiones de CO2 a la atmósfera. Por si fuera poco, hay que unir el “creciente coste” de la electricidad desde agosto de 2021.
El resultado es evidente. Por una parte, se somete a una “tremenda hipoteca energética” a tres provincias que cuentan, entre todas, con un “déficit de 400 Hm3” de recursos hídricos que se pretenden conseguir consumiendo una electricidad con la que no cuentan.
Por otro lado, el Ejecutivo central “lastra” la competitividad de los productores agrícolas de la cuenca del Segura. De momento, un decreto del ministro de Agricultura, Luis Planas, fija el precio del agua desalada para regadío en un máximo de 0,47 euros, “pero sólo hasta final de año –apostilla el catedrático-, después, ¿quién podrá producir con el agua a más de un euro, que cuesta desalar, y competir con Marruecos y Turquía?”. Supondrá “una vuelta atrás en la Historia” en una zona que pasó de ser fuente de emigración a generar riqueza y atraer a “gente de todo el mundo”.
Pero lo peor de todo, según el catedrático alicantino, es que “tanto perjuicio” en esta parte de España se producirá de manera “injustificada”, porque “ni siquiera beneficia a la cuenca cedente”.
DEBATE “IDEOLÓGICO”
Como otros técnicos independientes –incluyendo al mojaquero Francisco Javier Flores, quien fuera jefe de explotación del Tajo durante 16 años-, Melgarejo tiene claro que el debate es “ideológico” y parte de premisas que “no están respaldadas por datos”. Entiende que la falta de agua en el levante del país es un “problema gigante” que debe resolver el Gobierno de España “sin dejarse presionar” por ninguna comunidad autónoma.
Por último, el catedrático lamenta que la “inmensa” mayoría de los ciudadanos perciba que el “problema” del trasvase únicamente concierne a los agricultores, cuando afecta a “toda la estructura económica de toda el área, desde la peluquería a la tienda de cortinas, los bancos y concesionarios de coches”. Afecta, por tanto, a toda la sociedad, y no sólo a nivel económico, porque también depende del Tajo “el abastecimiento humano de más de dos millones de personas”.
No obstante, Melgarejo se siente “optimista” por la gente del campo. Han realizado un “esfuerzo extraordinario” de modernización hasta convertir su agricultura en “la más eficiente del mundo”. Pero no cree que la Administración de esta nación esté a “la misma altura”.
