El fiscal pide año y medio de cárcel para Antonio Segura

Le acusa de un presunto tráfico ilegal con agua. También reclama que se declare a la SAT Climasol responsable subsidiaria. Segura tiene “antecedentes penales” recientes



ALMERÍA HOY / 26·04·2022

Comienza un nuevo capítulo en el caso abierto contra Antonio Segura y su socio Francisco Montoya, por un presunto tráfico ilegal y masivo de agua. Sin destripar el desenlace, se ha iniciado la cuenta atrás para que el abogado veratense se siente en el banquillo para ser juzgado.

El fiscal es partidario de ello. En su escrito de acusación –al que ha tenido acceso ACTUALIDAD ALMANZORA-, ha solicitado la “apertura de juicio oral” contra Segura; su socio Francisco Montoya; y el empresario Fulgencio Marín Bravo, quien compraba a Montoya agua del pozo de la Terrera, en Overa. También pide el procesamiento de UEPA SAT –compañía de Montoya-, Agropecuarias Integradas SL -la mercantil de Fulgencio Marín-, y la SAT Climasol, comunidad de regantes de Vera presidida por Antonio Segura. Para el fiscal, las citadas sociedades son “responsables civiles subsidiarias” por los hechos punibles presuntamente cometidos por sus tres dirigentes.

A Segura, Montoya y Marín el Ministerio Público les acusa de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por el que interesa “un año y medio de prisión” para cada uno de ellos, 7.200 euros de multa e indemnizar “conjunta y solidariamente” a la Junta de Andalucía con 343.249,92 euros “por el daño producido al dominio público hidráulico”.

La petición cobra especial relevancia en el caso del conocido abogado veratense porque, según revela el escrito del fiscal, cuenta “con antecedentes penales posteriores” a los hechos investigados, lo que podría convertir en inevitable su ingreso en prisión si así lo determina en última instancia el tribunal.

LA TRAMA

Todo partió de una denuncia registrada hace ya dos años -el 11 de febrero de 2020- por Rafael Salinas, propietario de una finca en Overa, quien se sentía perjudicado por la “masiva” explotación de un pozo perforado en la colindante finca de la Terrera, que habría esquilmado el acuífero. Llegó a indicar la extracción de “285 litros por segundo” cuando sólo tenía permiso para sacar “4 l/sg”. Los cálculos del denunciante significaban cerca de 9 Hm3 aforados, con unos probables ingresos de 5 millones de euros para Segura y su socio, porque el agua para riego se pagaba entonces en la comarca a “0,60 euros/m3”.

Salinas acudió al fiscal convencido de que la alta salinidad que había llegado a alcanzar el agua de su pozo era consecuencia del enorme caudal extraído por el vecino.

No sospechaba lo que la investigación habría de revelar. De acuerdo a las conclusiones del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), el pozo denunciado no sólo carecía de autorización, sino que fue excavado en terrenos de dominio público propiedad de la Junta de Andalucía. Las pesquisas de los agentes desvelaron que la SAT Climasol pagaba los gastos de explotación del sondeo –tanto electricidad como personal-, sin embargo, el agua la facturaba la empresa del socio de Antonio Segura, quedando para la comunidad de regantes veratense el aprovechamiento de “los sobrantes”. ¿A cuanto ascendían esos sobrantes? Segura no fue capaz o no le interesó contarlo al juez.

Pero volvamos al escrito de acusación. El fiscal mantiene que la empresa de Montoya disponía de la Finca de la Terrera en concepto de alquiler, y la “subarrendó” a la compañía representada por Fulgencio Marín.

Simultáneamente, los tres acusados “pactaron” que el agua para regar esas tierras “sería proporcionada por la SAT Climasol”, presidida por Antonio Segura, quien mantenía a titulo privado “vínculos empresariales” con Francisco Montoya. El suministro hídrico, según “se hacía constar en el contrato” de alquiler, procedería del pozo de la Terrera, a pesar de que Segura, Montoya y Marín “conocían” que carecía de autorización.

El Ministerio Público insiste en su escrito que, “de común acuerdo”, los investigados extrajeron “aguas subterráneas entre el 30 de noviembre de 2017 y el 3 de mayo de 2019 sin disponer” de permiso o “concesión”.

Durante ese periodo llegaron a aforar, a tenor del informe aportado por técnicos de Medio Ambiente, “1.761.037 m3”, lo que supone “entre el 20% y el 27% del volumen total disponible” en la cubeta de Overa. Refrenda el fiscal que la cantidad extraída causó “un perjuicio al dominio público hidráulico” cifrado en “343.249,92 euros”. La cantidad no es especialmente abultada a pesar de los importantes volúmenes manejados. Veamos por qué. Una simple división desvela que el perito de Medio Ambiente tasó el metro cúbico de agua para riego en 0,19 euros, muy lejos de los 0,50 que aparecen como precio de venta en facturas aportadas a la investigación por la empresa de Marín a requerimiento del SEPRONA. Es evidente que multiplicar por 0,19 céntimos da una cifra, y si se multiplica por 0,50, otra bien distinta.

DAÑO MEDIOAMBIENTAL

Pero más allá del “perjuicio” económico, el escrito de acusación destaca que, por medio del pozo de la Finca la Terrera, se accede a una masa de agua que ya se encontraba en “mal estado cuantitativo” o, lo que es lo mismo, la cubeta de Overa estaba más vacía que llena.

Debido a esa circunstancia, la “extracción ilegal” afectó “severamente” al acuífero, causando “perjuicios significativos” a los ecosistemas de la zona al rebajar la cantidad de agua embalsada y elevar la “salinización” de la restante.

A modo de conclusión, el fiscal comunica al juez que los hechos que imputa a Antonio Segura, Francisco Montoya y Fulgencio Marín constituyen “un delito contra el medio ambiente” tipificado en el Código Penal, cuya “responsabilidad criminal” atribuye a los tres citados.

En consecuencia, el Ministerio Público entiende que procede “imponer” a cada uno de los acusados la pena de “un año y seis meses de prisión”, además de “inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo [a ser elegido]” y a desarrollar cualquier actividad relacionada con la agricultura durante el tiempo que dure la condena, así como a pagar las costas judiciales y una multa de 7.200 euros.

Finalmente, en el caso de ser condenados, los acusados deberán “indemnizar” con “343.249,92 euros” a la Junta de Andalucía por el daño producido al dominio público hidráulico, con independencia de lo que deban resarcir por los perjuicios que “hayan podido ocasionar” a terceros. Ambas compensaciones podrían acabar siendo pagadas por los socios de la SAT Climasol, total o parcialmente, si la sentencia los considera culpables y se declaran insolventes.

De momento, el denunciante Rafael Salinas ha encargado la tasación de los daños causados por la salinización de su pozo.

En cualquier caso, poco a poco se avanza hacia el desenlace de un asunto “de especial gravedad” en una zona como la nuestra, “con muchas limitaciones de agua”, en palabras vertidas por el propio Antonio Segura. Las pronunció cuando amenazó con hacer lo posible para cortar la “financiación” a RADIO ACTUALIDAD y ACTUALIDAD ALMANZORA por “dar pábulo a [esta clase de] noticias falsas”.

De momento, tanto el fiscal como el propio juez titular del número 1 de Huércal Overa, han observado “indicios bastantes” de la comisión de un delito penado con cárcel.