José María López Cervilla, María de los Ángeles Pérez, Pilar Fernández y Ana María Linares aspiran a sustituirle
ALMERÍA HOY / 14·03·2022
El fiscal jefe de Almería, Antonio Pérez Gallegos, ha renunciado a concurrir en el proceso para ser reelegido en el puesto al que ya aspiran oficialmente los candidatos José María López Cervilla, María de los Ángeles Pérez, Pilar Fernández y Ana María Linares, de entre quienes el Consejo Fiscal se pronunciará entre los días 23 y 24 de este mes para que la fiscal general del Estado eleve una propuesta al Consejo de Ministros para su nombramiento.
Pérez Gallegos ha asegurado que su decisión, tras más de diez años al frente de la Fiscalía Provincial de Almería, obedece a que ya se ha «cumplido un ciclo» que se ha visto marcado en su recta final por la pandemia de covid-19. «Ha sido un trabajo muy duro y con mucha presión durante los dos últimos años», ha explicado en declaraciones a Europa Press.
El jefe de la Fiscalía Provincial, que permanecerá en Almería una vez sea relevado en su puesto a lo largo del próximo mes de abril, cree que el relevo va a ser positivo. «Es lo mejor para mí y para todos los compañeros, vendrá bien una renovación», ha afirmado antes de destacar el equipo «de lujo» de fiscales «comprometidos, responsables y trabajadores» con el que cuenta el órgano.
«Ha sido muy cómodo coordinar este grupo de fiscales. Muy fácil. La gestión y coordinación de la Fiscalía es un lujo aquí y va a seguir siéndolo para el que llegue», ha estimado Pérez Gallegos, quien también ha alabado el trabajo realizado por los funcionarios para sacar adelante los asuntos procesales a pesar de contar con una plantilla «muy reducida».
El fiscal jefe ha observado así que, frente a otras provincias «de interior», Almería es una circunscripción que «no para de crecer» y que se ha visto marcada por la «delincuencia organizada», especialmente ligada al tráfico de estupefacientes así como al de personas a través de la inmigración irregular. «Se considera una provincia menor cuando no lo es», ha advertido.
Con ello, confía en que a lo largo de los próximos años pueda estar «mejor dotada», no solo en cuanto a fiscales sino mediante el aumento de efectivos en las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o en las inspecciones de distintos departamentos.
Para Pérez Gallegos, la llegada de la pandemia ha supuesto un auténtico reto al frente de la Fiscalía donde han llegado a producirse bajas simultáneas de hasta seis fiscales a causa de covid-19, por lo que se ha tenido que adoptar decisiones para garantizar la asistencia a juicios y la cobertura de guardias, entre otros cometidos dentro de una Administración de Justicia en el que el trabajo telemático «está muy lejos todavía». «Fue durísimo y siempre con el miedo de si podía haber más contagios», ha recordado.
Así, ha valorado el trabajo realizado durante estos años en los que se han afrontado casos de gran complejidad, entre ellos, el caso Poniente sobre la presunta trama de corrupción política y empresarial de El Ejido, cuyo juicio finalizó el pasado mes de julio y aún está pendiente de sentencia. En esta línea, ha tenido un recuerdo especial para el fiscal anticorrupción del caso, Jesús Gázquez, quien falleció una vez iniciada la vista.
En el mismo sentido, ha destacado la intervención de la Fiscalía para esclarecer otros casos como ‘Costurero’, una macrocausa de corrupción urbanística que afectó principalmente al Ayuntamiento de Zurgena, o el caso ‘Facturas’ de la Diputación de Almería sobre la financiación de viajes y desvío de fondos de la institución provincial que derivó en el ingreso en prisión del exvicepresidente Luis Pérez Montoya, entre otros.
Junto a estos procedimientos se han producido otros casos «de jurados muy complicados» que han llevado a Almería a tener uno de los mayores porcentajes de España con sentencias de prisión permanente revisable, entre ellos el crimen machista cometido por Francisco Salvador S.G. en Huércal de Almería y el del asesinato del pequeño Gabriel cometido por Ana Julia Quezada, junto con otros dos en los que los acusados acabaron con la vida de sus hijos, lo que supuso la condena a Ana María B. y Ioel M.
Pérez Gallegos ha asegurado que su decisión, tras más de diez años al frente de la Fiscalía Provincial de Almería, obedece a que ya se ha «cumplido un ciclo» que se ha visto marcado en su recta final por la pandemia de covid-19. «Ha sido un trabajo muy duro y con mucha presión durante los dos últimos años», ha explicado en declaraciones a Europa Press.
El jefe de la Fiscalía Provincial, que permanecerá en Almería una vez sea relevado en su puesto a lo largo del próximo mes de abril, cree que el relevo va a ser positivo. «Es lo mejor para mí y para todos los compañeros, vendrá bien una renovación», ha afirmado antes de destacar el equipo «de lujo» de fiscales «comprometidos, responsables y trabajadores» con el que cuenta el órgano.
«Ha sido muy cómodo coordinar este grupo de fiscales. Muy fácil. La gestión y coordinación de la Fiscalía es un lujo aquí y va a seguir siéndolo para el que llegue», ha estimado Pérez Gallegos, quien también ha alabado el trabajo realizado por los funcionarios para sacar adelante los asuntos procesales a pesar de contar con una plantilla «muy reducida».
El fiscal jefe ha observado así que, frente a otras provincias «de interior», Almería es una circunscripción que «no para de crecer» y que se ha visto marcada por la «delincuencia organizada», especialmente ligada al tráfico de estupefacientes así como al de personas a través de la inmigración irregular. «Se considera una provincia menor cuando no lo es», ha advertido.
Con ello, confía en que a lo largo de los próximos años pueda estar «mejor dotada», no solo en cuanto a fiscales sino mediante el aumento de efectivos en las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o en las inspecciones de distintos departamentos.
Para Pérez Gallegos, la llegada de la pandemia ha supuesto un auténtico reto al frente de la Fiscalía donde han llegado a producirse bajas simultáneas de hasta seis fiscales a causa de covid-19, por lo que se ha tenido que adoptar decisiones para garantizar la asistencia a juicios y la cobertura de guardias, entre otros cometidos dentro de una Administración de Justicia en el que el trabajo telemático «está muy lejos todavía». «Fue durísimo y siempre con el miedo de si podía haber más contagios», ha recordado.
Así, ha valorado el trabajo realizado durante estos años en los que se han afrontado casos de gran complejidad, entre ellos, el caso Poniente sobre la presunta trama de corrupción política y empresarial de El Ejido, cuyo juicio finalizó el pasado mes de julio y aún está pendiente de sentencia. En esta línea, ha tenido un recuerdo especial para el fiscal anticorrupción del caso, Jesús Gázquez, quien falleció una vez iniciada la vista.
En el mismo sentido, ha destacado la intervención de la Fiscalía para esclarecer otros casos como ‘Costurero’, una macrocausa de corrupción urbanística que afectó principalmente al Ayuntamiento de Zurgena, o el caso ‘Facturas’ de la Diputación de Almería sobre la financiación de viajes y desvío de fondos de la institución provincial que derivó en el ingreso en prisión del exvicepresidente Luis Pérez Montoya, entre otros.
Junto a estos procedimientos se han producido otros casos «de jurados muy complicados» que han llevado a Almería a tener uno de los mayores porcentajes de España con sentencias de prisión permanente revisable, entre ellos el crimen machista cometido por Francisco Salvador S.G. en Huércal de Almería y el del asesinato del pequeño Gabriel cometido por Ana Julia Quezada, junto con otros dos en los que los acusados acabaron con la vida de sus hijos, lo que supuso la condena a Ana María B. y Ioel M.
